El acuerdo de la vergüenza
El PP firmó hace unos meses con PSOE, Bildu, ERC y Junts un "pacto climático" que impone nuevas restricciones a los españoles
El 16 de septiembre de 2024, los grupos parlamentarios del Partido Popular, PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos, BNG, UPN y Coalición Canaria suscribieron una declaración política impulsada por la iniciativa Mandato por el Clima, promovida por el Observatorio de la Sostenibilidad y Oxfam Intermón.
El documento reconocía al "cambio climático como un desafío urgente y de gran trascendencia, con efectos adversos sobre los ecosistemas, la salud, la economía, el bienestar y la prosperidad de la sociedad". Los firmantes se comprometieron a impulsar medidas de mitigación y adaptación para encarar la crisis climática, apostando "por una transición considerada inteligente y justa".
Entre los compromisos adquiridos se incluían la aplicación de medidas urgentes de adaptación, el fomento de la eficiencia energética en edificios públicos, la promoción de la compra pública verde y el desarrollo de programas de educación, sensibilización y "formación climática" dirigidos a funcionarios y a la ciudadanía en general.
El acuerdo también subrayaba la necesidad de una acción coordinada entre instituciones y sociedad civil, "advirtiendo que los impactos del cambio climático se intensificarán en los próximos años, con efectos más severos sobre las comunidades vulnerables y distintos sectores socioeconómicos".
El 16 de septiembre de 2024, los grupos parlamentarios del Partido Popular, PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos, BNG, UPN y Coalición Canaria suscribieron una declaración política impulsada por la iniciativa Mandato por el Clima, promovida por el Observatorio de la Sostenibilidad y Oxfam Intermón.
El documento reconocía al "cambio climático como un desafío urgente y de gran trascendencia, con efectos adversos sobre los ecosistemas, la salud, la economía, el bienestar y la prosperidad de la sociedad". Los firmantes se comprometieron a impulsar medidas de mitigación y adaptación para encarar la crisis climática, apostando "por una transición considerada inteligente y justa".
Entre los compromisos adquiridos se incluían la aplicación de medidas urgentes de adaptación, el fomento de la eficiencia energética en edificios públicos, la promoción de la compra pública verde y el desarrollo de programas de educación, sensibilización y "formación climática" dirigidos a funcionarios y a la ciudadanía en general.
El acuerdo también subrayaba la necesidad de una acción coordinada entre instituciones y sociedad civil, "advirtiendo que los impactos del cambio climático se intensificarán en los próximos años, con efectos más severos sobre las comunidades vulnerables y distintos sectores socioeconómicos".