La tensión comercial entre Estados Unidos y España ha dado un salto cualitativo tras el último comunicado de la Federal Maritime Commission (FMC), que mantiene abierta una investigación formal contra el Gobierno español por lo que considera prácticas portuarias restrictivas y discriminatorias hacia el comercio marítimo estadounidense. En una actualización publicada el 19 de diciembre, el regulador federal confirma que el procedimiento sigue activo y que podría desembocar en sanciones severas contra buques y navieras españolas, incluyendo multas millonarias y la posible prohibición de acceso a puertos de Estados Unidos.

La investigación, iniciada en 2024, se centra en decisiones adoptadas por las autoridades españolas que habrían impedido el atraque de determinados buques en puertos nacionales, entre ellos barcos con bandera estadounidense con destino a Israel. Según la FMC, la información recopilada hasta ahora apunta a que estas medidas han creado condiciones desfavorables para el transporte marítimo internacional y para los intereses comerciales de Estados Unidos, vulnerando los principios de reciprocidad y libre acceso portuario que rigen el comercio marítimo global.

El organismo norteamericano subraya que, de confirmarse estas prácticas, dispone de un amplio abanico de contramedidas legales. Entre ellas figuran la imposición de multas que pueden alcanzar los 2,3 millones de dólares por viaje, restricciones a la carga transportada por buques españoles e incluso la denegación de entrada a puertos estadounidenses a determinadas embarcaciones. De aplicarse, estas sanciones supondrían un golpe directo a las rutas transatlánticas y a la competitividad del sistema portuario español.

La FMC ha abierto además un proceso de consulta pública, invitando a navieras, operadores logísticos y actores del comercio internacional a aportar información sobre el impacto real de las políticas españolas en el tráfico marítimo. Estas aportaciones serán clave para decidir si el expediente se traduce en acciones punitivas concretas.

El trasfondo del conflicto tiene una clara dimensión geopolítica. Las decisiones portuarias cuestionadas estarían relacionadas con la negativa de España a permitir escalas de buques vinculados al transporte de mercancías con destino o procedencia de Israel, en el contexto del conflicto en Oriente Próximo. Para Washington, este tipo de restricciones no solo afectan a intereses comerciales directos, sino que sientan un precedente peligroso en el uso de infraestructuras portuarias con fines políticos.

Por el momento, ni el Gobierno del autócrata Pedro Sánchez ni las instituciones europeas han respondido oficialmente al comunicado de la FMC. Mientras tanto, el sector marítimo internacional sigue el caso con inquietud, consciente de que el desenlace podría redefinir las relaciones comerciales marítimas entre dos aliados estratégicos y abrir una nueva fase de fricciones entre Estados Unidos y varios países europeos en materia de comercio y política exterior.