El capricho socialista, arruinado
Casa Árabe, al borde del colapso financiero: el Tribunal de Cuentas alerta de una deriva crítica sostenida con fondos públicos
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El Tribunal de Cuentas ha emitido una de las advertencias más severas de los últimos años sobre un organismo de la Administración General del Estado. En su Informe de Fiscalización nº 1.656, aprobado el 18 de diciembre de 2025, el órgano constitucional sitúa al Consorcio Casa Árabe en una “situación financiera crítica” que compromete su viabilidad, tras constatar déficits reiterados, deficiencias graves de gestión y una alarmante falta de supervisión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) .
Los datos, que se corresponden con la gestión de Irene Lozano (socialista y biógrafa de Pedro Sánchez), son concluyentes: Casa Árabe cerró los ejercicios 2023 y 2024 con resultados negativos cercanos al millón de euros anual, una dinámica que viene siendo sostenida mediante el uso continuado del remanente de tesorería generado en los primeros años de la entidad. El problema, subraya el Tribunal, es que ese remanente tiene fecha de caducidad y podría agotarse antes de 2026, abocando al consorcio a una crisis irreversible si no se adoptan decisiones inmediatas.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar copias de los informes del Tribunal de Cuentas por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
Un instrumento público sin control ni dirección efectiva
Más allá del deterioro financiero, el informe dibuja un escenario institucional preocupante. El Tribunal de Cuentas constata que Casa Árabe carece de un sistema real de planificación estratégica, no define objetivos medibles, no dispone de indicadores eficaces de gestión y no conoce el coste real de sus actividades, al no contar con una contabilidad analítica funcional.
A ello se suma un hecho especialmente grave desde el punto de vista político-administrativo: el MAUC no ha ejercido el preceptivo control de eficacia sobre el consorcio, incumpliendo las obligaciones que le impone la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta ausencia de dirección y supervisión ha permitido que la entidad, mimada por los sucesivos gobierno socialistas, opere durante años sin una evaluación clara de su utilidad, eficiencia ni adecuación a los fines de la diplomacia pública española .
Actividades sin impacto acreditado y gasto difícilmente justificable
El Tribunal pone también en cuestión el propio modelo de actividad del consorcio. Pese a su misión declarada de proyectar la imagen de España en el mundo árabe, la mayoría de las actuaciones se desarrollan en territorio nacional, sin que se haya acreditado su impacto real en los países destinatarios. Esta desconexión entre fines institucionales y actividad efectiva refuerza la impresión de un organismo desorientado, costoso y escasamente evaluado.
Especialmente crítico es el análisis del Centro de Lengua Árabe, cuya actividad docente —de carácter estructuralmente deficitario— no puede considerarse un fin institucional prioritario, según el propio Tribunal, y cuyo mantenimiento debería ser replanteado a la luz de la situación económica del consorcio.
Contratación irregular y aumento del gasto de personal
El informe no elude tampoco las deficiencias en materia de legalidad. Se detecta un uso reiterado e irregular de contratos menores, sin justificación suficiente de su necesidad ni solicitud de las ofertas exigidas por la ley. Asimismo, el proceso de estabilización del personal docente ha derivado en un incremento significativo del gasto, contraviniendo el principio de contención y sin una planificación clara de necesidades reales.
Estas prácticas, advierte el Tribunal, no son meras irregularidades formales, sino síntomas de un sistema de control interno débil, incapaz de garantizar una gestión rigurosa de los fondos públicos.
Un edificio en deterioro y una decisión inaplazable
A la crisis financiera se suma un factor de riesgo adicional: el grave estado del edificio que alberga la sede de Casa Árabe en Madrid, con deficiencias estructurales que podrían exigir inversiones urgentes y millonarias. De afrontarse estas obras, el remanente de tesorería se agotaría aún más rápidamente, acelerando el colapso financiero del organismo .
Responsabilidad política y rendición de cuentas
El Tribunal de Cuentas no deja lugar a ambigüedades: las administraciones consorciadas deben tomar decisiones urgentes. O se redefine el modelo, se ajustan las actividades y se garantiza una financiación realista y transparente, o la continuidad de Casa Árabe carece de justificación desde el interés general.
En un contexto de exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, el caso de Casa Árabe plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿puede el Estado permitirse sostener indefinidamente un organismo deficitario, sin control efectivo y sin impacto acreditado, o ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas y administrativas?
