La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha expresado su rechazo frontal a la propuesta impulsada por Junts y aceptada por el PSOE para incluir en la Ley de Atención al Cliente la obligación de que todas las empresas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros deban atender en catalán a los clientes que lo soliciten, independientemente de su domicilio social.

Los empresarios madrileños consideran que la medida supone una “intromisión intolerable” en la actividad privada y atenta contra la libertad empresarial. “Se están tomando decisiones en el ámbito político que se aplican al sector privado sin medir las consecuencias”, denuncian desde CEIM.

La patronal madrileña advierte de que esta imposición tendría un impacto directo en sectores básicos de interés general, que se verían obligados a implementar servicios específicos en catalán con el consiguiente sobrecoste operativo, en un contexto ya marcado por el aumento de la presión fiscal y de los costes sociales.

CEIM recuerda, además, que muchas compañías que operan en Cataluña ya ofrecen de forma voluntaria atención en catalán como parte de su estrategia comercial, sin necesidad de una imposición legal.

En este sentido, la organización empresarial acusa al Gobierno de actuar por intereses políticos y no por el bien común. “Es inaceptable que el Ejecutivo acepte intervenir en la libertad de empresa únicamente para contentar a los nacionalistas y mantenerse en el poder”, remarcan los empresarios.

La patronal concluye que la medida no solo añade burocracia y costes innecesarios, sino que también merma la productividad de las empresas en un momento especialmente delicado para la economía.