En julio de 2025, 752 469 hogares españoles, con un total de 2,299 millones de personas, dependieron del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para asegurar su subsistencia. Esta prestación, con una cuantía media de apenas 519,16 euros/mes por hogar, alcanzó una nómina total de 426,3 millones, lo que evidencia la magnitud del agujero social que está cubriendo.

Los datos reflejan un alarmante incremento del 19,2 % interanual en personas beneficiarias (un alza de 370 570 personas respecto a julio de 2024). Esta escalada no es resultado del éxito de una política pública, sino del fracaso del modelo económico socialista, que cada vez arroja a más ciudadanos al borde de la pobreza.

La mayoría de solicitantes sigue siendo femenina: el 67,8 % de los titulares y el 53,5 % de los beneficiarios son mujeres —más de 1,2 millones de ellas—, muchas de ellas al frente de hogares monoparentales con menores a cargo. Esta radiografía revela no solo una crisis económica, sino también una crisis de cuidados y estructuras familiares.

Además, el 41,2 % de los beneficiarios son menores de edad —casi un millón de niños y adolescentes— y en el 69 % de los hogares acogidos por el IMV viven menores. No estamos ante una ayuda temporal: estamos ante una señal clara de que en la España de Pedro Sánchez generaciones enteras empiezan la vida en la miseria más absoluta.

La ministra Elma Saiz ha definido el IMV como “una prestación esencial en un momento complicado”, pero lo esencial aquí es admitir que este "momento complicado" se ha convertido en la nueva normalidad de España.