Minnesota: El saqueo somalí de los 300 millones de dólares
![[Img #29473]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/12_2025/5709_screenshot-2025-12-29-at-16-45-25-quality-learning-center-buscar-con-google.png)
En el letrero del edificio, la palabra está mal escrita: «Quality Learing Center». No «Learning», sino «Learing». Un error ortográfico de escuela primaria en una guardería que, según documentos oficiales, ha recibido cuatro millones de dólares del estado de Minnesota en los últimos años.
Cuando Nick Shirley, un periodista independiente con cámara al hombro, se acerca al edificio vacío de Nicollet Avenue en Minneapolis, una mujer sale a su encuentro. No hay presentaciones. Solo un grito desesperado hacia el interior: «¡No abran! ¡Es ICE!». Agentes de inmigración. La guardería, que debería estar rebosante de niños a media tarde, permanece silenciosa. No hay risas, no hay llantos, no hay juguetes. Solo silencio y un cartel mal escrito.
Bienvenidos a Minnesota, donde el fraude ha dejado de ser un delito de cuello blanco para convertirse en la munición de una batalla cultural que enfrenta a comunidades enteras, destroza carreras políticas y alimenta las razones para exigir deportaciones masivas de delincuentes.
El banquete fantasma
Todo comenzó con un nombre irónico: Feeding Our Future. Una organización sin fines de lucro que prometía alimentar a los niños más vulnerables de Minnesota durante la pandemia del Covid-19. El dinero federal llegaba en oleadas, generoso, urgente. Los niños tenían hambre, decían. Las familias sufrían, aseguraban. Los comedores estaban llenos, reportaban.
Mentían.
Entre 2020 y 2022, Feeding Our Future y sus sitios asociados desviaron al menos 250 millones de dólares en fondos federales. No fueron robos aislados, pequeñas mordidas al sistema. Fue un asalto industrial: inventaron comedores enteros, inflaron cifras de comidas servidas hasta volverlas absurdas, crearon estructuras fantasma que existían solo en el papel y en las cuentas bancarias de los estafadores.
Los fiscales federales lo describen como la mayor estafa en la historia de Estados Unidos. Más de 70 personas han sido acusadas. La mayoría —más del 90%— son de ascendencia somalí. La fundadora y presunta cabecilla, sin embargo, es una mujer blanca llamada Aimee Bock, condenada en marzo de 2025 tras un juicio federal que reveló la complejidad del entramado.
Mientras el dinero fluía, los acusados compraban Lamborghinis, mansiones en Estados Unidos, casas de playa en el extranjero. Algunos habrían transferido fondos directamente a Somalia. Las autoridades estadounidenses investigan si parte del botín terminó en manos de Al-Shabaab, el grupo terrorista afiliado a Al-Qaeda. Sin pruebas concluyentes aún, la sospecha basta para encender la mecha de la indignación.
La metástasis del fraude
Feeding Our Future era solo el primer capítulo. El fraude, descubrieron los investigadores, había metastizado a otros programas estatales con la misma lógica depredadora: reclamar servicios fantasma, cobrar millones, desaparecer en la burocracia.
Terapia para niños autistas: clínicas que crecieron como hongos en Minnesota. En 2018 había 41. Para 2024, 328. Casi todas de propiedad somalí. Los fiscales alegan que muchas empleaban adolescentes sin formación para ofrecer «terapias» inexistentes. Reclutaban a padres dentro de la comunidad somalí, les ayudaban a conseguir diagnósticos de autismo para sus hijos —algunos falsos— y en ocasiones les pagaban sobornos. Un solo caso documentó 14 millones de dólares en fraude. El cálculo total podría llegar a los miles de millones.
Programas de estabilización de vivienda: otros 100 millones de dólares evaporados. Los mismos nombres, las mismas estructuras, el mismo patrón.
Y las guarderías, como la del cartel mal escrito. El video de Nick Shirley se volvió viral en diciembre de 2025. En un solo día de investigación, él y su equipo afirman haber destapado más de 110 millones de dólares en fraude. «Guarderías» que reciben millones, pero donde nunca hay niños. Locales vacíos con violaciones documentadas por el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota: falta de registros de niños, materiales peligrosos al alcance de menores, incumplimientos sistemáticos.
