Crónica de los escándalos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez
El laberinto de la corrupción socialista
Es fácil perderse en el laberinto. Los nombres se acumulan, las tramas se entrelazan, los casos se multiplican como las cabezas de la hidra. Begoña Gómez, Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Víctor de Aldama, Leire Díez... La maraña de escándalos que desde hace dos años cerca al Gobierno de Pedro Sánchez se asemeja a un cuadro impresionista: de cerca, solo se ven trazos inconexos de múltiples colores. Pero basta tomar distancia para comprender que todo forma parte de un mismo lienzo. Esta es una guía práctica para no perderse en el bosque de la corrupción socialista. Un mapa para seguir la línea de puntos que conecta todos los escándalos que amenazan con derribar al presidente del Gobierno.
![[Img #29389]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2025/8564_pedro-sanchez-youtube.png)
El 20 de febrero de 2024 fue una mañana que obligó a los periodistas a aparcar cualquier otra cosa que estuvieran haciendo. La Guardia Civil detenía al asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Su nombre era Koldo García, un tipo grandullón de Baracaldo (Vizcaya), anónimo para el gran público, pero muy conocido en los despachos del poder socialista. Ese día, muchos de ellos notaron el suelo temblar bajo sus pies.
De Koldo García apenas se sabía entonces que era una suerte de sombra de José Luis Ábalos. Chófer, asesor, exportero de prostíbulo, hombre de los recados, conseguidor. Un guardián de muchos secretos inconfesables que le habían otorgado una posición de fuerza sobre el que fuera su jefe. Hoy, ambos están en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, esperando el primer juicio por el caso mascarillas.
Pedro Sánchez apenas llevaba unos meses en el poder. Corría el año 2018 y el tirano socialista presumía de lo que los muchos voceros izquierdistas llamaron "el Gobierno bonito". Había caras conocidas y respetadas que posteriormente demostraron que solamente eran eso: caras conocidas. El juez Fernando Grande-Marlaska, la fiscal Dolores Delgado, un astronauta, hasta un presentador de televisión. Pero detrás de los focos ya se estaba fraguando el pecado original de esta historia.
Ábalos, que había sido fiel escudero de Sánchez incluso en los peores momentos, se llevó el Ministerio de Transportes. Junto a él se quedó aquel grandullón que llegó a Madrid de la mano de Santos Cerdán, otro sanchista de los tiempos duros. A Koldo le dieron un móvil, un despacho y las llaves de acceso a las esferas del poder.
En los ambientes de chóferes y personal de seguridad, Koldo entabló relación con un escolta que tenía un hermano empresario. Así fue como conoció a Víctor de Aldama. Ambos fraguaron una relación que experimentó sus momentos más dulces durante la pandemia.
Aldama era comisionista y Koldo, la persona de confianza del ministro con más presupuesto del Gobierno, elegido por Pedro Sánchez para sentarse en el gabinete de crisis por el Covid. Ábalos era, además, el secretario de Organización del PSOE. Su poder era ilimitado. El pelotazo se hacía solo.
El resultado: Aldama se comprometió a pagar comisiones mensuales a Koldo y, a cambio, la empresa para la que trabajaba se adjudicó decenas de millones de euros en contratos públicos de administraciones socialistas para comprar material sanitario. No solo cerró acuerdos con ministerios como Transportes e Interior, también con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.
Además de comisiones, Aldama y sus socios colmaron al ministro de otros regalos: asumieron el alquiler de un piso de lujo en Madrid para su amante, una estudiante de odontología llamada Jessica Rodríguez. Ella y otras chicas aparecen en esta trama recibiendo dinero del ministro o directamente asumiendo como regalo puestos relevantes en empresas públicas.
El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo abrió juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso de información privilegiada. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares van más allá y piden 30 años para el exministro y su asesor.
Santos Cerdán: la caída del número tres
Si la mañana de la detención de Koldo en febrero de 2024 hizo temer a Pedro Sánchez, el día 12 de junio de 2025 directamente todo saltó por los aires. Los medios comenzaron a disparar como metralletas titulares de un informe de la Guardia Civil que ubicaba a Santos Cerdán al frente de una trama que iba mucho más allá de mascarillas a cambio de comisiones.
Lo que ahora arrojaban las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil era una organización más ambiciosa dedicada a la adjudicación de obras públicas del Ministerio de Transportes. Entre las empresas más señaladas aparecía Acciona. Tres meses antes, El Confidencial ya había avanzado que la Guardia Civil cercaba a Cerdán con un informe demoledor, pero el Gobierno estaba instalado en una estrategia de enfrentamiento directo con los pocos medios que no le son afines. Dirigentes socialistas tacharon de bulo la información.
Las grabaciones eran devastadoras. En una conversación de 2023, Koldo García afirmaba sin ambages: "Santos se ha quedado con dinero. Lo ha hecho delante de mí", y aportaba detalles sobre entregas en metálico de billetes de 500 euros. El informe de la UCO también describía intentos de Cerdán por posicionarse en empresas públicas como Indra, con el argumento de que "el 80% era para donar al partido".
El mismo día que se conoció el informe, Santos Cerdán presentó su dimisión como secretario de Organización del PSOE y renunció a su acta de diputado. El 30 de junio de 2025, el magistrado Leopoldo Puente le envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza, ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Pasó casi cinco meses en la cárcel antes de ser puesto en libertad en noviembre, aunque la investigación continúa.
La Fiscalía lo considera el jefe de una organización criminal. Según el informe de la UCO, el 75% de los ingresos de Servinabar, empresa vinculada a Cerdán y presidida por un tal Antxón Alonso, provenía de las mordidas del 2% que pagaba Acciona por obra pública. Los hechos investigados apuntan a que el Clan del Peugeot —como se conoce al grupo que acompañó a Sánchez en su campaña de primarias de 2017— siguió operando con total impunidad en el Gobierno hasta la detención de Koldo.
Estos mismos protagonistas son también los cabecillas de uno de los actos de corrupción ética más escandalosos de la España contemporánea. Todo comenzó con una sacudida el 24 de mayo de 2018. Aquel día, la Audiencia Nacional había dictado una sentencia que haría temblar los cimientos del Gobierno del PP: Gürtel era corrupción estructural, acreditada, institucionalizada. En Moncloa, Mariano Rajoy resistía apenas. En Ferraz, el depredador sin escrúpulos que Pedro Sánchez lleva dentro olía ya la sangre. Y en algún lugar del País Vasco, en un caserío de piedra centenaria, probablemente el conocido como caserío Txillarrre (donde los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Jesús Eguiguren mantuvieron encuentros con Arnaldo Otegi para pactar el fin de la violencia terrorista de ETA) aguardaba una reunión no menos trascendental que nunca figuraría en ninguna agenda oficial.
Durante años se repetiría la frase mágica: “No hubo reunión alguna”. Pero sí la hubo. Y no fue solo una. Fue un engranaje clandestino, una cadena de encuentros bajo el sirimiri vasco, protagonizada por cinco hombres cuyas trayectorias jamás debieron cruzarse: Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Arnaldo Otegi, Koldo García y Antxon Alonso.
Las piezas estaban listas. Solo faltaba hacerlas encajar.
Sucedió a finales de aquel mes de mayo, cuando los robles que rodean el aeropuerto de Bilbao todavía conservan el brillo húmedo de la primavera. El avión procedente de Madrid aterrizó sin ruido mediático. Pedro Sánchez y Santos Cerdán bajaron la escalerilla con paso firme, sin escoltas oficiales, sin fotógrafos, sin periodistas.
En la explanada de llegadas les esperaba un hombre corpulento, de barba descuidada y cejas tensas: Koldo García, chófer del partido, asesor de confianza en la sombra y más tarde protagonista de un escándalo que sacudiría el país. Había conducido durante horas desde Madrid, solo, en un Toyota Rav4 blanco propiedad del PSOE, siguiendo instrucciones precisas.
Los dos dirigentes socialistas subieron al asiento trasero del vehículo.
Sánchez se colocó justo detrás del conductor.
Cerdán, detrás del copiloto.
El motor rugió. Una de las operaciones más indecentes de la democracia española daba comienzo.
El destino no estaba en Bilbao. No estaba señalizado. No aparecía en ninguna aplicación de mapas. Antxon Alonso, empresario de Elgoibar, socio de Cerdán en la constructora Servinabar, hombre de confianza del PNV y figura clave en oscuros negocios posteriores —según la Guardia Civil—, les había marcado el camino hacia un caserío aislado, oculto “en un radio de 40 kilómetros entre el aeropuerto de Bilbao, Elorrio y Elgoibar”.
Antxon no figuraba en ninguna estructura oficial del PSOE. Sin embargo, fue él quien organizó la operación. Él fue quien habló con Otegi. Él fue quien preparó el escenario. Él fue quien, años después, se vería envuelto en un hilo de contratos públicos millonarios. Era el comodín de Cerdán. El hombre al que se llamaba cuando la política institucional necesitaba manos discretas para amasar lo indecente.
La carretera serpenteaba entre montes. El cielo se cerraba. Cuando el Toyota se detuvo frente al caserío, el aire olía a musgo, a piedra mojada, a bosque profundo. No había cámaras. No había guardias. No había rastro de Moncloa. El ex-etarra Arnaldo Otegi esperaba dentro. El dirigente abertzale —acompañado por “personas de máxima confianza” cuya identidad las fuentes prefirieron no revelar— recibió a Sánchez y Cerdán en una estancia amplia, con vigas oscuras y una mesa rústica de madera. La reunión duró casi tres horas. Fue allí, en silencio, sin testigos ajenos, donde comenzó realmente el derrumbe del Gobierno de Mariano Rajoy.
Koldo acompañó a los socialistas hasta la entrada, pero salió antes de empezar la conversación. Esperó fuera, en su doble condición de chófer y escolta de Pedro Sánchez. Dos funciones que, oficialmente, nunca tuvo.
La moción de censura que el PSOE preparaba contra Mariano Rajoy no necesitaba a Bildu para sumar. Sus dos diputados no eran decisivos. Pero sí simbólicos. Otegi lo sabía. Sánchez también. El apoyo de Bildu, aunque aritméticamente irrelevante, era el señalizador geopolítico que podía arrastrar al verdadero objetivo: el PNV. Los nacionalistas vascos acababan de aprobar los Presupuestos Generales de Rajoy. Su abstención parecía garantizada. Pero la cita en el caserío lo cambió todo. El pacto con Otegi fue la clave para inclinar la balanza cuando el tiempo se agotaba.
Este primer encuentro no fue el último. Tras él se celebraron dos reuniones adicionales, ya sin Pedro Sánchez, en el mismo caserío. En ellas participaron Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y Antxon Alonso. Allí se ultimaron los detalles. Allí se fijó la vía de interlocución permanente entre el PSOE y Bildu durante los años siguientes.
Mientras tanto, en Madrid, el hoy acusado por la Justicia José Luis Ábalos coordinaba las conversaciones con el PNV. Las fuentes presentes en aquellas horas admiten que hubo tensión máxima entre los negociadores. Los jeltzales habían apoyado a Rajoy días antes; cambiar de rumbo era arriesgado.
La clave llegó en forma de llamada: Pedro Sánchez marcó directamente el número del entonces máximo responsable del PNV, Andoni Ortuzar (hoy destacado nuevo dirigente de Telefónica). La amenaza implícita era clara: Si Bildu ya estaba dentro, el PNV quedaría solo sosteniendo a un Gobierno "de derechas" sentenciado por corrupción.
Pocas horas después, en la mañana del 1 de junio de 2018, el PNV cambió su posición. Votó "sí". Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Rajoy dejó La Moncloa para siempre.
Nadie habló del caserío.
Nadie habló de Antxon.
Nadie habló de Koldo.
Los tres quedaron fuera del relato oficial. Hasta hoy.
Años más tarde, cuando el caso Koldo estalló y la UCO rastreó negocios y comisiones, Sánchez afirmó en el Senado que su relación con el chófer era “anecdótica”. Y que no conocía a Antxon “que él recuerde”. Mintió, pues ambas afirmaciones contrastan con los hechos documentados del encuentro.
Bildu y el PSOE siguieron negando cualquier pacto previo a la moción. Pero los testimonios presenciales, las declaraciones del propio Otegi y la influencia posterior en Navarra desmentían esa versión.
Lo ocurrido en el caserío no solo fue un apoyo táctico. Fue el inicio de una relación política estable entre el PSOE y los herederos de ETA.
Hoy, tras conocerse esta información, el Gobierno de Pedro Sanchez, nuevamente, lo ha negado todo: "Es mentira, no se produjo la reunión entre Sánchez y Otegi. Es el ciclo del bulo". Pero hay un testigo privilegiado de lo que sucedió: Koldo García. "Es verdad lo publicado", yo no puedo desmentirlo bajo ningún concepto". De hecho, según publica El Español, el teléfono móvil de Koldo García incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contiene mensajes que corroboran la reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco cercano a la localidad guipuzcoana de Elgoíbar.
También José Luis Abalos, diputado en Las Cortes y ex ministro socialista implicado en diversos casos de corrupción por las que se le piden varios años de cárcel, ha confirmado esta información. A través de su cuenta en Twitter (X), ha señalado lo siguiente: «Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió».
Fuentes del caso Koldo aseguran que el dispositivo del asesor de Koldo García contiene pruebas de esa cita celebrada en 2018, en la que el actual presidente del Gobierno pidió apoyo al líder de Bildu para ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Este dispositivo fue requisado por la UCO durante la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 en su domicilio de Benidorm (Alicante).
Koldo García mantuvo conversaciones vía WhatsApp con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el constructor vasco Antxon Alonso sobre las reuniones con Otegi y Bildu en mayo de 2018. Además, en su agenda telefónica, encontrada por la UCO aparecen cuatro contactos vinculados a Bildu.
El dispositivo del exasesor de Ábalos contiene además conversaciones sobre las negociaciones del PSOE con el PNV y otros grupos políticos en un hotel de Madrid situado junto al Río Manzanares.
Begoña Gómez: la sombra de La Moncloa
Mientras las tramas de corrupción tanto económica como política y moral se multiplicaban, otro frente judicial se abría contra el Gobierno. Esta vez, el epicentro estaba en el Palacio de la Moncloa. La esposa del presidente del Ejecutivo socialista, Begoña Gómez, está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por cinco presuntos delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.
El caso gira en torno a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La investigación se centra en las cartas de recomendación que firmó para empresas del Grupo Barrabés, que posteriormente obtuvieron contratos públicos por valor de 8,4 millones de euros. El empresario Juan Carlos Barrabés está también investigado en la causa.
Especialmente grave es la investigación sobre Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. El juez Peinado investiga si se produjo un desvío de dinero público al servicio de intereses particulares de la esposa del presidente. Álvarez habría realizado gestiones privadas para la cátedra de Gómez durante su horario de trabajo como asesora, usando recursos públicos para fines particulares.
El 29 de septiembre de 2025, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presentó un informe a la Fiscalía Europea donde apuntaba que las cartas de recomendación de Begoña Gómez beneficiaron de forma "injusta e ilegalmente" a la UTE vinculada a Barrabés, detectando varias irregularidades y un potencial fraude de ley.
La investigación también incluye la presunta apropiación indebida de un software desarrollado para el máster que Gómez impartía en la UCM. Este mismo mes, el juez Peinado ha encargado a la UCO un informe sobre 38 correos electrónicos intercambiados entre Indra y Cristina Álvarez. La suma de los cinco delitos investigados podría suponer hasta 17 años de cárcel.
