Por segunda vez, la Comisión Europea ha propinado  un contundente varapalo a la ley de amnistía española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al cuestionar abiertamente que dicha norma persiga un «objetivo de interés general». «No parece que la ley responda a un interés general, dado que forma parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», denunció el abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, durante la vista celebrada en Luxemburgo.

En un alegato cargado de reproches, el representante comunitario advirtió además que la tramitación exprés de la amnistía por la vía de urgencia «ha ahondado la profunda división» existente en la clase política, las instituciones y la sociedad española. Todo ello, subrayó, pese a las recomendaciones expresas de órganos consultivos europeos como la Comisión de Venecia, que aconsejaron dar más tiempo al debate público.

El TJUE examina la norma española a raíz de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, preocupado por si la amnistía podría poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea en un caso que implica a 35 ex altos cargos de la Generalitat, incluidos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas.

Urraca incidió en que «las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de abrir un diálogo significativo» para alcanzar el invocado objetivo de reconciliación. Además, cuestionó el ajustado plazo de dos meses previsto para decidir sobre la aplicación de la amnistía, al considerar que podría vulnerar el Derecho europeo si impide a los órganos judiciales adoptar todas las medidas necesarias para examinar a fondo cada caso.

El posicionamiento de Bruselas añade más presión sobre una ley indecente que ha polarizado a la política española y cuyo alcance final ahora depende también del escrutinio del máximo tribunal europeo