Guillermo Rocafort es un escritor español con más de veinte libros publicados en los campos de la historia, el derecho y la economía. Licenciado en Derecho y en Empresariales, doctor en Economía y acreditado como investigador en Humanidades, ha ejercido la docencia universitaria en España y en el extranjero en materias como Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Periodismo.

Ha sido Caballero Legionario del Tercio Gran Capitñán, 1º de la Legión,  y ha recibido varias distinciones castrenses y patrióticas, como la de Caballero Legionario Paracaidista Almogávar de Honor. 

Es reconocido como el mayor experto actual en el fenómeno histórico de los almogávares, tema que investiga desde hace décadas y sobre el que ha impartido numerosas conferencias en destacados foros militares.

Ahora, Guillermo Rocafort ha elaborado una exhaustiva investigación, a la que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco, sobre la relación del PSOE con lo que el autor denomina como “la trama mafiosa de los hidrocarburos”

El trabajo de Rocafort destapa lo que podría constituir uno de los mayores escándalos económicos y políticos de la historia reciente de España: una presunta macrotrama de fraude en el sector de los hidrocarburos que habría servido para financiar lujos inmobiliarios, coches de alta gama y toda una vida de privilegios para oligarcas vinculados al PSOE y su círculo más íntimo, incluido el propio entorno familiar y político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Presutamente se trataría, según Rocafort, de un auténtico entramado criminal que se extiende por España, Portugal, Gibraltar y Luxemburgo, y que cuenta con ramificaciones que alcanzan incluso a proxenetas venezolanos y a sociedades implicadas en el saqueo de la petrolera estatal PDVSA.

La investigación describe lo que podría ser un sistema perfectamente estructurado para burlar al fisco español, asentado en cuatro niveles:

1. Importadoras, como CHL (hoy Exolum), controladas por fondos de inversión, que distribuyen grandes volúmenes de hidrocarburos.

2. Operadores mayoristas, como Gaslow y Villafuel, que obtuvieron licencias del Ministerio de Transición Ecológica pese a no cumplir los requisitos legales mínimos, según detalla la Guardia Civil.

3. Operadores minoristas o “subcuentas”, que ejecutan el fraude al cobrar el IVA a las estaciones de servicio, pero no ingresarlo jamás en Hacienda. Es ahí donde se produce el desfalco masivo.

4. Gasolineras, que venden el producto a un precio entre un 8% y un 10% más bajo, generando una competencia desleal frente a quienes sí cumplen la ley.

Uno de los puntos más sensibles del informe de Rocafort son las licencias de hidrocarburos otorgadas de forma presuntamente irregular por el Ministerio de Teresa Ribera, que habrían permitido a empresas sin el capital mínimo exigido (3 millones de euros) operar en el mercado.

Según un informe de la Guardia Civil incluido en la investigación (Atestado 209/2024), la concesión de estas licencias ilegales habría facilitado un fraude fiscal cercano a 200 millones de euros solo entre 2022 y 2024, afectando directamente a las arcas públicas.

Los Corvillo: del asiento del chófer a los consejos de administración

El epicentro del escándalo gira presuntamente en torno a los hermanos Cristian y Rubén Corvillo, cordobeses, militantes socialistas y estrechamente ligados a Pedro Sánchez. Cristian fue su chófer personal durante las primarias de 2017. Poco después de la llegada de Sánchez a la Moncloa, ambos constituyeron Corvillo Energy S.L., que en apenas meses se integró en el accionariado de holdings clave como MTM 180 Capital SL y Fertinvest Consulting SL, usados posiblemente para gestionar las comisiones y desviar activos.

El informe de Rocafort revela cómo la sociedad de los Corvillo adquirió en subasta por apenas 357.000 euros un chalet en Sotogrande, embargado por deudas fiscales de la trama, mientras la Agencia Tributaria dejó de ingresar 1,4 millones correspondientes. Este esquema se repitió con varios inmuebles en La Moraleja y Sotogrande, algunos transferidos a sociedades portuguesas como Atmosferaudaz Lda, controladas por los mismos testaferros.

El exministro José Luis Ábalos figura reiteradamente en los informes policiales. Desde el famoso chalet en La Alcaidesa, comprado a través de la sociedad Have Got Time SL vinculada a la trama, hasta la financiación irregular de reformas en un piso de lujo en el Paseo de la Castellana. Según una exempleada de Aldama (cabecilla empresarial), el dinero del fraude del IVA fue usado para sufragar esas obras.

El documento de Rocafort cita conversaciones interceptadas por la Policía donde Ábalos, Koldo García e incluso Cristian Corvillo coordinan reuniones en Andalucía y Canarias, con pagos en metálico de gastos de hoteles de cinco estrellas y planes para montar una nueva refinería en las islas.

La investigación detalla cómo, tras cobrarse el IVA de las ventas, el dinero era desviado a sociedades portuguesas o a holdings en Luxemburgo, en lo que Rocafort califica como un claro caso de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Por ejemplo, Obaoil 3000 SL, domiciliada en Córdoba, compartía administrador único con Cálculo Corrente Lda en Portugal. En solo unas semanas, Salamanca Fuel Center SL transfirió 35 millones a cuentas portuguesas, mientras Villafuel canalizaba otros 13 millones a través de la misma red.

El documento menciona incluso que bancos del IBEX-35 habrían facilitado líneas de financiación a estas operadoras pese a sus enormes riesgos fiscales. Aparecen también conexiones con proxenetas venezolanos usados como testaferros en Portugal, y el escándalo salpica a la CNMC y a los ministerios de Economía e Industria por presuntos avales Covid otorgados a compañías en concurso de acreedores que ya acumulaban millonarias deudas con Hacienda.

Quizá lo más inquietante del informe de Guillermo Rocafort sea la reiterada referencia a la pasividad, cuando no complicidad, de la Fiscalía y la Audiencia Nacional. En su opinión, jueces como Santiago Pedraz habrían mantenido, presuntamente, el secreto de sumario de piezas claves durante más de tres años, lo que en la práctica habría blindado a los principales implicados y permitido que continuaran operando o trasladaran activos al extranjero.

«El fraude de los hidrocarburos es un proceso que no para jamás», subraya Rocafort en su investigación. La trama, dice, «no sólo se enriquece defraudando el IVA y los impuestos especiales, sino que ha creado un circuito para nutrir de inmuebles de lujo, coches de alta gama y un nivel de vida obsceno a una élite ligada al PSOE».