El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido al PSOE que le remita todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, «con independencia del destinatario», y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que requirió eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría «graves derivaciones».

Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha contestado que no procede aclaración alguna, pues la providencia en la que formulaba dicha petición el 26 de noviembre es lo suficientemente clara. Y subraya que el PSOE debe presentar la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) «con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos».

Tras conocer el requerimiento del juez, el PSOE ha anunciado que entregará todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024. En un comunicado, el PSOE ha expresado su respeto a la decisión del juez, que atenderá con total normalidad y ha reiterado que las cuentas del partido están «fiscalizadas y auditadas».

Esta documentación se incorporará a la pieza separada de la causa donde investiga si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Para el juez, la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes, dado que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

El PSOE trasladó las «graves derivaciones» jurídicas, procesales, personales y de protección de datos que supondría aportar a la causa «todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el período cuestionado» y que incluirían «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».

Sin embargo, la Fiscalía, cuyo criterio ha seguido el magistrado, también vio «suficientemente clara» la petición del juez. Es más, dijo que no contenía «concepto oscuro» y que no se podía limitar únicamente a los pagos a investigados, sobre todo porque la información relativa a éstos ya fue facilitada al Tribunal Supremo, que es quien investiga a Ábalos por ser aforado en su condición de diputado.