"Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales".

Aunque todavía no se ha redactado la sentencia final, cinco de los siete magistrados que conforman la sala del Tribunal Supremo que ha juzgado a Alvaro García Ortiz, han considerado que el fiscal general del Estado, afín al autócrata Pedro Sánchez, incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».

La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022. El Gobierno de extrema izquierda encabezado por el PSOE ha expresado su "respeto a la decisión del Tribunal Supremo", aunque afirma que no la comparte y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.

Durante seis jornadas, García Ortiz se sentó en el banquillo acusado de filtrar a la prensa un correo del abogado de González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un acuerdo con el fiscal que le investigaba. Este empresario está procesado por dicho fraude en un juzgado de Madrid.

Las acusaciones, en sus exposiciones finales, destacaron que la información de dicha confesión sirvió para elaborar la nota de prensa con la que la Fiscalía aclaró que era la pareja de Díaz Ayuso quien ofrecía un pacto al fiscal y no al revés, como se había difundido en varios medios y había transmitido el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

La sentencia, que se hará pública próximamete, deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, que ahora podrá presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Hay que recordar que siete acusaciones habían solicitado para el Fiscal General un arco de penas que oscilaba de entre 3 y 6 años de prisión, y hasta 12 años de inhabilitación, así como la suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, mientras que la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que ejercía la defensa, pedían la absolución.

Las acusación particular la ejerció la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las populares el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Tras conocerse la sentencia, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha señalado a través de X- Twitter que Álvaro Ortiz es el primer fiscal general condenado de la historia de España. "También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones".