Informe de Athena Forum
Cómo la identidad de género está reconfigurando silenciosamente la democracia europea
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Durante más de una década, una revolución silenciosa ha avanzado entre los pasillos de Bruselas y Estrasburgo. No ha hecho falta un solo voto en el Parlamento Europeo ni una enmienda constitucional. Bastó una serie de guías, estrategias y documentos blandos —esa “soft law” que nunca pasa por debate público— para transformar los fundamentos jurídicos sobre los que Europa edificó su noción de igualdad: la realidad biológica del sexo.
El informe Beneath the Surface —elaborado por la politóloga y exdiputada austriaca Faika El-Nagashi y la experta en políticas feministas Anna Zobnina bajo el sello del Athena Forum— disecciona con precisión quirúrgica lo que sus autoras definen como "una captura ideológica de las instituciones europeas". Una captura que habría sustituido progresivamente el lenguaje de la biología por el de la identidad, la evidencia por la creencia, el sexo por el género.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del estudio por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El desplazamiento del significado
El documento sostiene que el concepto fundacional de igualdad entre mujeres y hombres —consagrado desde 1957 en los tratados de Roma y en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la UE— ha sido redefinido sin votación ni consenso ciudadano. Allí donde la ley hablaba de mujeres y hombres, ahora se habla de “género” y “expresión de género”, términos ambiguos que permiten lecturas opuestas.
En palabras del informe: “Si ‘mujer’ puede significar cualquier cosa, finalmente no significa nada.” Esa indefinición, denuncian, ha desdibujado las bases materiales de los derechos de las mujeres: desde la recopilación de datos desagregados por sexo hasta la financiación de servicios exclusivos para víctimas de violencia sexual o la integridad del deporte femenino.
Los arquitectos invisibles
La investigación identifica a una red de organizaciones —ILGA-Europe, TGEU (Transgender Europe), OII-Europe, IGLYO y la EuroCentralAsian Lesbian* Community— como el “Big Five” del activismo trans europeo. Dotadas de decenas de millones de euros en fondos procedentes de programas comunitarios y fundaciones privadas, estas entidades habrían asumido un papel de co-redactoras de políticas públicas, participando como observadoras en comités del Consejo de Europa y en los grupos de trabajo de la Comisión.
A ello se suma un hecho simbólico pero decisivo: en 2015, Michael O’Flaherty, principal redactor de los Principios de Yogyakarta —documento de 2006 que pide incluso eliminar el registro legal del sexo en documentos oficiales—, fue nombrado director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA). Con él, la arquitectura conceptual de Yogyakarta se instaló en el corazón jurídico de la UE.
De la ley al lenguaje
El estudio de Athena Forum subraya que esta transformación no ha llegado por decretos, sino por vocabulario. Los términos SOGI, SOGIESC, LGBTIQ+, “identidad de género”, “expresión de género” han pasado de los panfletos militantes a los reglamentos administrativos. Y una vez institucionalizados, dice el informe, se vuelven incuestionables.
“Quien no domina esta nueva jerga queda fuera del debate público —advierte El-Nagashi—. Las instituciones premian la adhesión y castigan la duda.” Así, cuestionar los fundamentos de la teoría de la identidad de género puede equivaler hoy, en muchos organismos europeos, a incurrir en “discurso de odio”.
El informe traza una línea de tiempo: desde la adopción en 2010 de la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa —primer texto que introduce la “identidad de género” como categoría protegida— hasta la actual Estrategia LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, dirigida por la comisaria Helena Dalli, que promueve el autorreconocimiento legal del sexo (self-ID), la prohibición de las llamadas “terapias de conversión” y la inclusión de la identidad de género en las leyes de delitos de odio.
Todo ello, subraya el documento, sin estudios de impacto sobre los derechos de las mujeres, la infancia o los colectivos homosexuales. Un cambio, en palabras del informe, “adoptado sin ruido, pero con efectos tectónicos”.
