El Partido Popular del País Vasco está registrando estos días una batería de solicitudes de información en las principales instituciones (Parlamento, Juntas Generales y principales ayuntamientos) para tratar de conocer si la supuesta trama Koldo-Ábalos-Cerdán y sus supuestas acciones corruptas (chantaje y mordidas) se dieron también en el País Vasco.

El parlamentario popular en la Cámara vasca, Santiago López, señala que en los últimos días se ha hecho público un extenso trabajo de investigación por parte de distintos medios de comunicación en base al informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil “en el que se detallan prácticas corruptas del que fuera ministro José Luis Ábalos, su ex asesor, Koldo García, y el ya ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán”.

“En él, prosigue López, se recogen la presunta implicación de un gran número de empresas que supuestamente habrían sido beneficiadas por adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones ilegales. Se habla del empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola, de las sociedades por él participadas, así como de las posibles adjudicaciones irregulares a empresas vinculadas a la trama Koldo y en especial a la empresa Acciona”.

“Más aún, el informe, subraya el parlamentario popular, recoge declaraciones de los investigados en las que se menciona que “el tema de don Antxon entró por varias empresas del País Vasco” lo que apunta a una posible implicación de sociedades vascas en el esquema de favores, comisiones y adjudicaciones bajo sospecha.”

“Precisamente para despejar esas sospechas, apunta López, resulta urgente y necesario esclarecer si el gobierno vasco ha suscrito contratos con empresas implicadas en la investigación y si dichos contratos han sido objeto de requerimientos o investigaciones por parte de los tribunales, la UCO o cualquier otro cuerpo de seguridad.”

Dado el posible alcance de esta red societaria y la gravedad de las sospechas conocidas se considera fundamental conocer “si ha existido contratación por parte del gobierno vasco, ya sea mediante contratos menores o procedimientos ordinarios, con alguna de estas entidades, así como el detalle de dichas relaciones contractuales, de existir”.

“Esta información resulta imprescindible, insiste Santiago López, para conocer si la trama tuvo algún alcance o incidencia directa en Euskadi, tanto a través de contratos públicos adjudicados por el gobierno vasco o sus entidades instrumentales a las citadas empresas, como su participación en proyectos en el territorio”.