A través de un comunicado, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) manifiesta su profunda preocupación y rechazo frontal ante la información conocida sobre la elaboración de un listado en la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao en el que se está identificando a los agentes que saben hablar euskera y, lo que resulta aún más alarmante, a aquellos que lo utilizan en sus conversaciones personales y profesionales entre compañeros durante el turno de trabajo.

Según la información trasladada a los agentes, esta iniciativa habría sido encomendada desde la Jefatura Territorial de Vizcaya y ejecutada por un jefe de operaciones que durante varios briefings ha anunciado la obligación de preguntar, uno por uno, a los más de 600 agentes destinados en las comisarías de Bizkaia sobre su dominio del euskera, su titulación lingüística y el uso real que hacen de esta lengua en su jornada laboral.

Para el Si.P.E., "esta actuación cruza una línea muy peligrosa, ya que no se limita a verificar titulaciones oficiales o a garantizar la atención a la ciudadanía en cualquiera de las lenguas cooficiales, sino que pretende fiscalizar el comportamiento lingüístico de los agentes en sus relaciones internas, algo que supone un intento de control ideológico impropio de un cuerpo policial moderno y profesional".

El Si.P.E. considera especialmente grave que se esté señalando o clasificando a los ertzainas no solo por su formación acreditada, sino por la lengua que utilizan espontáneamente al hablar con sus compañeros, en un contexto laboral que debería estar presidido por la neutralidad, el respeto y la libertad individual. "Este tipo de prácticas pueden generar un clima de presión, desconfianza y división interna, afectando negativamente a la cohesión de las plantillas y al correcto funcionamiento del servicio policial".

Desde el Si.P.E. recordamos, señala el sindicato policial, "que el euskera ya es un requisito en el acceso a la Ertzaintza, y que, según los propios datos oficiales del III Plan de Normalización del Uso del Euskera, más del 61% de la plantilla estaba euskaldunizada en 2023, con un crecimiento sostenido respecto a años anteriores. En las últimas promociones, más de ocho de cada diez agentes accedieron con perfiles lingüísticos B2 o C1. Estos datos evidencian que no existe un problema estructural de conocimiento del idioma, sino, en todo caso, una realidad sociolingüística diversa que no puede abordarse desde la imposición ni el señalamiento".

El Si.P.E. rechaza también la explicación ofrecida por el Departamento de Seguridad sobre la creación de un supuesto "grupo tractor" para incentivar el uso del euskera entre los agentes. "Incentivar no puede significar vigilar, listar o señalar, y mucho menos convertir a mandos intermedios en inquisidores lingüísticos dentro de las comisarías!".

"Resulta, además, incomprensible y una auténtica vergüenza que la Ertzaintza y el Gobierno Vasco dediquen tiempo, esfuerzos y recursos humanos a este tipo de iniciativas de marcado carácter político o ideológico, mientras siguen sin atender las verdaderas necesidades de los ertzainas". El Si.P.E. denuncia que los agentes continúan trabajando con carencias graves de material, con equipamiento obsoleto o insuficiente, y sin las condiciones de seguridad adecuadas para desempeñar una labor que conlleva riesgos diarios.

"A ello se suma la falta crónica de efectivos, la negativa a incrementar de manera real y efectiva el catálogo de puestos de trabajo, y la sobrecarga de trabajo que padecen muchas unidades y comisarías, incluida la de Bilbao. Estos problemas estructurales sí afectan directamente a la seguridad ciudadana y al bienestar laboral de los agentes, pero siguen sin ser una prioridad para el Departamento de Seguridad".