La comisaria europea socialista Teresa Ribera reveló ante la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo que la Comisión Europea prepara una propuesta legislativa destinada a establecer precios mínimos y máximos para los mercados de alquiler y de venta de viviendas en los Estados miembros. En respuesta a la eurodiputada Maravillas Abadía (PP), Ribera explicó que la iniciativa permitirá que los países fijen esos topes “acorde con las circunstancias nacionales, porque creemos que es importante”.

La medida se enmarca en la respuesta institucional al fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda en Europa, en la que tanto los alquileres como los precios de compraventa han experimentado incrementos persistentes. La Comisión entiende que, para garantizar una mayor estabilidad y equidad en el mercado residencial, es preciso intervenir regulando los extremos del abanico de tarifas. 

En cuanto a los plazos, la Comisión Europea prevé presentar su propuesta normativa en los próximos meses (se menciona primavera de 2026 como horizonte estimado para el plan global de vivienda asequible). Los Estados miembros deberán adaptar sus normativas nacionales para que puedan aplicar estas intervenciones de precios. Al mismo tiempo, en España ya está vigente la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que contempla la regulación de los precios del alquiler en zonas de mercado residencial tensionado. 

Los mecanismos previstos son los siguientes: la Comisión otorgará un marco de actuación que permitirá a los Estados miembros —en función de su contexto— adoptar herramientas como la fijación de precios máximos y mínimos en alquiler y venta. En España, la Ley ya permite declarar zonas de mercado “tensionado” para aplicar límites de actualización de renta, índices de referencia y topes para grandes tenedores de viviendas. 

Respecto a la aplicación concreta en España, el país se enfrenta a un grave desequilibrio entre demanda y oferta de vivienda accesible, por lo que la normativa europea ejercerá una presión adicional para ampliar el parque público y asequible. Las comunidades autónomas y los municipios deberán declarar las zonas tensionadas para activar los mecanismos de limitación de precios. Por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra, mediante su “Plan de Medidas para la Zona de Mercado Tensionado”, ya contempla fijar precios máximos de venta o alquiler en determinadas áreas. 

Por último, el anuncio ha generado críticas, sobre todo por parte del Partido Popular, que advirtió que “medidas de intervencionismo como el control de precios han demostrado no ser eficaces para abordar la crisis de la vivienda en Europa”.