El Gobierno Vasco ha firmado una resolución que, por su contenido, abre una grieta monumental en la credibilidad institucional de Euskadi: admite que ni controla ni registra si personas condenadas por terrorismo —incluidos exmiembros de ETA— ocupan puestos en la Administración pública vasca y, al mismo tiempo, bloquea cualquier intento de saberlo. La solicitud de información, presentada por el ciudadano Raúl González Zorrilla, director de Las Tribuna del País Vasco,  pedía un dato elemental en cualquier democracia madura: saber cuántos condenados por terrorismo trabajan actualmente en el Gobierno Vasco, en sus organismos públicos, empresas dependientes y fundaciones, así como la existencia de informes o debates internos sobre esta cuestión. La respuesta oficial es un boomerang institucional: el Gobierno Vasco afirma que no tiene esos datos porque nunca los ha pedido.

El informe de la Dirección de Empleo Público es explícito. La Administración reconoce que no solicita información sobre condenas por terrorismo a quienes acceden al empleo público, que la normativa vasca no establece ninguna limitación específica para contratar a personas condenadas por delitos de ETA más allá de una eventual inhabilitación judicial en vigor, y que, en consecuencia, no existen registros, controles ni bases de datos sobre este asunto. El reconocimiento es de enorme gravedad: el Gobierno Vasco no sabe si tiene funcionarios, interinos, personal laboral o trabajadores en empresas públicas con condenas por pertenencia a ETA. Y, lo que es más preocupante, tampoco parece tener intención de averiguarlo.

Pese a contar con un informe interno sobre la cuestión, la Administración decide inadmitir la solicitud. Para ello recurre al artículo 18.1.d de la Ley de Transparencia, alegando que la información “no obra en poder del órgano”. Esta maniobra jurídica funciona como un cortafuegos: no se busca, no se contrasta y no se responde. La fórmula elegida evita contestar a la pregunta esencial: ¿trabajan o no exterroristas de ETA dentro de la estructura del Gobierno Vasco? La indecisión no es jurídica: es política.

El razonamiento legal,  firmado por Amaia Jauregiberri Goenaga,
Directora de Servicios del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, cierra la solictud de una forma endeble.  No se trata de que la solicitud se dirigiera al órgano equivocado, sino de que la Administración no desea entrar en un asunto que podría resultar explosivo para la opinión pública. El Gobierno nacionalsocvialista vasco (PNV-PSE) no solo admite un vacío absoluto de control administrativo sobre la presencia de condenados por terrorismo en su plantilla: utiliza ese mismo vacío como argumento para negar información. El resultado es inquietante: una Administración que no mira, no pregunta y no quiere que nadie pregunte al respecto.

La resolución, que será recurrida, es, en sí misma, un terremoto político: el Ejecutivo vasco reconoce que no tiene constancia —porque nunca lo ha comprobado— de si entre sus empleados hay condenados por terrorismo, y la misma falta de control sirve como excusa para blindar la opacidad. El cuadro que queda dibujado es el de un Gobierno que, lejos de impulsar la transparencia, levanta un muro para evitar cualquier escrutinio en una materia central para la memoria democrática y la confianza pública.