Si no hubiera sido porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado este año 2025 como el del 50 aniversario de la muerte de Franco, con el objetivo de celebrar a lo largo del mismo hasta cien actos contra el franquismo, no hubiéramos reparado en absoluto en lo que ocurrió el pasado 24 de junio, cuando salió en el Boletín Oficial del Estado la concesión a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España entre 2004 y 2011, de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort: “En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José Luis Rodríguez Zapatero, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2025, vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort”.

En virtud de la concesión de esta condecoración, a partir de ahora al expresidente Zapatero, quien, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, ha asumido la misión de negociar con Puigdemont la continuidad de la legislatura, habrá que tratarle de Excelencia.

Y la propuesta de la condecoración ha sido del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero el inspirador de la concesión, no hay ni que decirlo siquiera, es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno que nombró a Félix Bolaños.                                                                                                                                                                                 

Se trata de una condecoración, la de San Raimundo de Peñafort, que ha sido concedida a juristas prestigiosos durante todos estos años de democracia en España. Yendo hacia atrás en el tiempo, desde las últimas concedidas hasta 1975, encontramos condecorados tan reconocidos como: Francesc de Carreras, Óscar Alzaga, Juan José Solozábal, Soledad Becerril, Miquel Roca, Manuel Aragón, Tomás Ramón Fernández, Santiago Muñoz Machado, José Pedro Pérez-Llorca, Eduardo Torres Dulce, Alberto Ruiz-Gallardón, Margarita Robles, Margarita Uría, María Emilia Casas, Pedro Cruz Villalón, Manuel Jiménez de Parga, Cándido Conde-Pumpido, Carlos Granados, Francisco Rubio Llorente, Manuel Marchena, Carlos Lesmes, Francisco Caamaño, José Jiménez Villarejo, Jordi Jané, Juan Fernando López Aguilar, Ángel Acebes, José María Michavila, Rafael Catalá, José Manuel Romay Beccaría, Juan Alberto Belloch, Manuel Olivencia, Félix Pastor Ridruejo, Eduardo García de Enterría, Margarita Mariscal de Gante, Manuela Carmena, Francisco Javier Sauquillo, José María Lidón, Manuel Clavero, Antonio Beristáin, Luis Portero, José María Gil-Robles, Pascual Sala, José Antonio Zarzalejos Altares, Ignacio Astarloa, Francisco Javier Gómez de Liaño, Federico Trillo, Xabier Albistur, Francisco Tomás y Valiente, Diego López Garrido, Lorenzo Olarte, Tomás de la Quadra-Salcedo, Enrique Múgica, Carlos Ollero, Cristina Alberdi, Adrián Celaya, José Prat, Javier Moscoso, Fernando Ledesma, Iñigo Cavero, Laureano López Rodó, Enrique de la Mata, Gregorio Peces-Barba, José María Ruiz Gallardón, Landelino Lavilla, José Federico de Carvajal, Rodolfo Martín Villa, Manuel García Pelayo, Antonio Jiménez Blanco, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Joaquín Calvo Sotelo.

No se trata de una lista exhaustiva ni mucho menos, sino que he ido entresacando de la lista de premiados los más conocidos quizás, por tratarse de ministros del Gobierno de España, tanto socialistas como populares, así como miembros de las minorías vasca y catalana en las Cortes, o jurisconsultos y catedráticos de derecho de reconocido prestigio, entre los que incluso hay algún asesinado por ETA.

Ya digo, por eso, que esta condecoración tiene todo el sentido y ha sido otorgada en democracia del mismo modo que se otorgó durante la dictadura franquista, desde que fue creada en 1944.

Visto en perspectiva de galardonados, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero es la excepción. Nunca se había concedido esta condecoración a un presidente o expresidente del Gobierno y tampoco se trata de un jurista de reconocido prestigio ni es miembro conspicuo de la carrera judicial ni es jurisconsulto afamado. En realidad, la condecoración se le concede por favorecer los derechos de las personas LGTBI y, concretamente, porque hace veinte años fue uno de los impulsores, quizás el principal, como presidente del Gobierno, de la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo.

Pero lo que más llama la atención en la concesión de esta condecoración son las personalidades del que galardona y del galardonado, así como el contexto de conflicto entre el poder judicial y el ejecutivo en que se produce y, sobre todo, el hecho de encontrarnos en 2025 con una campaña desatada desde el gobierno para recordar una vez más lo malo que fue el franquismo. Porque el gobierno de Pedro Sánchez, tan celoso sostenedor de la memoria histórica, rebautizada ahora como memoria democrática (según la cual las únicas víctimas políticas que le corresponde defender a la democracia actual son las ocasionadas por el franquismo, haciendo abstracción de las víctimas políticas provocadas por la Segunda República, al considerar que dichas víctimas ya fueron resarcidas por el régimen franquista), ha venido a conceder una condecoración de claro e irrefutable origen franquista.

Y es que de lo que se trata, por parte tanto de Sánchez como de Zapatero, es de depurar todos los vestigios que puedan recordar cualquier uso, costumbre o práctica política procedente del régimen franquista, tales como estatuas, nombres de calles, monolitos, frontispicios, escudos, placas conmemorativas o recuerdos de cualquier tipo, máxime en un año como este de 2025 para el que se ha programado un centenar de actividades de memoria antifranquista, con el objetivo premeditado de seguir cavando la fosa entre españoles en función de que estuvieran o no en su día en contra del régimen de Franco o simplemente porque vivieran en aquel régimen y solo se preocuparan de ganarse la vida lo más decentemente posible, intentando olvidar la guerra cruel y fratricida que lo había precedido.

Si no hubiera habido tan declarado empeño gubernamental en atizar la llama del antifranquismo, no habríamos tenido que reparar en nada de esto ni plantearnos escribir este artículo siquiera. Los galardonados con la condecoración de San Raimundo de Peñafort son gente meritoria, de uno u otro signo político, pero que responden al ámbito de la justicia en España, hoy en democracia, ayer en dictadura: dos tiempos políticos distintos derivados de una convulsa historia patria. Porque el franquismo es un periodo político más de la historia de España, con sus propias peculiaridades, pero tan histórico cualquier otro y del que, naturalmente, proceden vestigios, costumbres y formas que continúan hasta hoy, como por ejemplo la concesión de esta Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a las personalidades relevantes del ámbito de la justicia.

Pero para este gobierno lo único que cuenta es si estás a favor o en contra de la llamada mayoría progresista que lo sostiene, formada ahora por un PSOE capitidisminuido y horadado por la corrupción, una izquierda atribulada y el conjunto de nacionalistas de toda procedencia y pelaje ideológico, que son los que realmente no van a dejar nunca caer a Pedro Sánchez, por todo lo que les beneficia un presidente completamente amortizado y ya sin ningún capital político.

Pedro Sánchez ha venido trabajando, desde que accediera a la presidencia del gobierno en 2018, en identificar a sus partidarios como antifranquistas y a sus oponentes como franquistas. Esta labor de trinchera y de división social ya comenzó con la llamada ley de memoria histórica aprobada en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, a la que ahora se le ha dado una vuelta más de extremismo con la aprobación de la llamada ley de memoria democrática por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022, que ha proporcionado espectáculos tan lamentables como el traslado en helicóptero, transmitido en directo por televisión para todo el país, del ataúd de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio (Madrid).

Por lo tanto, una condecoración como la de la Orden de San Raimundo de Peñafort, habiendo sido concedida desde el inicio de la Transición democrática hasta hoy mismo a personas de reconocido prestigio, no puede ocultar de ninguna de las maneras su propio origen. Se trata de una condecoración en origen franquista o, dicho de otro modo, creada por Francisco Franco en 1944, cuando se instituyó por primera vez.