El Fiscal General del Estado: un caso sin precedentes
En medio del tsunami judicial, el miserable Gobierno socialista de Pedro Sánchez protagonizó otro episodio sin precedentes en la democracia española: el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por haber revelado datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El caso tuvo su origen en marzo de 2024, cuando estalló la controversia en torno al novio de Ayuso, investigado por fraude fiscal. El Gobierno creyó haber encontrado un balón de oxígeno y se lanzó contra la oposición. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedó en el centro de la batalla.
La sentencia del Supremo considera que el fiscal o alguien de su entorno, pero con su consentimiento, filtró un correo con datos reservados en el que el abogado del novio de Ayuso decía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. También fue responsable de una nota de prensa oficial difundida al día siguiente con información sobre una negociación privada.
Desde el principio, el Gobierno asumió la defensa de García Ortiz como propia. El propio Pedro Sánchez reivindicó su inocencia, incluso cuando se supo que había borrado los mensajes de su móvil al saberse investigado. Esta causa sometió a las instituciones del Estado a una tensión sin precedentes y se cobró la carrera política del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
Lobato recibió de Moncloa la orden de sacar el correo secreto durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Se negó ante el riesgo de cometer el mismo delito por el que han condenado al fiscal general. Para dejar constancia de su negativa, acudió a un notario para depositar los mensajes que le mandó la jefa de gabinete de Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Sánchez. Poco después, Lobato fue apartado.
La fontanera y la SEPI
La actualidad política desde hace meses ha adquirido un ritmo frenético donde un sobresalto sucede al anterior en cuestión de horas. El 10 de diciembre de 2025, todos los focos se centraron de nuevo en la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, concretamente en la noticia de su detención a manos de la UCO, la unidad de la Guardia Civil contra la que ella misma buscaba datos comprometedores.
El relato oficial del Gobierno pasaba por presentar a Leire Díez como un personaje estrafalario e inofensivo que actuó por su cuenta. Pero esa versión se tambalea tras su arresto. La operación policial cobró entidad al conocerse que junto a ella también estaba detenido el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
Hay un tercer detenido: Antxon Alonso, aquel empresario de Navarra que compartía la tapadera de las comisiones con Santos Cerdán en Servinabar. Cuando dejó la SEPI, el andaluz Vicente Fernández cruzó España para ejercer de directivo de esa empresita sin apenas trabajadores, pero que se hacía con lucrativos contratos públicos.
La Guardia Civil ha practicado decenas de registros, incluidos los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, la sede de la SEPI y Correos, donde trabajó Leire Díez. Este caso está bajo secreto de sumario, se investiga en la Audiencia Nacional y de momento se conocen pocos detalles, pero la línea de puntos se estrecha cada vez más.
Plus Ultra: el oro de Venezuela
El 12 de diciembre de 2025, agentes de la UDEF de la Policía Nacional se personaron en la sede de la aerolínea Plus Ultra para registrar las oficinas y detener a sus responsables por blanqueo de capitales. Uno de ellos es el dueño, Julio Martínez, considerado un empresario próximo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La Fiscalía vinculó a Plus Ultra con una red de blanqueo de capitales procedente del oro de Venezuela. Anticorrupción llegó a plasmar sus sospechas a finales del año pasado en una denuncia contra una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
El dinero procedía de la malversación de fondos llevada a cabo por funcionarios públicos de Venezuela con acceso al programa C.L.A.P. (Comités de Abastecimiento y Producción), un plan que puso en marcha el narcochavismo en 2016 para distribuir alimentos subsidiados a familias vulnerables. El otro origen del dinero malversado eran ventas de oro del Banco de Venezuela.
El Gobierno rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros por concesión del Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021. La operación generó una fuerte polémica por la escasa dimensión de la compañía —tenía un único avión en propiedad—, la opacidad del proceso y las dudas sobre su viabilidad. La SEPI denegó el expediente completo invocando confidencialidad.
El Hermano del Presidente
El círculo más íntimo del presidente tampoco ha escapado del escrutinio judicial. David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal en la Diputación de Badajoz, donde trabajaba como coordinador de conservatorios.
La investigación se centra en si utilizó su posición para obtener beneficios indebidos y en irregularidades en su régimen de trabajo y retribuciones. El caso añade otro frente familiar a los problemas judiciales del Gobierno, aunque se encuentra en una fase más inicial que las investigaciones contra Begoña Gómez.
Tomar perspectiva. Solo así se puede ver el patrón que conecta todos los trazos: una red de influencias, comisiones, favores y tráfico de poder que se extiende desde el Ministerio de Transportes hasta el Palacio de la Moncloa, desde las empresas públicas hasta los gobiernos autonómicos, desde las mascarillas de la pandemia hasta el oro de Venezuela.
Los casos se multiplican, pero el árbol genealógico de la corrupción se hace cada vez más nítido. Koldo García y José Luis Ábalos en prisión esperando juicio. Santos Cerdán, el número tres del PSOE, investigado tras pasar meses en la cárcel. El fiscal general del Estado, condenado. La esposa del presidente, imputada por cinco delitos. El hermano del presidente investigado. La SEPI registrada. Plus Ultra bajo sospecha de blanqueo del chavismo.
La línea de puntos se estrecha cada vez más. Y mientras Pedro Sánchez promete que agotará la legislatura hasta 2027, los tribunales continúan su trabajo. El laberinto se hace más complejo cada día, pero su salida depende ahora de la Justicia.
