Pujol no irá a la cárcel
Han pasado once años desde que Jordi Pujol reconociese que durante décadas había tenido dinero no declarado en el extranjero. Sólo ahora, después de tanto tiempo, se juzga a toda una familia que como organización criminal se dedicó a la corrupción y al cobro de comisiones ilegales, al fraude fiscal y al blanqueo de capitales.
No sé qué opinarán ustedes, pero a mí me parece una barbaridad de tiempo para juzgar unos hechos que se cometieron años atrás. En este lapsus, uno de los miembros de la trama, Marta Ferrusola, esposa de Pujol, falleció, por lo que quedó exonerada del proceso.
Al ex presidente catalán se le piden 9 años de condena y a sus hijos entre 8 y 29 años, lo que no es moco de pavo. Lo peor es que el patriarca de la saga y cabeza del entramado de corrupción no será juzgado según lo previsto, pues aparate de estar ingresado por neumonía, los forenses han dictaminado que padece un grave deterioro cognitivo que anula sus posibilidades de defensa.
Tenemos, pues, un caso en el que el principal acusado puede salirse de rositas sin necesidad de ser juzgado. En la hipótesis de que lo fuera, su edad (95 años) y su estado de salud impedirían su ingreso en prisión aunque fuese declarado culpable.
Ya ven a qué queda reducido el caso más mediático de corrupción política, que abarca a toda una familia y que es sintomático de las actividades del nacionalismo catalán hace unas décadas. La posibilidad de la exculpación de Jordi Pujol evidenciaría la impunidad de ciertas personas que no han sabido ser ejemplo de las responsabilidades de su cargo público.
Lo peor del asunto es que las prácticas delictivas, que sí las hubo, diga lo que diga la sentencia, fueron una actividad común en el ámbito soberanista catalán, que se enriqueció ilícitamente, al socaire de proclamas independentistas o similares. Por eso, por su carácter de ejemplaridad, el que Jordi Pujol se libre de responsabilidades de aquello por lo que se le acusa, es un mal precedente para todos aquellos que hacen de la política un negocio al margen de consideraciones legales y morales.
Han pasado once años desde que Jordi Pujol reconociese que durante décadas había tenido dinero no declarado en el extranjero. Sólo ahora, después de tanto tiempo, se juzga a toda una familia que como organización criminal se dedicó a la corrupción y al cobro de comisiones ilegales, al fraude fiscal y al blanqueo de capitales.
No sé qué opinarán ustedes, pero a mí me parece una barbaridad de tiempo para juzgar unos hechos que se cometieron años atrás. En este lapsus, uno de los miembros de la trama, Marta Ferrusola, esposa de Pujol, falleció, por lo que quedó exonerada del proceso.
Al ex presidente catalán se le piden 9 años de condena y a sus hijos entre 8 y 29 años, lo que no es moco de pavo. Lo peor es que el patriarca de la saga y cabeza del entramado de corrupción no será juzgado según lo previsto, pues aparate de estar ingresado por neumonía, los forenses han dictaminado que padece un grave deterioro cognitivo que anula sus posibilidades de defensa.
Tenemos, pues, un caso en el que el principal acusado puede salirse de rositas sin necesidad de ser juzgado. En la hipótesis de que lo fuera, su edad (95 años) y su estado de salud impedirían su ingreso en prisión aunque fuese declarado culpable.
Ya ven a qué queda reducido el caso más mediático de corrupción política, que abarca a toda una familia y que es sintomático de las actividades del nacionalismo catalán hace unas décadas. La posibilidad de la exculpación de Jordi Pujol evidenciaría la impunidad de ciertas personas que no han sabido ser ejemplo de las responsabilidades de su cargo público.
Lo peor del asunto es que las prácticas delictivas, que sí las hubo, diga lo que diga la sentencia, fueron una actividad común en el ámbito soberanista catalán, que se enriqueció ilícitamente, al socaire de proclamas independentistas o similares. Por eso, por su carácter de ejemplaridad, el que Jordi Pujol se libre de responsabilidades de aquello por lo que se le acusa, es un mal precedente para todos aquellos que hacen de la política un negocio al margen de consideraciones legales y morales.
