La declaración de zonas tensionadas para contener el precio de los alquileres se expande en España, pero su impacto real en algunos municipios genera dudas. Tras la publicación en el BOE del 29 de julio, que incluyó a San Sebastián, La Coruña y 21 municipios de Navarra, más de 300 localidades españolas —con una población conjunta superior a los 8,2 millones de personas— están ya bajo este marco legal. La medida implica límites en la subida de rentas, bonificaciones fiscales a quienes rebajen precios y la obligación de grandes propietarios de ajustar sus contratos a un índice de referencia. Sin embargo, en muchos municipios la oferta es tan escasa que apenas hay mercado sobre el que actuar.

Los datos reflejan descensos drásticos en el número de viviendas disponibles. En Aranguren, por ejemplo, la oferta ha pasado de 38 a solo 2 pisos en un año, lo que supone una caída del 95 %. En Estella el ajuste ha sido del 72%, con apenas cinco viviendas en alquiler, mientras que en Berriozar el parque se ha reducido de 27 a 3 inmuebles, un 89% menos. En Baztán, la oferta se limita a siete pisos, un 30 % por debajo de 2024. Incluso en los municipios con cierto repunte, como Galdácano (de 9 a 15 viviendas) o Villava (de 5 a 8), el volumen sigue siendo muy bajo. En ciudades de mayor tamaño la situación no es mucho más alentadora: en San Sebastián el parque de alquiler bajó un 8% en el último año, y en Pamplona apenas se registró un aumento del 6 %.

Este escenario plantea un dilema de fondo. La regulación busca proteger a los inquilinos frente a subidas abusivas, pero en lugares donde la oferta se cuenta con los dedos de una mano, el control de precios tiene un alcance muy limitado. Los expertos advierten que, sin un incremento paralelo del parque de vivienda —ya sea pública o incentivada para propietarios privados—, la declaración de zonas tensionadas corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica, sin capacidad de mejorar realmente el acceso al alquiler.