Es fácil perderse en el laberinto. Los nombres se acumulan, las tramas se entrelazan, los casos se multiplican como las cabezas de la hidra. Begoña Gómez, Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Víctor de Aldama, Leire Díez... La maraña de escándalos que desde hace dos años cerca al Gobierno de Pedro Sánchez se asemeja a un cuadro impresionista: de cerca, solo se ven trazos inconexos de múltiples colores. Pero basta tomar distancia para comprender que todo forma parte de un mismo lienzo. Esta es una guía práctica para no perderse en el bosque de la corrupción socialista. Un mapa para seguir la línea de puntos que conecta todos los escándalos que amenazan con derribar al presidente del Gobierno.
El 20 de febrero de 2024 fue una mañana que obligó a los periodistas a aparcar cualquier otra cosa que estuvieran haciendo. La Guardia Civil detenía al asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Su nombre era Koldo García, un tipo grandullón de Baracaldo (Vizcaya), anónimo para el gran público, pero muy conocido en los despachos del poder socialista. Ese día, muchos de ellos notaron el suelo temblar bajo sus pies.
De Koldo García apenas se sabía entonces que era una suerte de sombra de José Luis Ábalos. Chófer, asesor, exportero de prostíbulo, hombre de los recados, conseguidor. Un guardián de muchos secretos inconfesables que le habían otorgado una posición de fuerza sobre el que fuera su jefe. Hoy, ambos están en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, esperando el primer juicio por el caso mascarillas.
Pedro Sánchez apenas llevaba unos meses en el poder. Corría el año 2018 y el tirano socialista presumía de lo que los muchos voceros izquierdistas llamaron "el Gobierno bonito". Había caras conocidas y respetadas que posteriormente demostraron que solamente eran eso: caras conocidas. El juez Fernando Grande-Marlaska, la fiscal Dolores Delgado, un astronauta, hasta un presentador de televisión. Pero detrás de los focos ya se estaba fraguando el pecado original de esta historia.
Ábalos, que había sido fiel escudero de Sánchez incluso en los peores momentos, se llevó el Ministerio de Transportes. Junto a él se quedó aquel grandullón que llegó a Madrid de la mano de Santos Cerdán, otro sanchista de los tiempos duros. A Koldo le dieron un móvil, un despacho y las llaves de acceso a las esferas del poder.
En los ambientes de chóferes y personal de seguridad, Koldo entabló relación con un escolta que tenía un hermano empresario. Así fue como conoció a Víctor de Aldama. Ambos fraguaron una relación que experimentó sus momentos más dulces durante la pandemia.
Aldama era comisionista y Koldo, la persona de confianza del ministro con más presupuesto del Gobierno, elegido por Pedro Sánchez para sentarse en el gabinete de crisis por el Covid. Ábalos era, además, el secretario de Organización del PSOE. Su poder era ilimitado. El pelotazo se hacía solo.
El resultado: Aldama se comprometió a pagar comisiones mensuales a Koldo y, a cambio, la empresa para la que trabajaba se adjudicó decenas de millones de euros en contratos públicos de administraciones socialistas para comprar material sanitario. No solo cerró acuerdos con ministerios como Transportes e Interior, también con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.
Además de comisiones, Aldama y sus socios colmaron al ministro de otros regalos: asumieron el alquiler de un piso de lujo en Madrid para su amante, una estudiante de odontología llamada Jessica Rodríguez. Ella y otras chicas aparecen en esta trama recibiendo dinero del ministro o directamente asumiendo como regalo puestos relevantes en empresas públicas.
El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo abrió juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso de información privilegiada. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares van más allá y piden 30 años para el exministro y su asesor.
Santos Cerdán: la caída del número tres
Si la mañana de la detención de Koldo en febrero de 2024 hizo temer a Pedro Sánchez, el día 12 de junio de 2025 directamente todo saltó por los aires. Los medios comenzaron a disparar como metralletas titulares de un informe de la Guardia Civil que ubicaba a Santos Cerdán al frente de una trama que iba mucho más allá de mascarillas a cambio de comisiones.
Lo que ahora arrojaban las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil era una organización más ambiciosa dedicada a la adjudicación de obras públicas del Ministerio de Transportes. Entre las empresas más señaladas aparecía Acciona. Tres meses antes, El Confidencial ya había avanzado que la Guardia Civil cercaba a Cerdán con un informe demoledor, pero el Gobierno estaba instalado en una estrategia de enfrentamiento directo con los pocos medios que no le son afines. Dirigentes socialistas tacharon de bulo la información.
Las grabaciones eran devastadoras. En una conversación de 2023, Koldo García afirmaba sin ambages: "Santos se ha quedado con dinero. Lo ha hecho delante de mí", y aportaba detalles sobre entregas en metálico de billetes de 500 euros. El informe de la UCO también describía intentos de Cerdán por posicionarse en empresas públicas como Indra, con el argumento de que "el 80% era para donar al partido".
El mismo día que se conoció el informe, Santos Cerdán presentó su dimisión como secretario de Organización del PSOE y renunció a su acta de diputado. El 30 de junio de 2025, el magistrado Leopoldo Puente le envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza, ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Pasó casi cinco meses en la cárcel antes de ser puesto en libertad en noviembre, aunque la investigación continúa.
