Susana de la Puente señala las claves del nuevo rumbo de la fiscalidad verde en España
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La banquera de inversión peruana y exvicepresidenta de J.P. Morgan para América Latina, Susana de la Puente Wiese, profundiza en el papel que la fiscalidad verde ha ido adoptando dentro de la política económica contemporánea. Lo que hace apenas unos años se percibía como un instrumento complementario se ha convertido en una de las herramientas más poderosas —y, a la vez, más discutidas— para impulsar la transición ecológica. En un escenario en el que la sostenibilidad se ha vuelto casi una obligación, los impuestos dejan de ser simples mecanismos de recaudación para convertirse en palancas capaces de orientar la actividad económica hacia modelos productivos más respetuosos con el medio ambiente.
Según el análisis de Susana de la Puente, Españaavanza en la construcción de un marco fiscal alineado con los compromisos asumidos en el Pacto Verde europeo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, la cuestión de fondo trasciende la dimensión puramente técnica de la normativa tributaria. La pregunta clave es si el sistema fiscal puede utilizarse para equilibrar la competitividad económica de las empresas con la responsabilidad medioambiental que la sociedad exige cada vez con más claridad.
El debate sobre la fiscalidad verde en España y en la Unión Europea ya no se formula únicamente como una cuestión de impuestos, sino de estrategia de futuro. Lo que está en juego es la capacidad de las economías europeas para liderar la transición ecológica sin poner en riesgo el empleo, la innovación ni el bienestar social. En este contexto, el artículo de Susana de la Puente organiza la reflexión en tres grandes ámbitos: la aceptación social de los tributos ambientales, los retos que suponen para el tejido empresarial y el papel de Europa como referencia y garante de una transición justa y eficaz.
Susana de la Puente analiza la nueva sensibilidad climática
Para Susana de la Puente, uno de los cambios más significativos de los últimos años ha sido la evolución de la opinión pública en España. La ciudadanía ya no ve el sistema fiscal solo como una herramienta de recaudación, sino como un instrumento que puede y debe emplearse para combatir el cambio climático. Esta transformación no se basa en impresiones vagas, sino en datos concretos: el 74% de los españoles se muestra a favor de un régimen fiscal que premie a las empresas medioambientalmente responsables y penalice a aquellas que generan un mayor impacto negativo sobre el entorno.
Este apoyo social indica que ha calado la idea de que el mercado, por sí mismo, no corrige los desequilibrios ecológicos. La población asume que hacen falta incentivos claros y que los impuestos pueden convertirse en uno de los motores principales de la transición hacia una economía sostenible. En otras palabras, la fiscalidad verdese percibe como una forma de orientar comportamientos, no solo como un modo de recaudar recursos.
En este marco se enmarcan las medidas previstas para 2025, como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables o el nuevo gravamen a los residuos urbanos en los grandes municipios. Ambos tributos tienen como objetivo avanzar en la internalización de los costes ambientales, es decir, que el impacto ecológico se refleje también en los precios y en las decisiones empresariales. Sin embargo, Susana de la Puente advierte que el respaldo social no basta para garantizar el éxito de estas políticas: la eficacia de los tributos dependerá de la calidad de su diseño. No es suficiente etiquetar una tasa como “verde” para que tenga un efecto real sobre el entorno.
A ello se suma la creciente desconfianza hacia los sellos de sostenibilidad, cuya credibilidad ha caído ocho puntos desde 2019. Esta caída revela una ciudadanía más exigente, que demanda coherencia entre los discursos y las prácticas. La legitimidad de la fiscalidad verde dependerá, por tanto, de la transparencia con la que se explique, se aplique y se evalúe el impacto real de estos impuestos.
Efectos de los impuestos verdes en la actividad empresarial
En opinión de Susana de la Puente, el diseño de la fiscalidad verde se enfrenta a un equilibrio delicado. Por un lado, existe la necesidad de modificar el modelo productivo, reduciendo las emisiones y el uso intensivo de recursos. Por otro, es imprescindible mantener la competitividad de las empresas de Españaen un mercado global en el que los márgenes son cada vez más estrechos. De ahí que las críticas de la CEOE no deban interpretarse como un rechazo frontal a la fiscalidad ambiental, sino como una alerta sobre sus posibles efectos colaterales.
