La mañana amaneció con el cielo cubierto y un silencio inusual frente a la Casa Blanca. En Lafayette Square, los carteles improvisados contrastaban con el orden marcial que empezaba a desplegarse en la capital. A las 9:30, Donald Trump apareció ante los medios de comunicación y pronunció las palabras que harían eco en todo el país: “Hoy es el día D de la Liberación en D.C.”.

El presidente anunció que asumiría el control directo del Departamento de Policía Metropolitana y desplegaría a la Guardia Nacional en la ciudad. No se trataba de una recomendación, ni de un plan progresivo: la intervención era inmediata. El mando operativo recaía en la fiscal general Pam Bondi, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmaba el envío de 800 efectivos listos para patrullar calles, parques y estaciones.

Trump habló de “recuperar la capital” y “devolver la belleza” a una ciudad que, en su opinión, está atrapada en una espiral de violencia y deterioro. Citó imágenes de asaltos y campamentos improvisados como símbolo de la decadencia urbana. “No permitiremos que nuestra capital se convierta en un páramo para que el mundo lo vea”, dijo. La orden incluía la eliminación de asentamientos de personas sin hogar en espacios públicos.

En las aceras frente a la Casa Blanca, decenas de manifestantes coreaban “Protect home rule” —protejan el autogobierno—. Otros levantaban carteles con la frase: “No permitiremos autoritarismo en D.C.”. 

El Home Rule Act de 1973 establece que el presidente puede federalizar la policía de D.C. por un máximo de 48 horas en caso de emergencia. Extender ese plazo requiere notificación al Congreso, y superar los 30 días exige una ley aprobada por ambas cámaras. Los abogados municipales ya preparan posibles demandas para frenar lo que consideraban una “interpretación expansiva” de ese marco legal.

Las consecuencias de este pulso pueden hacerse visibles en dos frentes:

En lo legal, la medida podría desencadenar una batalla judicial inmediata. Si Trump intenta prolongar el control más allá de lo que marca la ley sin el aval del Congreso, el caso podría escalar rápidamente a tribunales federales. Algunos expertos advierten incluso de un debate sobre la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de fuerzas militares en tareas policiales, aunque D.C., al ser un distrito federal, se mueve en un terreno jurídico más difuso.

En el ámbito electoral, el cálculo es de alto riesgo y alta recompensa. Para su base, la imagen de un presidente que actúa con rapidez y mano firme refuerza la narrativa de “restaurador del orden”. En estados preocupados por la criminalidad urbana, este episodio podría traducirse en un aumento de apoyo. Pero en el otro extremo, para votantes moderados o izquierdistas, la intervención podría sonar a autoritarismo, especialmente si surgen denuncias de abusos, desalojos forzosos o choques violentos con manifestantes.

En el Capitolio, la reacción inicial se dividió por líneas partidistas: los republicanos más cercanos a Trump celebraban el paso como un próximo modelo para ciudades como Chicago o Filadelfia; representantes progresistas del Partido Demócrata lo denunciaban como un asalto a la democracia local. En medio, algunos congresistas moderados advertían que lo que hoy se justificaba por motivos de seguridad podía convertirse mañana en una herramienta política para someter a cualquier ciudad que no se alineara con el Ejecutivo.

Mientras tanto, la vida en Washington sigue, pero bajo un pulso distinto. Los helicópteros sobrevuelan la ciudad, los uniformes se multiplican en las esquinas y, en los barrios residenciales, las conversaciones ya no eran sobre el tráfico o el calor de agosto, sino sobre si el presidente había salvado o herido el alma de la capital.

En esta encrucijada, el resultado final no se medirá solo en estadísticas de criminalidad, sino en jurisprudencia, precedentes y urnas. Y aunque el cielo se despejó al final de la tarde, la política en Washington permanecía cubierta por una nube espesa, cargada de choque institucional y futuro incierto.