Según "The Objetive"
El Tribunal Supremo ve indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal
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El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dispone ya de «indicios suficientes» para imputar al PSOE por un presunto delito de financiación ilegal de partidos, según han confirmado fuentes judiciales, policiales y políticas consultadas por The Objetive. La decisión podría anunciarse en las próximas semanas, a partir de la documentación incorporada en la pieza separada —actualmente secreta— de la investigación que dirige el juez sobre la presunta organización criminal vinculada a los ex secretarios de Organización socialista José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Los indicios se sustentan en el material incautado en registros a diversas constructoras el pasado junio, así como en la información relativa a gastos y cuentas presentadas en Ferraz por Ábalos y Cerdán durante su etapa al frente de la Secretaría de Organización del PSOE. Según fuentes judiciales, uno de los elementos clave apunta al presunto desvío de fondos hacia el partido en forma de donaciones procedentes de comisiones ilegales. En este contexto, se espera que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haga públicos en breve los informes patrimoniales de ambos dirigentes, que pondrían de manifiesto discrepancias entre las cantidades declaradas ante Hacienda y las supuestamente donadas al PSOE.
El Supremo ya ha requerido al partido información detallada sobre cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, liquidaciones de gastos, pagos por servicios prestados, retribuciones y otros abonos desde 2014. Según las mismas fuentes, Leopoldo Puente contaba desde hace al menos diez días con elementos suficientes para sostener que, a través de estos flujos financieros, se introdujeron fondos de origen ilícito en las arcas socialistas, lo que podría suponer una grave vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En el auto de prisión preventiva dictado contra Santos Cerdán en junio, el juez ya había aludido a la existencia de un «botín millonario» y a la futura imputación de «personas físicas y jurídicas». En aquel momento, la sospecha sobre una posible financiación irregular del PSOE no contaba con la solidez que ahora parece haber alcanzado. De confirmarse, el partido podría ser imputado como persona jurídica en las próximas semanas, lo que abriría la puerta a exigirle responsabilidades penales directas.
Comisiones de constructoras
Los investigadores destacan que la ausencia de hallazgos sobre el destino final de los fondos no invalida la investigación. Pese a no haber localizado todavía el dinero procedente de presuntos amaños en obra pública, existen grabaciones de Koldo García —ex asesor próximo a Ábalos y Cerdán— que apuntan directamente a ambos dirigentes.
En los registros realizados en junio en sedes de empresas como Acciona Construcciones, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), OPR y Servinabar, en distintas comunidades autónomas, la Guardia Civil incautó once dispositivos electrónicos con abundante documentación.
El Gobierno y la dirección del PSOE, al inicio del curso político, llegaron a dar por «deshinchada» la investigación, incluso cuestionando la solidez del auto de prisión preventiva contra Cerdán. Sin embargo, las pruebas recabadas en los registros muestran posibles delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. La empresa Levantina, Ingeniería y Construcción, con sede en Armenia, aparece como pieza central del entramado: su propietario habría solicitado a Koldo García y Cerdán gestiones con Exteriores para solventar una deuda millonaria, logrando posteriormente recuperar cinco millones de euros tras un viaje oficial de Pedro Sánchez a Argelia en 2020.
Pepe Ruz, el «hombre clave»
Los informes de la UCO sitúan a Pepe Ruz, propietario de Levantina, como «hombre clave» del presunto entramado, al mantener contacto directo con Ábalos, Cerdán y Koldo García. Según el relato de un empresario protegido, Ruz lideraba un «grupo acelerador» para agilizar contratos públicos, exigiendo un 20% de comisión destinada al PSOE.
Siempre según The Objetive, en su domicilio de Valencia se incautó un pendrive identificado con el rótulo de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria. La Guardia Civil sospecha que Ruz habría actuado como canalizador de mordidas en beneficio del partido. Su trayectoria está vinculada históricamente al PSOE, con raíces en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde mantenía relaciones de amistad con Ábalos desde la fundación de LIC en el año 2000.