La banquera subraya varios puntos concretos: la complejidad burocrática, la lentitud en las devoluciones fiscales o la falta de agilidad en los mecanismos de desgravación. Todos estos factores pueden transformar lo que en teoría debería ser un incentivo a la inversión verde en un obstáculo añadido. Si el coste administrativo de cumplir con los requisitos es demasiado alto, muchas empresas preferirán no acogerse a los beneficios, lo que reduce el alcance de la política.
Este problema se agrava por la multiplicidad de modelos de declaración y la elevada carga administrativa asociada a estos tributos. Las grandes compañías, con departamentos especializados, tienen margen para asumir estos costes, pero las pequeñas y medianas empresas, que son esenciales para el tejido productivo de España, se ven desbordadas. Para Susana de la Puente, este desequilibrio puede erosionar el consenso social que hoy apoya la fiscalidad verde, si las pymes perciben que soportan una carga desproporcionada.
El verdadero desafío reside en pasar de un enfoque predominantemente punitivo a uno claramente incentivador. Los impuestos deben orientar las decisiones empresariales sin convertirse en un freno a la actividad económica. Desde la perspectiva de la banquera, una fiscalidad ambiental moderna tendría que incluir mecanismos ágiles de compensación para las compañías que apuesten por la innovación verde, simplificar al máximo la burocracia y garantizar que los ingresos se reinviertan en proyectos de transición energética, digitalización industrial y formación profesional ligada a los empleos verdes.
La UE fija la ruta fiscal, destaca Susana de la Puente
Tal y como explica la exvicepresidenta de J.P. Morgan, la consolidación de la fiscalidad verde no puede entenderse fuera del contexto europeo. El Pacto Verde de la Unión Europea establece un marco de referencia que obliga a los Estados miembros a avanzar en descarbonización, eficiencia energética y protección del entorno. Sin embargo, España recauda todavía por impuestos ambientales alrededor del 1,5% de su PIB, una cifra notablemente inferior a la media europea, situada en el 2,4%. Esta diferencia muestra que hay un amplio margen para reforzar los incentivos fiscales que favorezcan la transición ecológica.
El reto, según Susana de la Puente, no consiste solo en aumentar la recaudación, sino en asegurar que esos recursos se destinen a políticas realmente transformadoras. Es decir, que se orienten hacia la innovación tecnológica, la transición energética, la educación ambiental y la protección de los ecosistemas. El sector público tiene la responsabilidad de dirigir esta inversión y de actuar como puente entre los objetivos climáticos y la iniciativa privada.
La experiencia de otros países europeos, especialmente de los situados en el norte, pone de manifiesto la importancia de la estabilidad normativa y de la coordinación institucional. Allí donde la fiscalidad verde forma parte de una estrategia coherente de desarrollo sostenible, los costes administrativos disminuyen y las señales para las empresas son más claras. En cambio, en España y en otros Estados del sur de Europa todavía se detectan dispersión normativa y falta de coherencia entre los diferentes niveles de gobierno, lo que encarece la aplicación de las medidas y genera incertidumbre.
Desde la visión de Susana de la Puente, avanzar hacia un marco común que armonice criterios y reduzca la fragmentación regulatoria puede suponer un paso decisivo para ofrecer seguridad jurídica a empresas y consumidores, facilitando así la inversión en proyectos de transición ecológica.
Hacia una política tributaria más sostenible y estable
En la reflexión final de Susana de la Puente, la fiscalidad verde no debe contemplarse como un coste impuesto desde arriba, sino como una inversión colectiva en el futuro. La sociedad española ya ha dado el paso más complejo: aceptar que el cambio es inevitable y que el sistema fiscal debe contribuir a esa transformación. A partir de ahora, son las instituciones y el tejido empresarial quienes deben traducir esa voluntad en un modelo eficaz, coherente y duradero, capaz de combinar sostenibilidad, competitividad y justicia social.
