España, en el epicentro europeo de la hostilidad contra los cristianos
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España, bajo el Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez, aparece en el último informe del Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (OIDAC Europe) como uno de los países del continente donde más crece la hostilidad contra los cristianos, situándose junto a Francia, Alemania y Reino Unido entre los Estados con mayor número de incidentes graves.
El documento, presentado en octubre de 2025, recoge un panorama inquietante: ataques físicos, vandalismo contra iglesias, procesos judiciales por rezar en la calle, investigaciones administrativas contra diócesis por su actividad pastoral y conflictos familiares donde el Estado limita la transmisión de la fe entre padres e hijos.
Según los datos recopilados por OIDAC, en Europa se registraron 2.211 delitos de odio anticristiano durante 2024, de los cuales 274 fueron agresiones o amenazas directas contra personas. España destaca con al menos 91 incidentes documentados, cifra que no incluye robos comunes y que refleja un incremento sostenido. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia confirma la tendencia: en España, los ataques violentos contra cristianos se han duplicado en un año y los actos de vandalismo han crecido un 12 %. De los 243 incidentes sobre libertad religiosa registrados en el país en 2024, 168 tuvieron como objetivo a cristianos, muy por encima de cualquier otro grupo.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del documnento por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El caso más extremo ocurrió en noviembre de 2024, cuando un hombre entró armado en un monasterio de Gilet (Valencia) y asesinó a golpes a un fraile de 76 años, dejando además seis heridos. El ataque, cometido entre gritos e insultos anticristianos, es señalado en el informe como un hito trágico del aumento de la violencia contra religiosos. Este clima aparece también reflejado en una encuesta realizada a 117 sacerdotes en España: el 67% afirma haber sufrido insultos o burlas, el 48% ha padecido vandalismo en su parroquia, el 20% daños en su propiedad personal (como arañazos en forma de cruz en coches u objetos), el 9% amenazas directas y el 5% agresiones físicas. Además, un abrumador 90% considera que existe un sesgo mediático persistente contra la Iglesia en la prensa española. El informe cita, como ejemplo, el caso en que RTVE tuvo que pedir disculpas después de calificar el crecimiento del protestantismo como “peligroso”, un lenguaje que contribuye, según OIDAC, a la estigmatización religiosa.
Las tensiones también alcanzan a los símbolos cristianos visibles en el espacio público. La aplicación de la totalitaria Ley de Memoria Democrática llevó, en octubre de 2024, a la retirada de una cruz en Neda (Galicia), pese a que ya no contenía ningún símbolo político. El observatorio advierte de que decisiones así terminan por tratar iconografía religiosa como si fuera propaganda franquista, erosionando la presencia legítima del cristianismo en la vida pública. Un fenómeno parecido se aprecia en los procesos penales abiertos en España contra personas que oran ante clínicas abortivas. Aunque el país no ha aprobado “zonas de exclusión” al estilo británico, desde 2022 se han procesado más de 20 personas por rezar o sostener carteles en silencio frente a centros donde se practican abortos. La Fiscalía incluso ha solicitado prisión para 21 personas acusadas de coacciones simplemente por participar en estos actos. Para OIDAC, el tipo penal del “acoso” se está aplicando de forma expansiva y está generando una criminalización indirecta de la oración en el espacio público.
La legislación de identidad de género es otro de los puntos de fricción. En enero de 2025, el Ministerio de Igualdad abrió una investigación contra siete diócesis católicas por supuestas vulneraciones de la Ley Trans al ofrecer acompañamiento pastoral, una norma que penaliza cualquier acción "dirigida a modificar la orientación o la identidad de género", incluso cuando la persona lo solicita voluntariamente. Las sanciones pueden llegar a 150.000 euros, y una reforma en trámite del Código Penal prevé penas de prisión. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha alertado de que esta legislación podría situar al clero en riesgo penal por practicar la confesión, la oración de acompañamiento o el simple consejo espiritual. La discriminación hacia comunidades evangélicas también aparece en otro ámbito: FEREDE denunció ante el Defensor del Pueblo que en ciudades como Talavera de la Reina o Ciudad Real se han prohibido funerales evangélicos en capillas de tanatorios, obligando a las familias a improvisar ceremonias en salas no adecuadas o trasladar los cadáveres a sus templos.