Basta con acudir al Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 1944 para encontrar el decreto de su creación firmado por el propio Francisco Franco y que dice: “DECRETO de 23 de enero de 1944 por el que se crea la Cruz de San Raimundo de Peñafort para premiar el mérito a la Justicia. La grandeza de los pueblos se mide tanto por la heroica virtud de sus hijos como por el fulgente esplendor de la Justicia. Las Armas y las Leyes son los dos grandes protagonistas de la universal historia, hasta el punto de no lograr ésta ninguna de sus formas civilizadoras sin el supremo acorde de estas altas facetas del espíritu humano, desarrollándose bajo el palio espiritual de la Religión, que las engarza con Dios, supremo manantial de vida y único camino de redención. Nunca deja de ser la hora de las Armas y de las Leyes, porque unas y otras son gérmenes fecundos del acontecer diario; pero hay momento en que una de ellas toma la delantera ante la exigencia imperiosa de la realidad ambiente. En nuestra España, liberada de las potencias del mal, llega ahora el tiempo esplendoroso en que las Leyes van dando permanencia y sentido de profundidad humana al magno proceso heroico de nuestra liberación nacional, y en este triunfante repecho de paz, pleno de fecundantes promesas patrias, queremos enaltecer con generoso aliento la milicia de los hombres del Derecho y cuantos contribuyen a dotar al país de una inquebrantable base jurídica y una prestigiosa estructura legal. Para cumplir, este cometido, nada nos ha parecido más adecuado como crear la Cruz de San Raimundo de Peñafort, rememorando así las excelsas virtudes de un español benemérito, confesor de Reyes y de Papas, Canonista insigne, escrutador iluminado de las más vastas perspectivas del Derecho y de la moral. Su sentido universalista, pleno de divina inspiración; su alma misionera, cuajada de rutilantes destellos; su docta y áurea pluma de legislador y tratadista han dejado rastro imperecedero en la memoria de los hombres todos de las tierras hispanas. Por ello será el máximo honor llevar con la Cruz que ahora se crea su efigie y su nombre, vinculándolos al más alto servicio de Dios y de España por las anchas y reparadoras sendas del Derecho y las Leyes. A ese fin, coincidiendo con la celebración de la fiesta religiosa de tan insigne santo, a propuesta del Ministro de Justicia de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros…” Y a continuación viene el articulado que rige la concesión de la condecoración (las negritas las hemos puesto nosotros para resaltar el significado político acorde con los postulados históricos en que se produce la creación de esta condecoración).

Entre los primeros galardonados con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, podemos destacar los siguientes: Leopoldo Eijo y Garay, obispo y procurador en Cortes franquistas y protector del fundador del Opus Dei José María Escrivá de Balaguer; José Luis Arrese, uno de los principales teóricos del primer franquismo, ministro y secretario general de FET de las JONS (a quien hemos sacado en más de un artículo de esta serie de El balle del ziruelo, por ejemplo en el titulado “El franquismo eusquérico”); Esteban Bilbao Eguía, presidente de las Cortes franquistas durante veinte años (también citado en otros artículos de esta serie), inspirador del lema que regía en las monedas durante el franquismo: “Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios”; Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, ministro de Justicia con Franco y destacado dirigente carlista; Antonio Goicoechea, presidente de Renovación Española durante la Segunda República, participó activamente en la sublevación militar y durante el franquismo fue presidente del Banco de España y de otras importantes entidades financieras y sociales, además de procurador en las Cortes franquistas, como todos estos primeros galardonados con la condecoración; Enrique Plá y Deniel, cardenal partidario de Franco, primado de la Iglesia Católica entre 1941 y 1968; y José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional entre 1939 y 1951, impulsor de una educación homogénea para todo el territorio nacional durante el primer periodo de la dictadura franquista, el llamado nacional-católico.

Estos son algunos de los primeros condecorados con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la misma distinción que ahora Pedro Sánchez otorga a José Luis Rodríguez Zapatero en este año 2025, declarado oficialmente por este gobierno socialista como del 50 aniversario de la muerte de Franco, bajo el lema “España en libertad”. Y ahora que me expliquen la concesión de esta condecoración de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero como una más de las demostraciones antifranquistas a que esta pareja nos tiene acostumbrados. A partir de ahora lo que es seguro es que no podrán decir que todo lo que procede del franquismo es algo a enterrar en el olvido.