La afirmación obligatoria
Uno de los capítulos más polémicos del informe se centra en la expansión de las leyes contra las “terapias de conversión”, nacidas originalmente para evitar prácticas coercitivas contra homosexuales, pero hoy reinterpretadas —según las autoras— para imponer la afirmación automática del autodiagnóstico de género en menores.
Países como Malta, Alemania, Francia, Grecia, España o Bélgica han incorporado leyes casi idénticas, que sancionan con multas o penas de prisión a terapeutas o padres que cuestionen una transición social o médica. “Lo que antes se llamaba curar al gay —alerta el texto— se ha convertido en transicionar al gay.”
El resultado, según el Athena Forum, es una presión sistémica sobre profesionales y familias: psicólogos atados a protocolos de afirmación, adolescentes con comorbilidades psiquiátricas mal evaluadas, y padres atemorizados ante la amenaza de ser acusados de transfobia.
Un sistema paralelo de gobernanza
La investigación describe cómo agencias no legislativas como el FRA o el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) han actuado como “conductos ideológicos”, integrando el concepto de identidad de género en todos los informes, encuestas y estrategias comunitarias. Lo que comenzó como asesoramiento técnico ha devenido —según el informe— en una segunda capa de gobernanza, con enorme poder normativo pero sin legitimidad democrática.
Esa red, unida a la coordinación transnacional de EQUINET, el foro de organismos de igualdad europeos, habría consolidado lo que el texto llama “una doctrina de sistema”, que convierte las definiciones activistas en referencia obligada para la elaboración de políticas públicas.
El riesgo para la libertad de expresión
El informe dedica un capítulo entero al marco de discurso de odio en expansión dentro de la UE y el Consejo de Europa. Lo que comenzó en los años noventa como una lucha contra el racismo y el antisemitismo se habría transformado en un instrumento de conformidad ideológica, donde el desacuerdo político o filosófico con la identidad de género puede interpretarse como delito.
“Crítica factual, basada en evidencias, se etiqueta ahora como odio”, advierten las autoras. Este nuevo paradigma, aseguran, amenaza la independencia académica, la libertad de prensa y la pluralidad dentro del feminismo europeo.
Exportar el modelo
El fenómeno no se limita al continente. Beneath the Surface muestra cómo la Unión Europea, a través de sus directrices diplomáticas LGBTI de 2013 y su Gender Action Plan, exporta el marco de identidad de género a países de África, Asia y América Latina. Las delegaciones europeas reciben instrucciones para financiar proyectos, participar en marchas del Orgullo y promover reformas legales en terceros países.
“El resultado —concluye el texto— es una nueva forma de imperialismo cultural que reemplaza el feminismo basado en la realidad material por un relativismo identitario global.”
La reacción que crece
Paradójicamente, la ola de reformas habría generado una respuesta cada vez más visible: académicos expulsados, periodistas sancionados, políticas como Faika El-Nagashi canceladas por sus antiguos compañeros de partido, y una nueva generación de asociaciones que reivindican la realidad biológica como fundamento jurídico de los derechos.
Athena Forum —que se define como un “think tank para el coraje democrático”— busca convertirse en ese contrapeso. Su manifiesto final llama a “recuperar el lenguaje de la verdad” y “restaurar la claridad en la ley”. “Sin la verdad biológica del sexo —escribe Zobnina—, los derechos de las mujeres se desvanecen en el aire.”
Lo que está en juego
Más allá de la controversia, el informe plantea una cuestión central: ¿puede una democracia sostenerse cuando su legislación se construye sobre categorías subjetivas? El dilema no es moral, sino epistemológico. Si la ley ya no distingue entre hombres y mujeres, ¿cómo proteger la maternidad, las cuotas paritarias o la violencia sexual como fenómenos diferenciados?
El documento no propone volver al pasado, sino recuperar la coherencia jurídica. Llama a revisar las estrategias de igualdad, a distinguir entre derechos basados en el sexo y en la orientación sexual, y a garantizar un espacio de debate libre de intimidación.