Ruz también habría mantenido una estrecha relación con el actual director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Tras los registros en la vivienda de Koldo García, el DAO solicitó información sobre los discos duros incautados, mientras emergían las grabaciones donde se detallaban mordidas en adjudicaciones públicas.
Del amigo de Ábalos al socio de Cerdán
Si Ruz era el contacto de Ábalos, Joseba Antxon Alonso lo era de Santos Cerdán. Según la UCO, en 2016 Cerdán adquirió el 45% de la empresa Servinabar por apenas 6.000 euros, compañía que posteriormente costeó el alquiler de su ático en Madrid. Servinabar obtuvo la adjudicación de los túneles de Velate (Navarra), por 76 millones, tras detectarse irregularidades en la mesa de contratación. En el garaje del dueño de la sociedad, la Guardia Civil halló más de 16.000 euros en metálico escondidos en mochilas.
Además, en registros vinculados a Acciona y OPR se localizaron documentos manuscritos que mencionaban a José Luis Ábalos, adjudicaciones a OPR y contratos relacionados con familiares de Koldo García. La UCO sostiene que estas relaciones empresariales servían como vehículo para introducir comisiones en el circuito económico del PSOE, a veces encubiertas como gastos operativos presentados en Ferraz.
Durante los últimos años de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, sus gastos declarados alcanzaban cifras desorbitadas —facturas de hasta 9.000 euros mensuales, o de 3.000 a 4.000 euros en un solo restaurante madrileño, La Tragantía—, lo que despertó las alarmas internas. Estos excesos motivaron la destitución del gerente del partido, Mariano Moreno, posteriormente recolocado en un alto cargo de la SEPI.
Las pruebas apuntan a que los fondos de origen ilícito no solo se habrían blanqueado a través de donaciones, sino también mediante facturas y gastos inflados cargados al partido, reforzando la hipótesis de financiación ilegal.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dispone ya de «indicios suficientes» para imputar al PSOE por un presunto delito de financiación ilegal de partidos, según han confirmado fuentes judiciales, policiales y políticas consultadas por The Objetive. La decisión podría anunciarse en las próximas semanas, a partir de la documentación incorporada en la pieza separada —actualmente secreta— de la investigación que dirige el juez sobre la presunta organización criminal vinculada a los ex secretarios de Organización socialista José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Los indicios se sustentan en el material incautado en registros a diversas constructoras el pasado junio, así como en la información relativa a gastos y cuentas presentadas en Ferraz por Ábalos y Cerdán durante su etapa al frente de la Secretaría de Organización del PSOE. Según fuentes judiciales, uno de los elementos clave apunta al presunto desvío de fondos hacia el partido en forma de donaciones procedentes de comisiones ilegales. En este contexto, se espera que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haga públicos en breve los informes patrimoniales de ambos dirigentes, que pondrían de manifiesto discrepancias entre las cantidades declaradas ante Hacienda y las supuestamente donadas al PSOE.
El Supremo ya ha requerido al partido información detallada sobre cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, liquidaciones de gastos, pagos por servicios prestados, retribuciones y otros abonos desde 2014. Según las mismas fuentes, Leopoldo Puente contaba desde hace al menos diez días con elementos suficientes para sostener que, a través de estos flujos financieros, se introdujeron fondos de origen ilícito en las arcas socialistas, lo que podría suponer una grave vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En el auto de prisión preventiva dictado contra Santos Cerdán en junio, el juez ya había aludido a la existencia de un «botín millonario» y a la futura imputación de «personas físicas y jurídicas». En aquel momento, la sospecha sobre una posible financiación irregular del PSOE no contaba con la solidez que ahora parece haber alcanzado. De confirmarse, el partido podría ser imputado como persona jurídica en las próximas semanas, lo que abriría la puerta a exigirle responsabilidades penales directas.
