Un grave aviso resonó esta semana en el corazón político de Europa. Expertos internacionales en derechos humanos denunciaron ante legisladores de 28 países que la sustracción forzada de órganos en China continúa, alimentando lo que describen como una “industria de muerte” que opera desde centros de detención y prisiones del régimen comunista. La denuncia tuvo lugar durante la quinta cumbre anual de la Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), celebrada en Bruselas, y fue recogida por el diario estadounidense The Epoch Times, que difundió los testimonios y conclusiones del encuentro.
 

“Un crimen contra la humanidad que exige responsabilidad legal internacional”

Wayne Jordash, presidente de la organización Global Rights Compliance, lanzó el mensaje más contundente:

“Los Estados tienen la obligación legal de prevenir, mitigar y reparar la sustracción forzada de órganos”, afirmó ante los parlamentarios.

Según Jordash, el régimen chino habría convertido el país en un destino privilegiado para el turismo de trasplantes, con tiempos de espera anormalmente cortos que solo pueden explicarse por la existencia de un suministro de órganos procedente de personas vivas: presos de conciencia, minorías religiosas y detenidos por motivos políticos.

La advertencia del presidente del China Tribunal

En el foro también intervino Geoffrey Nice, presidente del China Tribunal, el tribunal internacional independiente que en 2019 concluyó que Beijing lleva a cabo extracción forzada de órganos de practicantes de Falun Gong y otros grupos perseguidos, calificando la práctica como crimen contra la humanidad.

Nice recordó a los legisladores que en numerosas investigaciones encubiertas, médicos y hospitales chinos ofrecieron órganos “listos” en cuestión de días, algo imposible en un sistema de donaciones voluntarias.

“Solo se puede explicar si los donantes están vivos en el momento de la extracción”, subrayó.

Legisladores llaman a actuar: prohibiciones, registros y sanciones

Tras escuchar a los expertos, los parlamentarios presentes acordaron impulsar legislación para:

• Prohibir el turismo de trasplantes hacia China y otros países sin garantías éticas.

• Sancionar a instituciones, médicos y agentes implicados en la cadena de suministro ilegal de órganos.

• Crear registros nacionales obligatorios que documenten origen y trazabilidad de todos los trasplantes.

• Reforzar la obligación de denuncia por parte de profesionales sanitarios cuando exista sospecha de complicidad.

La cumbre —según The Epoch Times— subrayó que la inacción de gobiernos occidentales no solo permite que la práctica continúe, sino que los expone a responsabilidad moral e incluso legal por mirar hacia otro lado.

Un sistema que persiste pese a la versión oficial de Beijing

China asegura desde 2015 que solo utiliza órganos procedentes de donantes voluntarios. Sin embargo, expertos internacionales llevan años denunciando que:

• Las cifras de donación no cuadran con el número real de trasplantes.

• La información pública es opaca o inconsistente.

• Los hospitales continúan prometiendo órganos en plazos incompatibles con sistemas éticos de donación.

Para muchos observadores, la combinación de represión política, beneficios económicos y opacidad estatal mantiene el sistema en funcionamiento.

Un “punto de inflexión” internacional

En Bruselas, la sensación compartida fue que la comunidad internacional se acerca a un punto de inflexión. Las nuevas legislaciones que preparan los parlamentos de Europa, América y Asia podrían —si se aplican con contundencia— dificultar la logística y financiación de un negocio que ha sido descrito como “la mayor violación contemporánea del derecho a la vida”.

“La pregunta ya no es si ocurre”, dijeron varios expertos durante el encuentro.
“La cuestión es qué estamos dispuestos a hacer para detenerlo”.