El Partido Popular del País Vasco ha solicitado la comparecencia en el Parlamento Vasco de la directora de la entidad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP) tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anula el proceso de adjudicación de amarres en el puerto deportivo de Donostia–San Sebastián. El fallo judicial considera que dicho proceso incurrió en irregularidades administrativas graves, como la modificación de criterios y condiciones sin previa notificación ni posibilidad de alegación por parte de los solicitantes. Según los magistrados, esta práctica vulnera principios esenciales como la transparencia, la imparcialidad y la buena administración, al permitir cambiar “las reglas del juego” en el mismo momento de la resolución adjudicatoria.

Desde el Partido Popular denuncian que la gestión de EKP ha estado marcada por "el amiguismo y el enchufismo", lo que ha derivado en un auténtico caos en la administración del puerto. De hecho, según indican, se han presentado cerca de un centenar de recursos, reclamaciones administrativas e incluso una denuncia por prevaricación contra la actual directora. La formación popular considera que esta situación es insostenible y exige su relevo inmediato. “La consejera Amaia Barredo no puede mantener ni un minuto más a la directora de puertos deportivos, que por cierto, es miembro de la dirección del PNV guipuzcoano y cuya gestión ha generado enormes sospechas de amiguismo y enchufismo”, dicen desde la formació conservadora.

Además, el PP critica el deterioro de las instalaciones portuarias, mencionando el mal estado de los pantalanes, escaleras y servicios como las mangueras, así como la presión que están sufriendo muchos amarristas, quienes, a pesar de estar al corriente de pago, tienen restringido el acceso a duchas y otros espacios del puerto.

Por todo ello, los populares piden al Gobierno Vasco que asuma responsabilidades políticas y que tanto la consejera del ramo como los órganos directivos de EKP respeten y ejecuten sin dilación las resoluciones judiciales y parlamentarias que afectan a la gestión portuaria.