El Pentágono, inspirado por Donald Trump, estudia la creación de una Fuerza de Reacción Rápida contra Disturbios Civiles, integrada por centenares de reservistas de la Guardia Nacional. El plan contempla la existencia de 600 efectivos en alerta permanente, listos para desplegarse en menos de una hora en cualquier ciudad estadounidense ante protestas o episodios de agitación. La unidad se dividiría en dos grupos de 300 soldados, con bases en Alabama y Arizona para cubrir las zonas este y oeste del río Misisipi.

Según ha adelantado The Washington Post, esta fuerza sería un recurso federal disponible de forma continua para el presidente, con capacidad de enviar tropas entre estados bajo su orden directa y financiación federal, incluso sin la aprobación de los gobernadores. Los objetivos declarados incluyen responder rápidamente a disturbios y proteger instalaciones y funciones del Gobierno federal. No obstante, los documentos internos advierten de riesgos: fatiga del personal, menos recursos para emergencias como huracanes, interrupción de entrenamientos, conflictos políticos y una preocupante normalización del uso de militares en tareas policiales, algo que podría ser inconstitucional.

En una reciente conferencia de prensa, Trump presentó la intervención federal en Washington como modelo a replicar en otras ciudades con altos índices de criminalidad. «Otros están mirando lo que hacemos aquí», afirmó, añadiendo que espera que las ciudades “se limpien por sí mismas”. De no ser así, advirtió, “aplicaremos acciones equivalentes” en urbes como Chicago, Los Ángeles o San Francisco, todas ellas en manos de corporaciones municipales maltaratadas por la extrema izquierda del Partido Demócrata. El mensaje a estas urbes fue claro: o descienden los niveles de delincuencia, o la militarización será inevitable.

Trump recalcó que el despliegue en Washington incluirá “una presencia abrumadora” de agentes federales, Guardia Nacional y unidades especializadas, con el fin de “hacerla segura y hermosa otra vez”. Prometió “plena cooperación” entre todos los niveles de las fuerzas de seguridad, más policías, más agentes y “gente feliz” con el resultado. "Mi padre me dijo una vez que si vas entrar a un restaurante y ves que sus ventanas están sucias, debes guardar cuidado porque su cocina estará igual. Por eso, la capital de nuestra nación, su escaparete, debe estar impoluta".

El pasado mes de junio, Trump ya había ordenado el despliegue de más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, bajo autoridad federal y sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. La medida, presentada como protección de instalaciones y personal federal durante protestas contra la política migratoria, incluyó toque de queda y patrullas militares en el centro de la ciudad, reavivando el debate sobre el uso de tropas en cuestiones de seguridad interna.

El marco legal es complejo. La ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe que las Fuerzas Armadas asuman funciones policiales, salvo autorización del Congreso o de la Constitución. La excepción principal es la Insurrection Act de 1807, que permite al presidente desplegar tropas federales o asumir el control de la Guardia Nacional para sofocar insurrecciones, hacer cumplir leyes federales o proteger derechos civiles, incluso sin el consentimiento de un gobernador. Sin embargo, para aplicarla se debe declarar previamente una insurrección, algo complicado de justificar en casos como el de California o Washington D.C., aunque en este último resulta más sencillo por ser un distrito federal bajo supervisión directa del Gobierno central.

El gobernador de California demandó al Gobierno federal, alegando que la intervención violaba la ley. Un juez le dio inicialmente la razón, pero un tribunal de apelaciones permitió que la operación continuara mientras se resolvía el litigio. A mediados de julio, la mayoría de las tropas se retiraron, aunque unos 2.000 efectivos permanecieron en la base de Los Alamitos.