La banquera de inversión peruana y exvicepresidenta de J.P. Morgan para América Latina, Susana de la Puente Wiese, profundiza en el papel que la fiscalidad verde ha ido adoptando dentro de la política económica contemporánea. Lo que hace apenas unos años se percibía como un instrumento complementario se ha convertido en una de las herramientas más poderosas —y, a la vez, más discutidas— para impulsar la transición ecológica. En un escenario en el que la sostenibilidad se ha vuelto casi una obligación, los impuestos dejan de ser simples mecanismos de recaudación para convertirse en palancas capaces de orientar la actividad económica hacia modelos productivos más respetuosos con el medio ambiente.
Según el análisis de Susana de la Puente, Españaavanza en la construcción de un marco fiscal alineado con los compromisos asumidos en el Pacto Verde europeo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, la cuestión de fondo trasciende la dimensión puramente técnica de la normativa tributaria. La pregunta clave es si el sistema fiscal puede utilizarse para equilibrar la competitividad económica de las empresas con la responsabilidad medioambiental que la sociedad exige cada vez con más claridad.
El debate sobre la fiscalidad verde en España y en la Unión Europea ya no se formula únicamente como una cuestión de impuestos, sino de estrategia de futuro. Lo que está en juego es la capacidad de las economías europeas para liderar la transición ecológica sin poner en riesgo el empleo, la innovación ni el bienestar social. En este contexto, el artículo de Susana de la Puente organiza la reflexión en tres grandes ámbitos: la aceptación social de los tributos ambientales, los retos que suponen para el tejido empresarial y el papel de Europa como referencia y garante de una transición justa y eficaz.
Susana de la Puente analiza la nueva sensibilidad climática
Para Susana de la Puente, uno de los cambios más significativos de los últimos años ha sido la evolución de la opinión pública en España. La ciudadanía ya no ve el sistema fiscal solo como una herramienta de recaudación, sino como un instrumento que puede y debe emplearse para combatir el cambio climático. Esta transformación no se basa en impresiones vagas, sino en datos concretos: el 74% de los españoles se muestra a favor de un régimen fiscal que premie a las empresas medioambientalmente responsables y penalice a aquellas que generan un mayor impacto negativo sobre el entorno.
Este apoyo social indica que ha calado la idea de que el mercado, por sí mismo, no corrige los desequilibrios ecológicos. La población asume que hacen falta incentivos claros y que los impuestos pueden convertirse en uno de los motores principales de la transición hacia una economía sostenible. En otras palabras, la fiscalidad verdese percibe como una forma de orientar comportamientos, no solo como un modo de recaudar recursos.
En este marco se enmarcan las medidas previstas para 2025, como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables o el nuevo gravamen a los residuos urbanos en los grandes municipios. Ambos tributos tienen como objetivo avanzar en la internalización de los costes ambientales, es decir, que el impacto ecológico se refleje también en los precios y en las decisiones empresariales. Sin embargo, Susana de la Puente advierte que el respaldo social no basta para garantizar el éxito de estas políticas: la eficacia de los tributos dependerá de la calidad de su diseño. No es suficiente etiquetar una tasa como “verde” para que tenga un efecto real sobre el entorno.
A ello se suma la creciente desconfianza hacia los sellos de sostenibilidad, cuya credibilidad ha caído ocho puntos desde 2019. Esta caída revela una ciudadanía más exigente, que demanda coherencia entre los discursos y las prácticas. La legitimidad de la fiscalidad verde dependerá, por tanto, de la transparencia con la que se explique, se aplique y se evalúe el impacto real de estos impuestos.
Efectos de los impuestos verdes en la actividad empresarial
En opinión de Susana de la Puente, el diseño de la fiscalidad verde se enfrenta a un equilibrio delicado. Por un lado, existe la necesidad de modificar el modelo productivo, reduciendo las emisiones y el uso intensivo de recursos. Por otro, es imprescindible mantener la competitividad de las empresas de Españaen un mercado global en el que los márgenes son cada vez más estrechos. De ahí que las críticas de la CEOE no deban interpretarse como un rechazo frontal a la fiscalidad ambiental, sino como una alerta sobre sus posibles efectos colaterales.