La Fiscalía lo considera el jefe de una organización criminal. Según el informe de la UCO, el 75% de los ingresos de Servinabar, empresa vinculada a Cerdán y presidida por un tal Antxón Alonso, provenía de las mordidas del 2% que pagaba Acciona por obra pública. Los hechos investigados apuntan a que el Clan del Peugeot —como se conoce al grupo que acompañó a Sánchez en su campaña de primarias de 2017— siguió operando con total impunidad en el Gobierno hasta la detención de Koldo.
Estos mismos protagonistas son también los cabecillas de uno de los actos de corrupción ética más escandalosos de la España contemporánea. Todo comenzó con una sacudida el 24 de mayo de 2018. Aquel día, la Audiencia Nacional había dictado una sentencia que haría temblar los cimientos del Gobierno del PP: Gürtel era corrupción estructural, acreditada, institucionalizada. En Moncloa, Mariano Rajoy resistía apenas. En Ferraz, el depredador sin escrúpulos que Pedro Sánchez lleva dentro olía ya la sangre. Y en algún lugar del País Vasco, en un caserío de piedra centenaria, probablemente el conocido como caserío Txillarrre (donde los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Jesús Eguiguren mantuvieron encuentros con Arnaldo Otegi para pactar el fin de la violencia terrorista de ETA) aguardaba una reunión no menos trascendental que nunca figuraría en ninguna agenda oficial.
Durante años se repetiría la frase mágica: “No hubo reunión alguna”. Pero sí la hubo. Y no fue solo una. Fue un engranaje clandestino, una cadena de encuentros bajo el sirimiri vasco, protagonizada por cinco hombres cuyas trayectorias jamás debieron cruzarse: Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Arnaldo Otegi, Koldo García y Antxon Alonso.
Las piezas estaban listas. Solo faltaba hacerlas encajar.
Sucedió a finales de aquel mes de mayo, cuando los robles que rodean el aeropuerto de Bilbao todavía conservan el brillo húmedo de la primavera. El avión procedente de Madrid aterrizó sin ruido mediático. Pedro Sánchez y Santos Cerdán bajaron la escalerilla con paso firme, sin escoltas oficiales, sin fotógrafos, sin periodistas.
En la explanada de llegadas les esperaba un hombre corpulento, de barba descuidada y cejas tensas: Koldo García, chófer del partido, asesor de confianza en la sombra y más tarde protagonista de un escándalo que sacudiría el país. Había conducido durante horas desde Madrid, solo, en un Toyota Rav4 blanco propiedad del PSOE, siguiendo instrucciones precisas.
Los dos dirigentes socialistas subieron al asiento trasero del vehículo.
Sánchez se colocó justo detrás del conductor.
Cerdán, detrás del copiloto.
El motor rugió. Una de las operaciones más indecentes de la democracia española daba comienzo.
El destino no estaba en Bilbao. No estaba señalizado. No aparecía en ninguna aplicación de mapas. Antxon Alonso, empresario de Elgoibar, socio de Cerdán en la constructora Servinabar, hombre de confianza del PNV y figura clave en oscuros negocios posteriores —según la Guardia Civil—, les había marcado el camino hacia un caserío aislado, oculto “en un radio de 40 kilómetros entre el aeropuerto de Bilbao, Elorrio y Elgoibar”.
Antxon no figuraba en ninguna estructura oficial del PSOE. Sin embargo, fue él quien organizó la operación. Él fue quien habló con Otegi. Él fue quien preparó el escenario. Él fue quien, años después, se vería envuelto en un hilo de contratos públicos millonarios. Era el comodín de Cerdán. El hombre al que se llamaba cuando la política institucional necesitaba manos discretas para amasar lo indecente.
La carretera serpenteaba entre montes. El cielo se cerraba. Cuando el Toyota se detuvo frente al caserío, el aire olía a musgo, a piedra mojada, a bosque profundo. No había cámaras. No había guardias. No había rastro de Moncloa. El ex-etarra Arnaldo Otegi esperaba dentro. El dirigente abertzale —acompañado por “personas de máxima confianza” cuya identidad las fuentes prefirieron no revelar— recibió a Sánchez y Cerdán en una estancia amplia, con vigas oscuras y una mesa rústica de madera. La reunión duró casi tres horas. Fue allí, en silencio, sin testigos ajenos, donde comenzó realmente el derrumbe del Gobierno de Mariano Rajoy.
Koldo acompañó a los socialistas hasta la entrada, pero salió antes de empezar la conversación. Esperó fuera, en su doble condición de chófer y escolta de Pedro Sánchez. Dos funciones que, oficialmente, nunca tuvo.
La moción de censura que el PSOE preparaba contra Mariano Rajoy no necesitaba a Bildu para sumar. Sus dos diputados no eran decisivos. Pero sí simbólicos. Otegi lo sabía. Sánchez también. El apoyo de Bildu, aunque aritméticamente irrelevante, era el señalizador geopolítico que podía arrastrar al verdadero objetivo: el PNV. Los nacionalistas vascos acababan de aprobar los Presupuestos Generales de Rajoy. Su abstención parecía garantizada. Pero la cita en el caserío lo cambió todo. El pacto con Otegi fue la clave para inclinar la balanza cuando el tiempo se agotaba.
