Ayer, 4 de noviembre de 2025, un empresario subió al estrado del Tribunal Supremo con la cara del que ha perdido mucho más que un expediente fiscal. Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecía como testigo en un juicio histórico —el primero contra un fiscal general en activo—, pero su intervención no fue la de un testigo cualquiera. Fue un alegato desesperado, una confesión pública de ruina personal, un grito en una sala que lo escuchaba todo menos a él.

El objeto del juicio es el Fiscal General Álvaro García Ortiz, fiel mandado de Pedro Sánchez, acusado de filtrar un correo confidencial en el que el abogado de González Amador proponía una conformidad por fraude fiscal. Pero ayer, durante hora y media de declaración entrecortada, el empresario invirtió los papeles: él era la víctima, García Ortiz el verdugo, y aquel correo filtrado el arma homicida.

"El fiscal general del Estado me ha destrozado la vida", dijo con voz quebrada. "Me mató públicamente. Pasé a ser el delincuente confeso del reino de España". Estaba muerto, repitió varias veces. Muerto antes del juicio, muerto sin sentencia, muerto por una nota de prensa y un email publicado en los medios.

Contó su estrategia inicial: resolver el asunto con Hacienda de forma discreta, sin ruido, sin que nadie supiera que el novio de Isabel Díaz Ayuso tenía problemas con el fisco. Desde el principio, aseguró, pidió a la presidenta madrileña y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que se mantuvieran al margen: "Era un asunto personal y quise resolverlo rápido y sin ruido". Confió en que "la Agencia Tributaria nunca ha filtrado datos" y siguió el consejo de conformarse. Jamás participó directamente en los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía, insistió, como si esa distancia le otorgara inocencia procedimental.

Pero el 12 de marzo de 2024 todo estalló. La portera de su edificio le avisó de que había un periodista abajo. Y entonces comenzó la pesadilla: su banco le cortó la línea de financiación, accedieron a su historial clínico, "me han arrastrado y pulverizado por toda España". Los gastos en abogados superan ya los 280.000 euros. El hombre que quería pasar desapercibido se convirtió en trending topic nacional.

Se presentó como víctima de una "maquinaria política y mediática": "Creo que soy el ariete político contrario. A mí es al que me han destrozado la vida". La tesis es clara: un español común, con un apellido tan anodino como González, que solo quería cerrar un expediente fiscal y terminó convertido en munición contra su pareja. "Era un español que quería llegar a un acuerdo con Hacienda y al que Hacienda no le ha permitido", lo defendería después Miguel Ángel Rodríguez, denunciando que "se está cometiendo una injusticia porque sale con una rival política".

Y entonces llegó el momento que congeló la sala. Cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, dio por concluido el interrogatorio y anunció un receso, González Amador pidió permiso para hablar una vez más. Quería dejar constancia, dijo, del daño irreparable. Y lanzó la frase: "O me voy de España o me suicido". El silencio fue absoluto. Martínez Arrieta respondió con sequedad judicial: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas".

Así terminó el testimonio de Alberto González Amador: con una amenaza velada de exilio o muerte, con un hombre que se ve a sí mismo no como investigado fiscal sino como mártir político, con un empresario que vino a testificar pero se marchó habiendo actuado su propia tragedia griega.

El juicio continúa. Pero ayer, en esa sala del Supremo, no se juzgaba solo una filtración. Se escenificaba el drama de un hombre que asegura haber sido ejecutado mediáticamente antes de pisar un tribunal. Y que ahora, paradójicamente, tendrá que sentarse en otro banquillo —esta vez como acusado— para defenderse de los delitos fiscales que su abogado ya reconoció por escrito.