La política española vive tiempos de desconcierto. Lo que hasta hace no mucho parecía inimaginable —que el Partido Popular, autoproclamado referente del centro-derecha y presunto dique frente a la izquierda y el separatismo, se siente a la mesa y rubrique acuerdos con el PSOE, Bildu, ERC o Junts— se ha convertido en una realidad tangible. No se trata de un pacto de Estado para la defensa de la nación o para blindar derechos esenciales de los ciudadanos, sino de un compromiso ideológico en torno a la llamada “agenda climática”, concebida y promovida por los sectores más radicales de la izquierda internacional.

Que el PP haya prestado su firma a este tipo de iniciativas debería hacer saltar todas las alarmas entre su electorado. Porque lo que está en juego no es únicamente la cuestión ambiental —sobre la que, sin duda, caben matices y medidas razonables—, sino el alineamiento acrítico con un discurso político que se traduce, en la práctica, en nuevas limitaciones, nuevas cargas y nuevos condicionamientos sobre la vida cotidiana de los españoles. Todo ello envuelto en el lenguaje grandilocuente de la “urgencia climática”, que funciona como un comodín ideológico capaz de justificar cualquier restricción.

Más allá de la cuestión de fondo, el problema de mayor calado es la pérdida de identidad de un partido que se presenta como conservador, pero que aparente ser un comodín socialista, y que que asume sin pestañear las premisas y las recetas de quienes han hecho de la ingeniería social su razón de ser. La firma del PP junto a Bildu, ERC y Junts —fuerzas políticas que no ocultan su voluntad de desmembrar España— no solo transmite debilidad, sino que abre una peligrosa confusión: ¿qué significa realmente votar al PP? ¿Dónde quedan los valores de defensa de la libertad individual, de la nación y de la prosperidad frente a la burocracia y la intromisión estatal?

La política climática se ha convertido en un terreno fértil para la imposición de dogmas posmodernos que, bajo la apariencia de consensos incuestionables, esconden una agenda que erosiona las libertades, aumenta el poder de las élites tecnocráticas y limita la capacidad de decisión de las personas y de las comunidades. Que el PP se sume a esa lógica no lo convierte en un partido moderno ni responsable; lo convierte en un partido sin alma, dispuesto a diluirse en el magma ideológico de la izquierda para ganarse una palmada en la espalda de las instituciones internacionales globalistas.

El electorado conservador tiene derecho a exigir coherencia. Y coherencia significa no legitimar a quienes buscan dinamitar la unidad nacional, ni aceptar sin debate las recetas intervencionistas que agravan los problemas económicos y sociales. El PP, al firmar este acuerdo, ha demostrado una vez más que prefiere el cómodo refugio del consenso artificial antes que el arduo camino de la alternativa real. Y en política, como en la vida, quienes renuncian a ser lo que dicen ser acaban convertidos en irrelevantes.