Este primer encuentro no fue el último. Tras él se celebraron dos reuniones adicionales, ya sin Pedro Sánchez, en el mismo caserío. En ellas participaron Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y Antxon Alonso. Allí se ultimaron los detalles. Allí se fijó la vía de interlocución permanente entre el PSOE y Bildu durante los años siguientes.
Mientras tanto, en Madrid, el hoy acusado por la Justicia José Luis Ábalos coordinaba las conversaciones con el PNV. Las fuentes presentes en aquellas horas admiten que hubo tensión máxima entre los negociadores. Los jeltzales habían apoyado a Rajoy días antes; cambiar de rumbo era arriesgado.
La clave llegó en forma de llamada: Pedro Sánchez marcó directamente el número del entonces máximo responsable del PNV, Andoni Ortuzar (hoy destacado nuevo dirigente de Telefónica). La amenaza implícita era clara: Si Bildu ya estaba dentro, el PNV quedaría solo sosteniendo a un Gobierno "de derechas" sentenciado por corrupción.
Pocas horas después, en la mañana del 1 de junio de 2018, el PNV cambió su posición. Votó "sí". Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Rajoy dejó La Moncloa para siempre.
Nadie habló del caserío.
Nadie habló de Antxon.
Nadie habló de Koldo.
Los tres quedaron fuera del relato oficial. Hasta hoy.
Años más tarde, cuando el caso Koldo estalló y la UCO rastreó negocios y comisiones, Sánchez afirmó en el Senado que su relación con el chófer era “anecdótica”. Y que no conocía a Antxon “que él recuerde”. Mintió, pues ambas afirmaciones contrastan con los hechos documentados del encuentro.
Bildu y el PSOE siguieron negando cualquier pacto previo a la moción. Pero los testimonios presenciales, las declaraciones del propio Otegi y la influencia posterior en Navarra desmentían esa versión.
Lo ocurrido en el caserío no solo fue un apoyo táctico. Fue el inicio de una relación política estable entre el PSOE y los herederos de ETA.
Hoy, tras conocerse esta información, el Gobierno de Pedro Sanchez, nuevamente, lo ha negado todo: "Es mentira, no se produjo la reunión entre Sánchez y Otegi. Es el ciclo del bulo". Pero hay un testigo privilegiado de lo que sucedió: Koldo García. "Es verdad lo publicado", yo no puedo desmentirlo bajo ningún concepto". De hecho, según publica El Español, el teléfono móvil de Koldo García incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contiene mensajes que corroboran la reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco cercano a la localidad guipuzcoana de Elgoíbar.
También José Luis Abalos, diputado en Las Cortes y ex ministro socialista implicado en diversos casos de corrupción por las que se le piden varios años de cárcel, ha confirmado esta información. A través de su cuenta en Twitter (X), ha señalado lo siguiente: «Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió».
Fuentes del caso Koldo aseguran que el dispositivo del asesor de Koldo García contiene pruebas de esa cita celebrada en 2018, en la que el actual presidente del Gobierno pidió apoyo al líder de Bildu para ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Este dispositivo fue requisado por la UCO durante la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 en su domicilio de Benidorm (Alicante).
Koldo García mantuvo conversaciones vía WhatsApp con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el constructor vasco Antxon Alonso sobre las reuniones con Otegi y Bildu en mayo de 2018. Además, en su agenda telefónica, encontrada por la UCO aparecen cuatro contactos vinculados a Bildu.
El dispositivo del exasesor de Ábalos contiene además conversaciones sobre las negociaciones del PSOE con el PNV y otros grupos políticos en un hotel de Madrid situado junto al Río Manzanares.
Begoña Gómez: la sombra de La Moncloa
Mientras las tramas de corrupción tanto económica como política y moral se multiplicaban, otro frente judicial se abría contra el Gobierno. Esta vez, el epicentro estaba en el Palacio de la Moncloa. La esposa del presidente del Ejecutivo socialista, Begoña Gómez, está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por cinco presuntos delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.
El caso gira en torno a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La investigación se centra en las cartas de recomendación que firmó para empresas del Grupo Barrabés, que posteriormente obtuvieron contratos públicos por valor de 8,4 millones de euros. El empresario Juan Carlos Barrabés está también investigado en la causa.
Especialmente grave es la investigación sobre Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. El juez Peinado investiga si se produjo un desvío de dinero público al servicio de intereses particulares de la esposa del presidente. Álvarez habría realizado gestiones privadas para la cátedra de Gómez durante su horario de trabajo como asesora, usando recursos públicos para fines particulares.
El 29 de septiembre de 2025, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presentó un informe a la Fiscalía Europea donde apuntaba que las cartas de recomendación de Begoña Gómez beneficiaron de forma "injusta e ilegalmente" a la UTE vinculada a Barrabés, detectando varias irregularidades y un potencial fraude de ley.
La investigación también incluye la presunta apropiación indebida de un software desarrollado para el máster que Gómez impartía en la UCM. Este mismo mes, el juez Peinado ha encargado a la UCO un informe sobre 38 correos electrónicos intercambiados entre Indra y Cristina Álvarez. La suma de los cinco delitos investigados podría suponer hasta 17 años de cárcel.