Comisiones de constructoras
Los investigadores destacan que la ausencia de hallazgos sobre el destino final de los fondos no invalida la investigación. Pese a no haber localizado todavía el dinero procedente de presuntos amaños en obra pública, existen grabaciones de Koldo García —ex asesor próximo a Ábalos y Cerdán— que apuntan directamente a ambos dirigentes.
En los registros realizados en junio en sedes de empresas como Acciona Construcciones, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), OPR y Servinabar, en distintas comunidades autónomas, la Guardia Civil incautó once dispositivos electrónicos con abundante documentación.
El Gobierno y la dirección del PSOE, al inicio del curso político, llegaron a dar por «deshinchada» la investigación, incluso cuestionando la solidez del auto de prisión preventiva contra Cerdán. Sin embargo, las pruebas recabadas en los registros muestran posibles delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. La empresa Levantina, Ingeniería y Construcción, con sede en Armenia, aparece como pieza central del entramado: su propietario habría solicitado a Koldo García y Cerdán gestiones con Exteriores para solventar una deuda millonaria, logrando posteriormente recuperar cinco millones de euros tras un viaje oficial de Pedro Sánchez a Argelia en 2020.
Pepe Ruz, el «hombre clave»
Los informes de la UCO sitúan a Pepe Ruz, propietario de Levantina, como «hombre clave» del presunto entramado, al mantener contacto directo con Ábalos, Cerdán y Koldo García. Según el relato de un empresario protegido, Ruz lideraba un «grupo acelerador» para agilizar contratos públicos, exigiendo un 20% de comisión destinada al PSOE.
Siempre según The Objetive, en su domicilio de Valencia se incautó un pendrive identificado con el rótulo de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria. La Guardia Civil sospecha que Ruz habría actuado como canalizador de mordidas en beneficio del partido. Su trayectoria está vinculada históricamente al PSOE, con raíces en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde mantenía relaciones de amistad con Ábalos desde la fundación de LIC en el año 2000.
Ruz también habría mantenido una estrecha relación con el actual director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Tras los registros en la vivienda de Koldo García, el DAO solicitó información sobre los discos duros incautados, mientras emergían las grabaciones donde se detallaban mordidas en adjudicaciones públicas.
Del amigo de Ábalos al socio de Cerdán
Si Ruz era el contacto de Ábalos, Joseba Antxon Alonso lo era de Santos Cerdán. Según la UCO, en 2016 Cerdán adquirió el 45% de la empresa Servinabar por apenas 6.000 euros, compañía que posteriormente costeó el alquiler de su ático en Madrid. Servinabar obtuvo la adjudicación de los túneles de Velate (Navarra), por 76 millones, tras detectarse irregularidades en la mesa de contratación. En el garaje del dueño de la sociedad, la Guardia Civil halló más de 16.000 euros en metálico escondidos en mochilas.
Además, en registros vinculados a Acciona y OPR se localizaron documentos manuscritos que mencionaban a José Luis Ábalos, adjudicaciones a OPR y contratos relacionados con familiares de Koldo García. La UCO sostiene que estas relaciones empresariales servían como vehículo para introducir comisiones en el circuito económico del PSOE, a veces encubiertas como gastos operativos presentados en Ferraz.
Durante los últimos años de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, sus gastos declarados alcanzaban cifras desorbitadas —facturas de hasta 9.000 euros mensuales, o de 3.000 a 4.000 euros en un solo restaurante madrileño, La Tragantía—, lo que despertó las alarmas internas. Estos excesos motivaron la destitución del gerente del partido, Mariano Moreno, posteriormente recolocado en un alto cargo de la SEPI.
Las pruebas apuntan a que los fondos de origen ilícito no solo se habrían blanqueado a través de donaciones, sino también mediante facturas y gastos inflados cargados al partido, reforzando la hipótesis de financiación ilegal.
