Un nuevo terremoto ha sacudido los cimientos del poder socialista. Leire Díez, conocida en los pasillos de Ferraz como la “fontanera” del PSOE por su papel en apagar incendios internos y controlar fugas de información, ha sido formalmente imputada por cohecho y tráfico de influencias. La investigación judicial apunta a un entramado de maniobras oscuras dirigidas a obstaculizar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus investigaciones sobre casos de corrupción que rozan a la cúpula política sociualista.

Fuentes judiciales describen el sumario como “explosivo”: conversaciones interceptadas, presiones a altos mandos y una red de favores que podría destapar un escándalo de proporciones inéditas. La imputación de Díez no es solo un golpe directo al núcleo estratégico del PSOE, sino también una llamada de atención a todo el engranaje de poder que, según los investigadores, habría intentado influir en las pesquisas de la Guardia Civil (UCO).

“Estamos ante una operación quirúrgica para frenar a los investigadores cuando más cerca estaban de ciertas pruebas”, señalan fuentes próximas al caso. Los magistrados hablan de un patrón claro de interferencia que, de confirmarse, podría derivar en imputaciones aún más altas dentro de la cadena de mando política.

En Ferraz reina el silencio y la tensión es palpable. Mientras tanto, en los despachos de la UCO de la Guardia Civil se interpreta esta imputación como la primera grieta visible en un muro de presiones que llevan meses resistiendo. El caso promete convertirse en uno de los procesos judiciales más delicados de la década, con ramificaciones que amenazan con dinamitar alianzas políticas y sacar a la luz los sótanos del poder.