El Tribunal de Cuentas ha emitido una de las advertencias más severas de los últimos años sobre un organismo de la Administración General del Estado. En su Informe de Fiscalización nº 1.656, aprobado el 18 de diciembre de 2025, el órgano constitucional sitúa al Consorcio Casa Árabe en una “situación financiera crítica” que compromete su viabilidad, tras constatar déficits reiterados, deficiencias graves de gestión y una alarmante falta de supervisión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) .
Los datos, que se corresponden con la gestión de Irene Lozano (socialista y biógrafa de Pedro Sánchez), son concluyentes: Casa Árabe cerró los ejercicios 2023 y 2024 con resultados negativos cercanos al millón de euros anual, una dinámica que viene siendo sostenida mediante el uso continuado del remanente de tesorería generado en los primeros años de la entidad. El problema, subraya el Tribunal, es que ese remanente tiene fecha de caducidad y podría agotarse antes de 2026, abocando al consorcio a una crisis irreversible si no se adoptan decisiones inmediatas.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar copias de los informes del Tribunal de Cuentas por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
Un instrumento público sin control ni dirección efectiva
Más allá del deterioro financiero, el informe dibuja un escenario institucional preocupante. El Tribunal de Cuentas constata que Casa Árabe carece de un sistema real de planificación estratégica, no define objetivos medibles, no dispone de indicadores eficaces de gestión y no conoce el coste real de sus actividades, al no contar con una contabilidad analítica funcional.
A ello se suma un hecho especialmente grave desde el punto de vista político-administrativo: el MAUC no ha ejercido el preceptivo control de eficacia sobre el consorcio, incumpliendo las obligaciones que le impone la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta ausencia de dirección y supervisión ha permitido que la entidad, mimada por los sucesivos gobierno socialistas, opere durante años sin una evaluación clara de su utilidad, eficiencia ni adecuación a los fines de la diplomacia pública española .
Actividades sin impacto acreditado y gasto difícilmente justificable
El Tribunal pone también en cuestión el propio modelo de actividad del consorcio. Pese a su misión declarada de proyectar la imagen de España en el mundo árabe, la mayoría de las actuaciones se desarrollan en territorio nacional, sin que se haya acreditado su impacto real en los países destinatarios. Esta desconexión entre fines institucionales y actividad efectiva refuerza la impresión de un organismo desorientado, costoso y escasamente evaluado.
Especialmente crítico es el análisis del Centro de Lengua Árabe, cuya actividad docente —de carácter estructuralmente deficitario— no puede considerarse un fin institucional prioritario, según el propio Tribunal, y cuyo mantenimiento debería ser replanteado a la luz de la situación económica del consorcio.
Contratación irregular y aumento del gasto de personal
El informe no elude tampoco las deficiencias en materia de legalidad. Se detecta un uso reiterado e irregular de contratos menores, sin justificación suficiente de su necesidad ni solicitud de las ofertas exigidas por la ley. Asimismo, el proceso de estabilización del personal docente ha derivado en un incremento significativo del gasto, contraviniendo el principio de contención y sin una planificación clara de necesidades reales.
Estas prácticas, advierte el Tribunal, no son meras irregularidades formales, sino síntomas de un sistema de control interno débil, incapaz de garantizar una gestión rigurosa de los fondos públicos.
Un edificio en deterioro y una decisión inaplazable
A la crisis financiera se suma un factor de riesgo adicional: el grave estado del edificio que alberga la sede de Casa Árabe en Madrid, con deficiencias estructurales que podrían exigir inversiones urgentes y millonarias. De afrontarse estas obras, el remanente de tesorería se agotaría aún más rápidamente, acelerando el colapso financiero del organismo .
Responsabilidad política y rendición de cuentas
El Tribunal de Cuentas no deja lugar a ambigüedades: las administraciones consorciadas deben tomar decisiones urgentes. O se redefine el modelo, se ajustan las actividades y se garantiza una financiación realista y transparente, o la continuidad de Casa Árabe carece de justificación desde el interés general.
En un contexto de exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, el caso de Casa Árabe plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿puede el Estado permitirse sostener indefinidamente un organismo deficitario, sin control efectivo y sin impacto acreditado, o ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas y administrativas?
