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Viernes, 03 de Octubre de 2025 Tiempo de lectura:
"Tercer grado fraudulento"

El Gobierno nacionalsocialista vasco (PNV-PSE) amnistía al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, responsable de múltiples asesinatos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de un nuevo tercer grado al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como ‘Gadafi’, responsable de numerosos asesinatos, entre los que destaca el brutal asesinato del niño Fabio Moreno, de tan solo dos años. Iglesias Chouzas mantiene una vinculación directa con la izquierda abertzale a través de la militancia de su hija Olatz Iglesias en el lobby pro-excarcelación de etarras, SARE, y de la aparición de ésta en conferencias públicas promovidas por Etxerat y SARE, donde se califica a ‘Gadafi’ explícitamente como «preso político».

 

Para COVITE, se trata de una nueva muestra de la amnistía encubierta que el Gobierno vasco está aplicando a los presos de ETA, progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin cumplir con el requisito legal fundamental para ello: el arrepentimiento. «Al contrario de lo que sostienen los portavoces de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, la ley exige el arrepentimiento como condición indispensable para progresar al tercer grado, y ese requisito no se está cumpliendo», ha criticado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.

 

El artículo 90 del Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, establece que «las personas condenadas por delitos de terrorismo solo podrán acceder a un pronóstico de reinserción social si muestran signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y han colaborado activamente con las autoridades para impedir delitos, atenuar efectos, o facilitar la identificación y procesamiento de responsables».

 

Lejos de cumplir con esta exigencia, Iglesias Chouzas sigue siendo exhibido como héroe por la izquierda abertzale. SARE se reúne cada viernes de principio de mes en el barrio de Deusto para reclamar su excarcelación, mostrando pancartas con su nombre «Juankar» y promoviendo el hashtag #JuankarEtxera en su cuenta oficial de ‘X’. En mayo de 2025, las juventudes de EH Bildu aprovecharon un ambiente festivo para exhibir públicamente su imagen.

 

Además, su hija Olatz Iglesias, uno de los familiares más mediáticos de los etarras en prisión, participará en la II Conferencia general de SARE que se celebrará este mes de octubre y ha dado conferencias en el Parlamento Europeo tituladas «Luchas personales y políticas de los presos políticos: de la represión a la resistencia y a la reintegración», reforzando la narrativa de «preso político» y evidenciando la falta de arrepentimiento de su padre.

 

Consuelo Ordóñez ha subrayado una vez más que «si los presos etarras están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o ‘presos políticos’, no hay mayor prueba de que no se han arrepentido, dado que SORTU les prohíbe expresamente el arrepentimiento. Por tanto, una vez más, hablamos de un tercer grado fraudulento». «Si el Gobierno vasco continúa a este ritmo de concesiones de terceros grados y la Fiscalía de la Audiencia Nacional no los recurre, pronto veremos cómo se vacían las cárceles de presos de ETA sin que se arrepientan de sus crímenes, tal como la izquierda abertzale exigió en la negociación para el final de ETA», ha advertido Ordóñez.

 

COVITE ha censurado, una vez más, que el Gobierno vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en «cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen dejándose instrumentalizar por la izquierda abertzale e imponiendo a las víctimas su exhibición pública constante. Esas cartas son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos pide un acto de fe. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido», ha lamentado Consuelo Ordóñez. «Es vergonzoso que, tanto el Gobierno vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos».

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