Lo que está ocurriendo en España con las víctimas del terrorismo es una vergüenza nacional. La Audiencia Nacional, que debería ser el baluarte de la justicia frente al terror, se ha convertido en cómplice pasivo de la humillación. Los jueces, cómodamente parapetados tras los argumentos envenenados de la Fiscalía al servicio del Gobierno socialista, se niegan a ver lo evidente: en las fiestas del País Vasco y Navarra se ensalza cada año a asesinos de ETA. No hay duda, no hay interpretaciones posibles: fotografías, informes policiales y testimonios confirman que los nombres de los verdugos —entre ellos Igor Solana Matarran y Harriet Iragi— cuelgan con descaro, por ejmplo, en la txosna Txori Barrote. Y. pese a todo, la Audiencia Nacional prefiere mirar hacia otro lado.

La excusa es miserable: “no hay humillación a las víctimas”. ¿Cómo puede sostener semejante barbaridad un juez de la nación, cuando incluso los propios presos de Sortu admitieron que estos homenajes son un escarnio intolerable? La respuesta es clara: cobardía judicial y servilismo político. El poder judicial no quiere incomodar al Gobierno radical de Pedro Sánchez, sostenido por los herederos del terror.

Si se tratara de homenajes al franquismo, la reacción sería inmediata: prohibiciones, sanciones, persecuciones judiciales. Pero cuando los enaltecidos son asesinos de ETA, entonces se invoca la libertad de expresión, se trivializa el dolor de las víctimas y se les condena a revivir la humillación año tras año. Es un doble rasero que clama al cielo, un escándalo que retrata la podredumbre moral de quienes hoy controlan las instituciones españolas, y especialmente las vascas.

El problema es político, y todos lo sabemos. El tirano Pedro Sánchez gobierna gracias a Bildu, un partido que ha presentado en sus listas a casi un centenar de terroristas, muchos con delitos de sangre. Son esos votos manchados de sangre los que garantizan la supervivencia de un Ejecutivo extremista, débil y acorralado, y por ellos se sacrifica la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas. En España, los verdugos reciben homenajes mientras los familiares de los asesinados son abandonados, dcespreciados e insultados.

Esto no es democracia, es claudicación. Es una rendición frente al terrorismo disfrazada de normalidad institucional. Se alimenta un relato falso de “conflicto” entre ETA y el Estado, como si hubiera habido dos bandos enfrentados en igualdad. No lo hubo: lo que hubo fue una banda terrorista asesina que atacó cobardemente a una sociedad libre, y un Estado que hoy parece avergonzarse de haber resistido.

España no puede seguir tolerando esta ignominia. La Justicia no puede seguir sometida a las órdenes de la Moncloa. El Ministerio Fiscal debe ser independiente y los jueces deben aplicar la ley sin miedo a las consecuencias políticas. De lo contrario, las instituciones seguirán convertidas en cómplices indecentes del escarnio contra las víctimas.

Basta ya. Es hora de que la sociedad española alce la voz y exija lo que parece obvio: que los asesinos sean recordados como lo que son —criminales despreciables— y que las víctimas recuperen la justicia que se les arrebata cada día.

La Justicia está secuestrada por los mismos miserables que conforman el Gobierno, estercolero moral, de Pedro Sánchez, y cada homenaje a ETA es una bofetada a la democracia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando esta situación?