España se encuentra en una encrucijada histórica. No es una frase hecha ni una exageración periodística: es la conclusión demoledora del IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, un diagnóstico de 710 páginas que radiografía una nación fracturada, donde las crisis se ensanchan, pero las recuperaciones nunca terminan de cerrar las heridas.

El dato es tan obsceno como revelador: 3,8 millones de viviendas permanecen vacías en España mientras millones de personas luchan contra la exclusión social y la imposibilidad de acceder a un hogar. Es la metáfora perfecta de un modelo de desarrollo que ha convertido la vivienda en inversión especulativa, traicionando el mandato constitucional que la consagra como derecho.

Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del informe por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502

"España bate récords europeos: más construcción, menos vivienda principal y precios desbocados", sentencia el informe. La hegemonía de la propiedad frente al alquiler ha concentrado la riqueza inmobiliaria en pocas manos, mientras una generación entera —los millennials y la Generación Z— ve cómo sus salarios se evaporan en un mercado habitacional enloquecido.

Si hay un hallazgo que quiebra certezas es este: el mercado laboral ha perdido su capacidad protectora. La precariedad se ha normalizado hasta afectar a casi la mitad de la población activa. Tener empleo ya no garantiza escapar de la vulnerabilidad.

"Una proporción significativa de trabajadores vive en situaciones de exclusión a pesar de estar empleados", revela el documento. La temporalidad, la parcialidad involuntaria y los salarios bajos dibujan un paisaje laboral donde el futuro es una quimera. Los jóvenes sufren una "doble cicatriz": empleos peores que sus predecesores y salarios iniciales que se reducen generación tras generación.

En solo treinta años, España ha transitado "de la hegemonía de clase media a la fragmentación hacia abajo". Donde antes había una clase media segura, hoy prolifera un deshilachado social: clase media baja (12%), clase obrera (13%) y clase pobre (17%).

Las clases intermedias, otrora motor de estabilidad democrática, perciben que "su contribución al crecimiento económico es mayor de lo que les llega". Ven con angustia cómo el coste de vida aumenta más que sus ingresos y cómo "sus hijos, más formados que ellos, tienen paradójicamente menos oportunidades de vivir a su mismo nivel".

El IX Informe FOESSA bautiza esta era como la "sociedad del desasosiego": anímicamente desorientada y socialmente desgarrada. Una sociedad "precarizada en la esfera material (trabajo y vivienda) y desnortada en lo que se refiere a la atmósfera del espíritu cultural".