La banquera subraya varios puntos concretos: la complejidad burocrática, la lentitud en las devoluciones fiscales o la falta de agilidad en los mecanismos de desgravación. Todos estos factores pueden transformar lo que en teoría debería ser un incentivo a la inversión verde en un obstáculo añadido. Si el coste administrativo de cumplir con los requisitos es demasiado alto, muchas empresas preferirán no acogerse a los beneficios, lo que reduce el alcance de la política.
Este problema se agrava por la multiplicidad de modelos de declaración y la elevada carga administrativa asociada a estos tributos. Las grandes compañías, con departamentos especializados, tienen margen para asumir estos costes, pero las pequeñas y medianas empresas, que son esenciales para el tejido productivo de España, se ven desbordadas. Para Susana de la Puente, este desequilibrio puede erosionar el consenso social que hoy apoya la fiscalidad verde, si las pymes perciben que soportan una carga desproporcionada.
El verdadero desafío reside en pasar de un enfoque predominantemente punitivo a uno claramente incentivador. Los impuestos deben orientar las decisiones empresariales sin convertirse en un freno a la actividad económica. Desde la perspectiva de la banquera, una fiscalidad ambiental moderna tendría que incluir mecanismos ágiles de compensación para las compañías que apuesten por la innovación verde, simplificar al máximo la burocracia y garantizar que los ingresos se reinviertan en proyectos de transición energética, digitalización industrial y formación profesional ligada a los empleos verdes.
La UE fija la ruta fiscal, destaca Susana de la Puente
Tal y como explica la exvicepresidenta de J.P. Morgan, la consolidación de la fiscalidad verde no puede entenderse fuera del contexto europeo. El Pacto Verde de la Unión Europea establece un marco de referencia que obliga a los Estados miembros a avanzar en descarbonización, eficiencia energética y protección del entorno. Sin embargo, España recauda todavía por impuestos ambientales alrededor del 1,5% de su PIB, una cifra notablemente inferior a la media europea, situada en el 2,4%. Esta diferencia muestra que hay un amplio margen para reforzar los incentivos fiscales que favorezcan la transición ecológica.
El reto, según Susana de la Puente, no consiste solo en aumentar la recaudación, sino en asegurar que esos recursos se destinen a políticas realmente transformadoras. Es decir, que se orienten hacia la innovación tecnológica, la transición energética, la educación ambiental y la protección de los ecosistemas. El sector público tiene la responsabilidad de dirigir esta inversión y de actuar como puente entre los objetivos climáticos y la iniciativa privada.
La experiencia de otros países europeos, especialmente de los situados en el norte, pone de manifiesto la importancia de la estabilidad normativa y de la coordinación institucional. Allí donde la fiscalidad verde forma parte de una estrategia coherente de desarrollo sostenible, los costes administrativos disminuyen y las señales para las empresas son más claras. En cambio, en España y en otros Estados del sur de Europa todavía se detectan dispersión normativa y falta de coherencia entre los diferentes niveles de gobierno, lo que encarece la aplicación de las medidas y genera incertidumbre.
Desde la visión de Susana de la Puente, avanzar hacia un marco común que armonice criterios y reduzca la fragmentación regulatoria puede suponer un paso decisivo para ofrecer seguridad jurídica a empresas y consumidores, facilitando así la inversión en proyectos de transición ecológica.
Hacia una política tributaria más sostenible y estable
En la reflexión final de Susana de la Puente, la fiscalidad verde no debe contemplarse como un coste impuesto desde arriba, sino como una inversión colectiva en el futuro. La sociedad española ya ha dado el paso más complejo: aceptar que el cambio es inevitable y que el sistema fiscal debe contribuir a esa transformación. A partir de ahora, son las instituciones y el tejido empresarial quienes deben traducir esa voluntad en un modelo eficaz, coherente y duradero, capaz de combinar sostenibilidad, competitividad y justicia social.