En 2025 también se confirmó una sentencia llamativa: el Tribunal Constitucional dio la razón a una madre que reclamaba impedir que el padre, de confesión evangélica, llevara a su hijo a la iglesia o leyera la Biblia con él. El alto tribunal estableció que solo la madre podía decidir sobre la educación religiosa del menor hasta los 12 años. Para OIDAC, este caso supone un precedente extremadamente problemático, pues permite que una opción secular de uno de los progenitores anule totalmente el derecho del otro a transmitir su fe, incluso en el ámbito privado del hogar. Tampoco ha pasado desapercibida la sentencia contra la Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (Tenerife), que fue obligada a admitir a una mujer pese a que sus estatutos, de tradición centenaria, la configuraban como hermandad masculina. Según el informe, estas resoluciones abren la puerta a que los tribunales modifiquen desde fuera normas internas de comunidades religiosas, debilitando su autonomía.
En contraste con estas tendencias, el informe también destaca la absolución del sacerdote Custodio Ballester, que después de ocho años de proceso fue eximido del delito de odio por unas declaraciones críticas con el islam. Pese al resultado favorable, OIDAC advierte que un proceso tan prolongado tiene un efecto disuasorio en la participación pública de los creyentes.
La conclusión general del informe es clara: España se ha convertido en un escenario de tensión creciente entre la práctica religiosa —especialmente cristiana— y un marco legal, cultural y mediático que tiende a reducir su presencia en la vida pública. Al aumento de la violencia y el vandalismo se suma un conjunto de normas que, aplicadas de forma expansiva, afectan de manera directa a la pastoral, la educación religiosa, los símbolos cristianos y la libertad de expresión de sacerdotes y laicos. Todo ello contribuye, según OIDAC Europe, a un clima de sospecha y hostilidad que amenaza la pluralidad democrática y la libertad religiosa en el país.
España, bajo el Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez, aparece en el último informe del Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (OIDAC Europe) como uno de los países del continente donde más crece la hostilidad contra los cristianos, situándose junto a Francia, Alemania y Reino Unido entre los Estados con mayor número de incidentes graves.
El documento, presentado en octubre de 2025, recoge un panorama inquietante: ataques físicos, vandalismo contra iglesias, procesos judiciales por rezar en la calle, investigaciones administrativas contra diócesis por su actividad pastoral y conflictos familiares donde el Estado limita la transmisión de la fe entre padres e hijos.
Según los datos recopilados por OIDAC, en Europa se registraron 2.211 delitos de odio anticristiano durante 2024, de los cuales 274 fueron agresiones o amenazas directas contra personas. España destaca con al menos 91 incidentes documentados, cifra que no incluye robos comunes y que refleja un incremento sostenido. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia confirma la tendencia: en España, los ataques violentos contra cristianos se han duplicado en un año y los actos de vandalismo han crecido un 12 %. De los 243 incidentes sobre libertad religiosa registrados en el país en 2024, 168 tuvieron como objetivo a cristianos, muy por encima de cualquier otro grupo.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del documnento por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El caso más extremo ocurrió en noviembre de 2024, cuando un hombre entró armado en un monasterio de Gilet (Valencia) y asesinó a golpes a un fraile de 76 años, dejando además seis heridos. El ataque, cometido entre gritos e insultos anticristianos, es señalado en el informe como un hito trágico del aumento de la violencia contra religiosos. Este clima aparece también reflejado en una encuesta realizada a 117 sacerdotes en España: el 67% afirma haber sufrido insultos o burlas, el 48% ha padecido vandalismo en su parroquia, el 20% daños en su propiedad personal (como arañazos en forma de cruz en coches u objetos), el 9% amenazas directas y el 5% agresiones físicas. Además, un abrumador 90% considera que existe un sesgo mediático persistente contra la Iglesia en la prensa española. El informe cita, como ejemplo, el caso en que RTVE tuvo que pedir disculpas después de calificar el crecimiento del protestantismo como “peligroso”, un lenguaje que contribuye, según OIDAC, a la estigmatización religiosa.