Durante más de una década, una revolución silenciosa ha avanzado entre los pasillos de Bruselas y Estrasburgo. No ha hecho falta un solo voto en el Parlamento Europeo ni una enmienda constitucional. Bastó una serie de guías, estrategias y documentos blandos —esa “soft law” que nunca pasa por debate público— para transformar los fundamentos jurídicos sobre los que Europa edificó su noción de igualdad: la realidad biológica del sexo.
El informe Beneath the Surface —elaborado por la politóloga y exdiputada austriaca Faika El-Nagashi y la experta en políticas feministas Anna Zobnina bajo el sello del Athena Forum— disecciona con precisión quirúrgica lo que sus autoras definen como "una captura ideológica de las instituciones europeas". Una captura que habría sustituido progresivamente el lenguaje de la biología por el de la identidad, la evidencia por la creencia, el sexo por el género.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del estudio por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El desplazamiento del significado
El documento sostiene que el concepto fundacional de igualdad entre mujeres y hombres —consagrado desde 1957 en los tratados de Roma y en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la UE— ha sido redefinido sin votación ni consenso ciudadano. Allí donde la ley hablaba de mujeres y hombres, ahora se habla de “género” y “expresión de género”, términos ambiguos que permiten lecturas opuestas.
En palabras del informe: “Si ‘mujer’ puede significar cualquier cosa, finalmente no significa nada.” Esa indefinición, denuncian, ha desdibujado las bases materiales de los derechos de las mujeres: desde la recopilación de datos desagregados por sexo hasta la financiación de servicios exclusivos para víctimas de violencia sexual o la integridad del deporte femenino.
Los arquitectos invisibles
La investigación identifica a una red de organizaciones —ILGA-Europe, TGEU (Transgender Europe), OII-Europe, IGLYO y la EuroCentralAsian Lesbian* Community— como el “Big Five” del activismo trans europeo. Dotadas de decenas de millones de euros en fondos procedentes de programas comunitarios y fundaciones privadas, estas entidades habrían asumido un papel de co-redactoras de políticas públicas, participando como observadoras en comités del Consejo de Europa y en los grupos de trabajo de la Comisión.
A ello se suma un hecho simbólico pero decisivo: en 2015, Michael O’Flaherty, principal redactor de los Principios de Yogyakarta —documento de 2006 que pide incluso eliminar el registro legal del sexo en documentos oficiales—, fue nombrado director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA). Con él, la arquitectura conceptual de Yogyakarta se instaló en el corazón jurídico de la UE.
De la ley al lenguaje
El estudio de Athena Forum subraya que esta transformación no ha llegado por decretos, sino por vocabulario. Los términos SOGI, SOGIESC, LGBTIQ+, “identidad de género”, “expresión de género” han pasado de los panfletos militantes a los reglamentos administrativos. Y una vez institucionalizados, dice el informe, se vuelven incuestionables.
“Quien no domina esta nueva jerga queda fuera del debate público —advierte El-Nagashi—. Las instituciones premian la adhesión y castigan la duda.” Así, cuestionar los fundamentos de la teoría de la identidad de género puede equivaler hoy, en muchos organismos europeos, a incurrir en “discurso de odio”.
El informe traza una línea de tiempo: desde la adopción en 2010 de la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa —primer texto que introduce la “identidad de género” como categoría protegida— hasta la actual Estrategia LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, dirigida por la comisaria Helena Dalli, que promueve el autorreconocimiento legal del sexo (self-ID), la prohibición de las llamadas “terapias de conversión” y la inclusión de la identidad de género en las leyes de delitos de odio.
Todo ello, subraya el documento, sin estudios de impacto sobre los derechos de las mujeres, la infancia o los colectivos homosexuales. Un cambio, en palabras del informe, “adoptado sin ruido, pero con efectos tectónicos”.
