El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado un auto  por el que se declara competente para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto por JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil contra la cesión de funciones de seguridad y vigilancia en los puertos de Euskadi a la Ertzaintza.

Este paso es determinante para desbloquear la causa, que había quedado suspendida por la disputa sobre la competencia del tribunal. Tanto el Ministerio del Interior como el Gobierno Vasco defendían que el TSJ no debía encargarse del procedimiento. JUCIL, en cambio, defendió que sí era competente, y ahora el tribunal ha respaldado esta posición.

Con esta decisión, se abre camino para que el fondo del asunto pueda juzgarse: la entrega de funciones propias de la Guardia Civil sin garantías de transparencia ni diálogo institucional, y con una clara merma para el modelo de seguridad pública.

Frente a la pasividad de la Dirección General, ha sido JUCIL quien ha asumido la iniciativa jurídica, pese a las presiones y al desgaste, porque creemos que decisiones de este calado deben adoptarse con rigor, respeto institucional y sin poner en riesgo la presencia de la Guardia Civil en ningún punto del territorio nacional.