Las tensiones también alcanzan a los símbolos cristianos visibles en el espacio público. La aplicación de la totalitaria Ley de Memoria Democrática llevó, en octubre de 2024, a la retirada de una cruz en Neda (Galicia), pese a que ya no contenía ningún símbolo político. El observatorio advierte de que decisiones así terminan por tratar iconografía religiosa como si fuera propaganda franquista, erosionando la presencia legítima del cristianismo en la vida pública. Un fenómeno parecido se aprecia en los procesos penales abiertos en España contra personas que oran ante clínicas abortivas. Aunque el país no ha aprobado “zonas de exclusión” al estilo británico, desde 2022 se han procesado más de 20 personas por rezar o sostener carteles en silencio frente a centros donde se practican abortos. La Fiscalía incluso ha solicitado prisión para 21 personas acusadas de coacciones simplemente por participar en estos actos. Para OIDAC, el tipo penal del “acoso” se está aplicando de forma expansiva y está generando una criminalización indirecta de la oración en el espacio público.
La legislación de identidad de género es otro de los puntos de fricción. En enero de 2025, el Ministerio de Igualdad abrió una investigación contra siete diócesis católicas por supuestas vulneraciones de la Ley Trans al ofrecer acompañamiento pastoral, una norma que penaliza cualquier acción "dirigida a modificar la orientación o la identidad de género", incluso cuando la persona lo solicita voluntariamente. Las sanciones pueden llegar a 150.000 euros, y una reforma en trámite del Código Penal prevé penas de prisión. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha alertado de que esta legislación podría situar al clero en riesgo penal por practicar la confesión, la oración de acompañamiento o el simple consejo espiritual. La discriminación hacia comunidades evangélicas también aparece en otro ámbito: FEREDE denunció ante el Defensor del Pueblo que en ciudades como Talavera de la Reina o Ciudad Real se han prohibido funerales evangélicos en capillas de tanatorios, obligando a las familias a improvisar ceremonias en salas no adecuadas o trasladar los cadáveres a sus templos.
En 2025 también se confirmó una sentencia llamativa: el Tribunal Constitucional dio la razón a una madre que reclamaba impedir que el padre, de confesión evangélica, llevara a su hijo a la iglesia o leyera la Biblia con él. El alto tribunal estableció que solo la madre podía decidir sobre la educación religiosa del menor hasta los 12 años. Para OIDAC, este caso supone un precedente extremadamente problemático, pues permite que una opción secular de uno de los progenitores anule totalmente el derecho del otro a transmitir su fe, incluso en el ámbito privado del hogar. Tampoco ha pasado desapercibida la sentencia contra la Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (Tenerife), que fue obligada a admitir a una mujer pese a que sus estatutos, de tradición centenaria, la configuraban como hermandad masculina. Según el informe, estas resoluciones abren la puerta a que los tribunales modifiquen desde fuera normas internas de comunidades religiosas, debilitando su autonomía.
En contraste con estas tendencias, el informe también destaca la absolución del sacerdote Custodio Ballester, que después de ocho años de proceso fue eximido del delito de odio por unas declaraciones críticas con el islam. Pese al resultado favorable, OIDAC advierte que un proceso tan prolongado tiene un efecto disuasorio en la participación pública de los creyentes.
La conclusión general del informe es clara: España se ha convertido en un escenario de tensión creciente entre la práctica religiosa —especialmente cristiana— y un marco legal, cultural y mediático que tiende a reducir su presencia en la vida pública. Al aumento de la violencia y el vandalismo se suma un conjunto de normas que, aplicadas de forma expansiva, afectan de manera directa a la pastoral, la educación religiosa, los símbolos cristianos y la libertad de expresión de sacerdotes y laicos. Todo ello contribuye, según OIDAC Europe, a un clima de sospecha y hostilidad que amenaza la pluralidad democrática y la libertad religiosa en el país.
