Durante años, el régimen comunista venezolano fue descrito por la Europa socialdemócrata como un problema lejano, encapsulado en su propio colapso económico, su deriva autoritaria y una crisis humanitaria que parecía no desbordar sus fronteras. Una tragedia sudamericana, incómoda pero manejable. Hoy, esa lectura se desmorona.

Los documentos, testimonios y decisiones políticas que han emergido en los últimos meses dibujan un escenario radicalmente distinto: Venezuela ya no aparece solo como un Estado totalitario fallido, sino como un presunto nodo operativo de una red criminal transnacional, donde confluyen narcotráfico, crimen organizado exportado, alianzas con potencias hostiles a Occidente y una sofisticada arquitectura de evasión económica y geopolítica. Un sistema. Una telaraña.

Las cartas enviadas a Donald Trump por antiguos altos mandos del chavismo —hoy presos en Estados Unidos— funcionan como detonadores de una historia más amplia. Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, y otros oficiales describen un Estado que habría convertido sus instituciones en infraestructura criminal, utilizando rutas del narcotráfico, bandas como el Tren de Aragua y vínculos con organizaciones terroristas extranjeras como herramientas de presión estratégica. No accidentes. Diseño.

Washington ha decidido leer estas acusaciones dentro de un patrón previo. Informes de la DEA, procesos judiciales abiertos desde hace años y sanciones acumuladas configuran un marco que explica la decisión estadounidense de ir más allá: la designación del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas. El narcotráfico venezolano deja de ser delito para convertirse, en la narrativa de seguridad nacional, en un acto hostil equiparable al terrorismo.

A partir de ahí, el tablero cambia. Bloqueos navales, incautación de petroleros, sanciones a familiares del poder chavista, presión financiera extrema. El objetivo ya no es negociar una transición: es neutralizar una amenaza. Venezuela deja de ser un problema regional y pasa a ocupar un lugar en la cartografía de la guerra híbrida.

Pero el expediente no se sostiene sobre un solo eje.

Junto a Irán —el socio ideológico, el aliado militar, el compañero de sanciones— aparece un actor mucho más silencioso y decisivo: China.

A diferencia de Teherán, Pekín no necesita retórica revolucionaria ni gestos provocadores. Su presencia en Venezuela ha sido metódica, contractual, estructural. Durante más de una década, China ha financiado al régimen chavista con decenas de miles de millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo, ha construido infraestructuras críticas, ha implantado tecnología de control social y ha ofrecido al régimen algo fundamental: oxígeno sin condiciones democráticas.

El nuevo sistema de identificación digital venezolano, los proyectos de telecomunicaciones, la cooperación tecnológica y los mecanismos de pago alternativos al dólar forman parte de una misma lógica: reducir la dependencia del orden financiero occidental. Venezuela se convierte así en un laboratorio extremo de un modelo que China ha ensayado en otros lugares: apoyo económico, soberanía autoritaria y neutralidad moral ante la represión.

Desde la perspectiva estadounidense, este triángulo —Venezuela como plataforma, Irán como socio de confrontación, China como garante económico— configura algo más inquietante que un simple alineamiento político: se trata de una red de resistencia sistémica al orden liberal internacional. El crimen organizado sería uno de engranajes básico del sistema chavbista: financiación, control territorial, desestabilización indirecta.

Europa, mientras tanto, observa.

España ocupa una posición singular en esta historia. No solo por los lazos históricos y humanos con Venezuela, sino por la figura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, convertido durante años en el mediador permanente del chavismo. Su defensa del diálogo fue presentada como diplomacia responsable; sus críticos la interpretan hoy como una normalización de un régimen que evolucionaba hacia una estructura criminalizada.

Cuando el régimen con el que se dialoga aparece vinculado al narcotráfico, terrorismo, cooperación con Irán y dependencia estratégica de China, el papel del mediador deja de ser neutro. Se convierte en parte del relato. No por pruebas judiciales, sino por una cuestión más incómoda: la del juicio histórico.

El Partido Socialista español tampoco queda al margen. Aunque el Gobierno mantiene formalmente la posición europea, la cercanía ideológica y simbólica con el chavismo sitúa a España en una zona gris peligrosa. En un contexto en el que Estados Unidos redefine el conflicto como estructural y geopolítico, la ambigüedad empieza a percibirse como falta de claridad estratégica.

China observa esa ambigüedad con atención. Para Pekín, Europa no es un enemigo, sino un espacio de influencia blanda, de dudas, de divisiones internas. Cada silencio europeo ante Venezuela refuerza la idea de que el orden occidental ya no actúa como un bloque, sino como suma de intereses dispersos.

La pregunta final no es solo política ni jurídica. Es civilizatoria.

¿Qué ocurre cuando el narcotráfico, la geopolítica autoritaria y la tecnología de control convergen en un mismo Estado? ¿Qué ocurre cuando las potencias que desafían a Occidente ya no lo hacen con ejércitos, sino con rutas clandestinas, créditos opacos y alianzas invisibles?

La telaraña del narcoestado no se rompe de golpe. Se expande. Y en su expansión no solo atrapa a criminales o dictadores, sino también a quienes justificaron, mediaron o callaron.

Al final queda una escena: una sala en penumbra, mapas superpuestos, líneas que unen Caracas con Teherán y Pekín, nombres europeos anotados al margen. Y una certeza incómoda: esta ya no es una historia latinoamericana. Es una historia sobre el mundo que viene… y sobre quién estuvo dispuesto a mirarlo de frente.