La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (LOANCat) es, sin duda, uno de los fallos más trascendentales de nuestra historia reciente. Lo es no solo por su contenido, sino por lo que revela: una visión de la Constitución como texto maleable a conveniencia del legislador, siempre que éste sea "progresista", desprovisto de límites sustanciales. La decisión del TC es jurídicamente articulada, sí, pero políticamente cuestionable y éticamente inquietante.

El Tribunal parte de una premisa que, en apariencia, parece razonable: el silencio constitucional no equivale a prohibición. Dado que la Carta Magna no menciona expresamente la amnistía, no cabe entender que esté vedada. Esta tesis, sin embargo, encierra un riesgo enorme: aceptar que todo lo que la Constitución no prohíbe explícitamente es legalizable. Pero el Derecho, como bien saben los juristas y los ciudadanos con sentido común, no funciona como una lista de pecados; funciona como un sistema de principios. La Constitución tampoco menciona el canibalismo, ni el apartheid, ni la esclavitud digital, y sin embargo nadie defendería su legalización basándose en esa omisión.

El Tribunal podría haber argumentado, como han hecho otros tribunales en democracias consolidadas, que la existencia de ciertos principios fundamentales –como la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica o la integridad del orden constitucional– impone límites implícitos al legislador. Pero no lo ha hecho. Ha preferido replegarse en su vergonzosa sumisión al Gobierno socialista, resignarse a un papel de notario de la voluntad política de las mayorías parlamentarias, siempre que estas envuelvan su acción en la retórica de la reconciliación y la excepción histórica.

Y sin embargo, incluso el propio TC ha tenido que introducir correctivos importantes. Ha declarado inconstitucional el artículo 1.1 por excluir injustificadamente de la amnistía a quienes se opusieron al procés. También ha anulado el intento –burdo y peligroso– de extender la amnistía a delitos aún no cometidos. Y ha recordado que no se puede excluir a las partes personadas en el Tribunal de Cuentas. Pero estas correcciones no borran el hecho esencial: el TC ha avalado una ley nacida de un acuerdo político vergonzoso, indigno y utilitarista, cuyo objetivo no es la reconciliación nacional sino la supervivencia parlamentaria del Gobierno de extrema izquierda del tirano Pedro Sánchez.

La Constitución española de 1978 no es solo un texto legal. Es el pacto fundacional de la democracia española. La LOANCat no se presenta como un fruto del consenso nacional, sino como una concesión negociada entre partidos que participaron activamente en el intento de subvertir el orden constitucional. En este contexto, lo mínimo que se le podía exigir al Tribunal Constitucional era una defensa firme de la legalidad sustancial, más allá del formalismo textual.
Lo que la sociedad esperaba era claridad. Lo que ha recibido es una justificación ambigua de una medida que divide profundamente a los españoles, que deslegitima el principio de igualdad ante la ley, y que abre la puerta a futuros episodios de chantaje político, amparados en la idea de que el fin (la “normalización”) justifica los medios (la impunidad selectiva).

La sentencia del TC no es una resolución técnica más. Es un pronunciamiento indigno e inmoral que redefinirá los márgenes de lo constitucionalmente posible en España. Y es precisamente por eso que su ambigüedad, su deferencia extrema al legislador y su renuncia a ejercer un control profundo del poder son tan graves. Porque cuando el órgano encargado de custodiar la Constitución se convierte en su intérprete indulgente, el riesgo no es solo jurídico. Es político. Y sobre todo, es una vergüenza ética, polírica y jurídica. Una más.