El Fiscal General del Estado: un caso sin precedentes
En medio del tsunami judicial, el miserable Gobierno socialista de Pedro Sánchez protagonizó otro episodio sin precedentes en la democracia española: el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por haber revelado datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El caso tuvo su origen en marzo de 2024, cuando estalló la controversia en torno al novio de Ayuso, investigado por fraude fiscal. El Gobierno creyó haber encontrado un balón de oxígeno y se lanzó contra la oposición. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedó en el centro de la batalla.
La sentencia del Supremo considera que el fiscal o alguien de su entorno, pero con su consentimiento, filtró un correo con datos reservados en el que el abogado del novio de Ayuso decía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. También fue responsable de una nota de prensa oficial difundida al día siguiente con información sobre una negociación privada.
Desde el principio, el Gobierno asumió la defensa de García Ortiz como propia. El propio Pedro Sánchez reivindicó su inocencia, incluso cuando se supo que había borrado los mensajes de su móvil al saberse investigado. Esta causa sometió a las instituciones del Estado a una tensión sin precedentes y se cobró la carrera política del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
Lobato recibió de Moncloa la orden de sacar el correo secreto durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Se negó ante el riesgo de cometer el mismo delito por el que han condenado al fiscal general. Para dejar constancia de su negativa, acudió a un notario para depositar los mensajes que le mandó la jefa de gabinete de Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Sánchez. Poco después, Lobato fue apartado.
La fontanera y la SEPI
La actualidad política desde hace meses ha adquirido un ritmo frenético donde un sobresalto sucede al anterior en cuestión de horas. El 10 de diciembre de 2025, todos los focos se centraron de nuevo en la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, concretamente en la noticia de su detención a manos de la UCO, la unidad de la Guardia Civil contra la que ella misma buscaba datos comprometedores.
El relato oficial del Gobierno pasaba por presentar a Leire Díez como un personaje estrafalario e inofensivo que actuó por su cuenta. Pero esa versión se tambalea tras su arresto. La operación policial cobró entidad al conocerse que junto a ella también estaba detenido el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
Hay un tercer detenido: Antxon Alonso, aquel empresario de Navarra que compartía la tapadera de las comisiones con Santos Cerdán en Servinabar. Cuando dejó la SEPI, el andaluz Vicente Fernández cruzó España para ejercer de directivo de esa empresita sin apenas trabajadores, pero que se hacía con lucrativos contratos públicos.
La Guardia Civil ha practicado decenas de registros, incluidos los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, la sede de la SEPI y Correos, donde trabajó Leire Díez. Este caso está bajo secreto de sumario, se investiga en la Audiencia Nacional y de momento se conocen pocos detalles, pero la línea de puntos se estrecha cada vez más.
Plus Ultra: el oro de Venezuela
El 12 de diciembre de 2025, agentes de la UDEF de la Policía Nacional se personaron en la sede de la aerolínea Plus Ultra para registrar las oficinas y detener a sus responsables por blanqueo de capitales. Uno de ellos es el dueño, Julio Martínez, considerado un empresario próximo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La Fiscalía vinculó a Plus Ultra con una red de blanqueo de capitales procedente del oro de Venezuela. Anticorrupción llegó a plasmar sus sospechas a finales del año pasado en una denuncia contra una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
El dinero procedía de la malversación de fondos llevada a cabo por funcionarios públicos de Venezuela con acceso al programa C.L.A.P. (Comités de Abastecimiento y Producción), un plan que puso en marcha el narcochavismo en 2016 para distribuir alimentos subsidiados a familias vulnerables. El otro origen del dinero malversado eran ventas de oro del Banco de Venezuela.
El Gobierno rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros por concesión del Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021. La operación generó una fuerte polémica por la escasa dimensión de la compañía —tenía un único avión en propiedad—, la opacidad del proceso y las dudas sobre su viabilidad. La SEPI denegó el expediente completo invocando confidencialidad.
El Hermano del Presidente
El círculo más íntimo del presidente tampoco ha escapado del escrutinio judicial. David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal en la Diputación de Badajoz, donde trabajaba como coordinador de conservatorios.
La investigación se centra en si utilizó su posición para obtener beneficios indebidos y en irregularidades en su régimen de trabajo y retribuciones. El caso añade otro frente familiar a los problemas judiciales del Gobierno, aunque se encuentra en una fase más inicial que las investigaciones contra Begoña Gómez.
Tomar perspectiva. Solo así se puede ver el patrón que conecta todos los trazos: una red de influencias, comisiones, favores y tráfico de poder que se extiende desde el Ministerio de Transportes hasta el Palacio de la Moncloa, desde las empresas públicas hasta los gobiernos autonómicos, desde las mascarillas de la pandemia hasta el oro de Venezuela.
Los casos se multiplican, pero el árbol genealógico de la corrupción se hace cada vez más nítido. Koldo García y José Luis Ábalos en prisión esperando juicio. Santos Cerdán, el número tres del PSOE, investigado tras pasar meses en la cárcel. El fiscal general del Estado, condenado. La esposa del presidente, imputada por cinco delitos. El hermano del presidente investigado. La SEPI registrada. Plus Ultra bajo sospecha de blanqueo del chavismo.
La línea de puntos se estrecha cada vez más. Y mientras Pedro Sánchez promete que agotará la legislatura hasta 2027, los tribunales continúan su trabajo. El laberinto se hace más complejo cada día, pero su salida depende ahora de la Justicia.
