El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo sitúa al PNV en el entramado de nombramientos que siguió a la moción de censura de 2018. Un archivo titulado exactamente "PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV.docx" recoge las exigencias que el partido nacionalista trasladó al PSOE en los días inmediatos a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

El archivo fue enviado el 7 de junio de 2018 —un día después de la investidura de Sánchez y del nombramiento de José Luis Ábalos como ministro de Fomento— por Santos Cerdán desde su cuenta de correo corporativa del PSOE. El entonces secretario de Organización socialista escribió a José Guillermo Berlanga, asistente técnico del Grupo Parlamentario: "Buenas tardes Jose, imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luis".

Las peticiones eran concretas y estratégicas. El PNV reclamaba mantener a Javier Cachón en el Ministerio de Medio Ambiente, "en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional". Además, exigía "un puesto importante en Adif" y "un puesto importante en INI o SEPI", cuyos nombres serían facilitados en una reunión posterior.

La relevancia de estas peticiones cobra dimensión al examinar el proyecto que la UCO identifica como origen de la trama. Javier Cachón, el funcionario que el PNV pedía mantener, firmaría el 31 de mayo de 2019 la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto minero Mina Muga en Navarra, promovido por una empresa con vínculos con Acciona.

Mina Muga fue el primer gran proyecto adjudicado a una UTE formada por Acciona y Servinabar, la empresa en la que Santos Cerdán tenía el 45% de las participaciones, donde los investigadores sitúan el origen de la presunta trama de amaños de obra pública.

El informe de la UCO no oculta la sospecha: "Resulta preciso destacar la propuesta de mantener a Javier Cachón en la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente puesto que éste habría sido el encargado de firmar la declaración de impacto ambiental favorable para Mina Muga".

Los investigadores documentan cómo el 10 de junio de 2018, Koldo García envió al exdirectivo de Acciona Fernando Merino dos documentos con propuestas de cargos para los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, junto con el archivo de peticiones del PNV. Días después, el 16 de junio, Cerdán presionaba a Koldo con urgencia: "Se han hecho varios nombramientos como no podamos meter alguno, nada será posible".

El informe de 227 páginas revelado este martes establece un patrón sistemático. La UCO ha podido demostrar que Acciona fue la "principal fuente de financiación" de Servinabar, mediante una operativa común: firmaban un memorándum de entendimiento antes del inicio de expedientes, y luego un contrato de prestación de servicios mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe de adjudicación.

El 75,33% de los beneficios de Servinabar procedían de ese 2% que Acciona pagaba por cada obra adjudicada. Santos Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de esta empresa, que además contrató a familiares suyos.

Fuentes del Euzkadi Buru Batzar del PNV han negado tener "ninguna vinculación" con la trama de corrupción y han subrayado que desconocen las "supuestas peticiones" recogidas en el informe. La formación nacionalista, entonces dirigida por Andoni Ortuzar, rechaza "de forma rotunda" que estos "supuestos nombramientos" tuvieran relación con la moción de censura de mayo de 2018.

Sin embargo, la UCO interpreta que estas tres peticiones fueron planteadas como contrapartida al apoyo del PNV a la moción de censura, que se saldó con 180 votos a favor, entre ellos los seis escaños peneuvistas.

El magistrado Leopoldo Puente acordó este martes levantar parcialmente el secreto de sumario y ha citado como investigados a tres directivos de Acciona —Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel— para el próximo 3 de diciembre. Santos Cerdán permanece en prisión preventiva mientras la investigación sigue destapando los hilos de una trama que ahora alcanza también a uno de los socios parlamentarios clave del Gobierno de Pedro Sánchez.