El Partido Popular ha intensificado en los últimos días su ofensiva política contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de los contratos firmados con la multinacional china Huawei, por un valor superior a los 12 millones de euros, para la gestión de comunicaciones y escuchas judiciales. La formación conservadora considera que dichos acuerdos suponen un grave riesgo para la seguridad del Estado, dadas las obligaciones legales de colaboración con el régimen chino que recaen sobre la empresa tecnológica, y ha exigido explicaciones urgentes al Ejecutivo.

Desde Génova se denuncia lo que califican como un "entramado de corrupción" vinculado a antiguos altos cargos del PSOE, en particular el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien varios dirigentes del PP —entre ellos Miguel Tellado, Juan Bravo y Alma Ezcurra— señalan como pieza clave en la intermediación de estos contratos. Según el PP, existe una relación directa entre Zapatero, figuras cercanas como José Blanco y Antonio Hernando, y la constitución de empresas públicas que habrían favorecido a Huawei en la adjudicación de estos servicios críticos. La formación denuncia también que el actual jefe de seguridad de Huawei en España fue anteriormente responsable de seguridad en La Moncloa, lo que, a su juicio, agrava aún más las sospechas.

Además, el PP ha puesto el foco en una cuestión especialmente delicada: la supresión en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2024 de cualquier referencia a China, a pesar de que el informe del año anterior sí advertía sobre los riesgos asociados al gigante asiático. Esta omisión, señalan los populares, coincide en el tiempo con la firma de los contratos con Huawei, y se produce en un contexto de visitas diplomáticas de alto nivel a China por parte de Sánchez, Zapatero y Salvador Illa. Para el PP, esta secuencia de acontecimientos no es casual, y exige una rendición de cuentas inmediata por parte del Gobierno.

Como consecuencia, el Partido Popular ha solicitado formalmente la comparecencia en sede parlamentaria de los ministros de Exteriores, Defensa, Interior, Presidencia y Seguridad Nacional, así como de Antonio Hernando, para que aclaren los motivos de estas decisiones y el posible alcance de las relaciones entre el Ejecutivo y la empresa china. La formación advierte que este asunto compromete la confianza internacional de España en materia de seguridad y defensa, y exige transparencia total en una cuestión que, aseguran, "afecta directamente al núcleo de nuestra soberanía nacional".