El Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez, incidiendo en su empeño censor y liberticida, ha activado su plan de control y supervisión de medios de comunicación y plataformas digitales mediante la aprobación del Proyecto de Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y Medios de Comunicación, que ya ha sido remitido al Congreso. Entre otros elementos, la norma establece la creación de un registro estatal de medios, de acceso público y gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que deberán inscribirse los medios de ámbito estatal, detallando su estructura de propiedad y la procedencia de sus ingresos, incluida la publicidad institucional y la financiación extranjera. La CNMC, un órgano público, asume además la capacidad de imponer sanciones económicas a los medios que no se registren o que oculten información clave: las multas podrán alcanzar los 200.000 euros en infracciones leves y hasta 750.000 euros en el caso de medios estatales que incumplan las obligaciones de transparencia.

El proyecto de ley también otorga a la CNMC la potestad de supervisar operaciones de concentración mediática con "el objetivo de garantizar el pluralismo informativo", y prevé la creación de dos nuevas direcciones generales dentro del organismo: una dedicada a los servicios digitales y otra a los medios de comunicación. Con esta medida, el Ejecutivo adapta la legislación española a la Ley de Servicios Digitales (DSA) y al Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios (EMFA), enmarcando la iniciativa dentro del Plan de Acción por la Democracia, que según el Gobierno ya tiene implementadas más del 60 % de sus medidas. El texto, según el Ejecutivo, "pretende reforzar la transparencia en el ecosistema mediático, blindar la independencia editorial y proteger los derechos digitales de los ciudadanos". El Gobierno tiránico del socialista Pedro Sánchez no explica cómo garantizará estas medidas en los medios públicos.