La afirmación obligatoria
Uno de los capítulos más polémicos del informe se centra en la expansión de las leyes contra las “terapias de conversión”, nacidas originalmente para evitar prácticas coercitivas contra homosexuales, pero hoy reinterpretadas —según las autoras— para imponer la afirmación automática del autodiagnóstico de género en menores.
Países como Malta, Alemania, Francia, Grecia, España o Bélgica han incorporado leyes casi idénticas, que sancionan con multas o penas de prisión a terapeutas o padres que cuestionen una transición social o médica. “Lo que antes se llamaba curar al gay —alerta el texto— se ha convertido en transicionar al gay.”
El resultado, según el Athena Forum, es una presión sistémica sobre profesionales y familias: psicólogos atados a protocolos de afirmación, adolescentes con comorbilidades psiquiátricas mal evaluadas, y padres atemorizados ante la amenaza de ser acusados de transfobia.
Un sistema paralelo de gobernanza
La investigación describe cómo agencias no legislativas como el FRA o el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) han actuado como “conductos ideológicos”, integrando el concepto de identidad de género en todos los informes, encuestas y estrategias comunitarias. Lo que comenzó como asesoramiento técnico ha devenido —según el informe— en una segunda capa de gobernanza, con enorme poder normativo pero sin legitimidad democrática.
Esa red, unida a la coordinación transnacional de EQUINET, el foro de organismos de igualdad europeos, habría consolidado lo que el texto llama “una doctrina de sistema”, que convierte las definiciones activistas en referencia obligada para la elaboración de políticas públicas.
El riesgo para la libertad de expresión
El informe dedica un capítulo entero al marco de discurso de odio en expansión dentro de la UE y el Consejo de Europa. Lo que comenzó en los años noventa como una lucha contra el racismo y el antisemitismo se habría transformado en un instrumento de conformidad ideológica, donde el desacuerdo político o filosófico con la identidad de género puede interpretarse como delito.
“Crítica factual, basada en evidencias, se etiqueta ahora como odio”, advierten las autoras. Este nuevo paradigma, aseguran, amenaza la independencia académica, la libertad de prensa y la pluralidad dentro del feminismo europeo.
Exportar el modelo
El fenómeno no se limita al continente. Beneath the Surface muestra cómo la Unión Europea, a través de sus directrices diplomáticas LGBTI de 2013 y su Gender Action Plan, exporta el marco de identidad de género a países de África, Asia y América Latina. Las delegaciones europeas reciben instrucciones para financiar proyectos, participar en marchas del Orgullo y promover reformas legales en terceros países.
“El resultado —concluye el texto— es una nueva forma de imperialismo cultural que reemplaza el feminismo basado en la realidad material por un relativismo identitario global.”
La reacción que crece
Paradójicamente, la ola de reformas habría generado una respuesta cada vez más visible: académicos expulsados, periodistas sancionados, políticas como Faika El-Nagashi canceladas por sus antiguos compañeros de partido, y una nueva generación de asociaciones que reivindican la realidad biológica como fundamento jurídico de los derechos.
Athena Forum —que se define como un “think tank para el coraje democrático”— busca convertirse en ese contrapeso. Su manifiesto final llama a “recuperar el lenguaje de la verdad” y “restaurar la claridad en la ley”. “Sin la verdad biológica del sexo —escribe Zobnina—, los derechos de las mujeres se desvanecen en el aire.”
Lo que está en juego
Más allá de la controversia, el informe plantea una cuestión central: ¿puede una democracia sostenerse cuando su legislación se construye sobre categorías subjetivas? El dilema no es moral, sino epistemológico. Si la ley ya no distingue entre hombres y mujeres, ¿cómo proteger la maternidad, las cuotas paritarias o la violencia sexual como fenómenos diferenciados?
El documento no propone volver al pasado, sino recuperar la coherencia jurídica. Llama a revisar las estrategias de igualdad, a distinguir entre derechos basados en el sexo y en la orientación sexual, y a garantizar un espacio de debate libre de intimidación.
