Los elevados impuestos al tabaco alimentan el crimen organizado en Europa
Un nuevo informe del Dr. Christopher Snowdon, Jefe de Economía en el Institute of Economic Affairs (IEA), advierte que la política fiscal europea sobre el tabaco está generando efectos contraproducentes. Según el estudio, los elevados impuestos —que representan entre el 70 % y el 85 % del precio final— están alimentando el crecimiento del comercio ilícito en toda Europa, debilitando los ingresos públicos y creando nuevos riesgos para la seguridad ciudadana.
El análisis, titulado "Arrojando luz sobre el mercado negro: Cómo los elevados impuestos sobre el tabaco están impulsando el comercio ilícito en Europa" identifica una correlación estadísticamente significativa entre los crecientes precios legales del tabaco y la expansión del mercado negro en los países de la Unión Europea y el Reino Unido, mostrando cómo la presión fiscal está desplazando el consumo hacia canales ilegales en lugar de reducirlo.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del estudio por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El análisis cuestiona directamente las afirmaciones de la Comisión Europea y de algunos defensores de la salud pública que restan importancia al impacto de los precios, sosteniendo que "no existe una proporcionalidad directa entre los niveles impositivos y el comercio ilícito". La evidencia presentada apunta en sentido contrario: estudios previos muestran que un incremento de solo un euro en el precio del paquete puede aumentar la cuota del mercado ilícito entre 5 y 12 puntos porcentuales, y el informe confirma una relación sólida entre los impuestos absolutos y las ventas ilegales.
Tanto la asequibilidad relativa como el precio minorista emergen como predictores decisivos del comercio ilícito, con una correlación clara y consistente. No obstante, en varios países de Europa del Este —como Rumanía, Bulgaria o Hungría— esta relación aparece atenuada debido a que los impuestos absolutos siguen siendo bajos (menos de 3 euros por paquete). Ello reduce los incentivos para el contrabando transfronterizo y limita los beneficios potenciales para las redes criminales. De forma llamativa, la cercanía a mercados como Rusia o Ucrania ya no explica por sí sola los niveles de contrabando, y tampoco lo hace la corrupción percibida: de hecho, economías consideradas "menos corruptas", como Francia o el Reino Unido, registran tasas de comercio ilícito más elevadas. En este último, además, las ventas legales de tabaco se han desplomado sin que disminuya la prevalencia del tabaquismo, lo que apunta a un desplazamiento masivo hacia el mercado negro.
El informe alerta sobre riesgos sistémicos: unos impuestos excesivamente altos no solo fracasan en reducir el consumo, sino que erosionan la recaudación y refuerzan las estructuras delictivas, reproduciendo dinámicas ya observadas en Australia, donde el contrabando ha ido acompañado de episodios de violencia. En este contexto, los resultados invitan a los responsables políticos a reconsiderar la propuesta de la Comisión Europea de aumentar el impuesto mínimo y a explorar alternativas que logren un equilibrio realista entre protección de la salud pública, sostenibilidad de ingresos y control de la legalidad.
Un nuevo informe del Dr. Christopher Snowdon, Jefe de Economía en el Institute of Economic Affairs (IEA), advierte que la política fiscal europea sobre el tabaco está generando efectos contraproducentes. Según el estudio, los elevados impuestos —que representan entre el 70 % y el 85 % del precio final— están alimentando el crecimiento del comercio ilícito en toda Europa, debilitando los ingresos públicos y creando nuevos riesgos para la seguridad ciudadana.
El análisis, titulado "Arrojando luz sobre el mercado negro: Cómo los elevados impuestos sobre el tabaco están impulsando el comercio ilícito en Europa" identifica una correlación estadísticamente significativa entre los crecientes precios legales del tabaco y la expansión del mercado negro en los países de la Unión Europea y el Reino Unido, mostrando cómo la presión fiscal está desplazando el consumo hacia canales ilegales en lugar de reducirlo.
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El análisis cuestiona directamente las afirmaciones de la Comisión Europea y de algunos defensores de la salud pública que restan importancia al impacto de los precios, sosteniendo que "no existe una proporcionalidad directa entre los niveles impositivos y el comercio ilícito". La evidencia presentada apunta en sentido contrario: estudios previos muestran que un incremento de solo un euro en el precio del paquete puede aumentar la cuota del mercado ilícito entre 5 y 12 puntos porcentuales, y el informe confirma una relación sólida entre los impuestos absolutos y las ventas ilegales.
Tanto la asequibilidad relativa como el precio minorista emergen como predictores decisivos del comercio ilícito, con una correlación clara y consistente. No obstante, en varios países de Europa del Este —como Rumanía, Bulgaria o Hungría— esta relación aparece atenuada debido a que los impuestos absolutos siguen siendo bajos (menos de 3 euros por paquete). Ello reduce los incentivos para el contrabando transfronterizo y limita los beneficios potenciales para las redes criminales. De forma llamativa, la cercanía a mercados como Rusia o Ucrania ya no explica por sí sola los niveles de contrabando, y tampoco lo hace la corrupción percibida: de hecho, economías consideradas "menos corruptas", como Francia o el Reino Unido, registran tasas de comercio ilícito más elevadas. En este último, además, las ventas legales de tabaco se han desplomado sin que disminuya la prevalencia del tabaquismo, lo que apunta a un desplazamiento masivo hacia el mercado negro.
El informe alerta sobre riesgos sistémicos: unos impuestos excesivamente altos no solo fracasan en reducir el consumo, sino que erosionan la recaudación y refuerzan las estructuras delictivas, reproduciendo dinámicas ya observadas en Australia, donde el contrabando ha ido acompañado de episodios de violencia. En este contexto, los resultados invitan a los responsables políticos a reconsiderar la propuesta de la Comisión Europea de aumentar el impuesto mínimo y a explorar alternativas que logren un equilibrio realista entre protección de la salud pública, sostenibilidad de ingresos y control de la legalidad.