Los fiscales federales han confirmado pérdidas cercanas a los 800 millones de dólares en tres esquemas principales. Pero algunos funcionarios hablan de cifras mucho más altas: más de 9.000 millones potenciales en 14 programas Medicaid desde 2018. Cuando el fiscal federal Joseph Thompson se pronunció, su advertencia fue escueta y escalofriante: el fraude podría superar los 1.000 millones de dólares.
Minnesota alberga la mayor comunidad somalí de Estados Unidos: unas 84.000 personas del total de 260.000 en todo el país viven en el área de Minneapolis-St. Paul. La inmensa mayoría son ciudadanos estadounidenses. El 58% nació en Estados Unidos; el 87% de los nacidos en el extranjero están naturalizados.
Son trabajadores, comerciantes, taxistas, enfermeros, maestros. Pero ahora, en los mercados somalíes de Minneapolis, el miedo se respira. Las multitudes están más dispersas de lo normal. Algunas tiendas permanecen cerradas. La gente lleva sus documentos de inmigración en los bolsillos, sus pasaportes en las carteras.
En diciembre de 2024, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó una operación contra inmigrantes somalíes indocumentados en Minneapolis y St. Paul. Agentes armados patrullaban las calles. Los residentes reportan detenciones. El alcalde, del izquierdista Partido Demócrata, firmó una orden ejecutiva prohibiendo que los agentes federales usasen estacionamientos municipales.
Una semana antes del Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump llamó a los somalíes de Minnesota «basura» y anunció que revocaría el Estatus de Protección Temporal para los residentes somalíes en el estado. «No los queremos en Estados Unidos», declaró. Calificó a Minnesota de «centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero» y un «agujero infernal» debido a los somalíes.
La congresista Ilhan Omar, la somalí más prominente de Minnesota, respondió con dureza en el programa «Face the Nation» de CBS: es injusto culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos. «Esto también afecta a los somalíes, porque también somos contribuyentes en Minnesota. Podríamos habernos beneficiado del programa y del dinero robado».
Pero la estigmatización ya ocurrió. Los líderes comunitarios denuncian que, aunque solo un pequeño grupo está implicado en los fraudes, se culpa colectivamente a más de 80.000 personas. Las narrativas sobre «delincuencia somalí» rugen en las redes. Se reciclan historias de pandillas juveniles de hace más de una década, se menciona a jóvenes somalíes radicalizados que intentaron viajar a Somalia para unirse a grupos terroristas. Ciertamente, la mayoría de los somalíes en Minnesota son respetuosos de la ley, trabajadores, profundamente patriotas. Pero en tiempos de histeria colectiva, los matices se evaporan.
El precio político
Tim Walz, el progresista gobernador demócrata de Minnesota y excandidato a vicepresidente en la fórmula con Kamala Harris en 2024, se encuentra en el ojo del huracán. Los republicanos lo acusan de negligencia criminal. Trump lo llama por su apodo despectivo: «Talibán Tim». El representante Tom Emmer, republicano de Minnesota, exige explicaciones.
«La gente puede centrarse en un grupo étnico si quiere, pero el verdadero problema es la falta de liderazgo y responsabilidad en el estado de Minnesota y en la administración de Tim. No se trataba de los somalíes, sino de la incompetencia del Gobierno y la falta de responsabilidad», declaró Emmer.
Un informe estatal reveló que los funcionarios de Minnesota detectaron señales tempranas de fraude antes de la pandemia, pero enfrentaron presión de Feeding Our Future para dejar de hacer preguntas. La organización acusó al estado de discriminación racial cuando los funcionarios comenzaron a investigar. La mayoría de los acusados son somalíes; la fundadora es blanca. La narrativa se complicó. Los funcionarios estatales, atrapados entre el miedo a parecer racistas y la responsabilidad de supervisar fondos públicos, dejaron que el monstruo creciera.
Walz promete ahora mano dura ahora. Pero el daño está hecho. El fraude de Minnesota ya es un tema central en la carrera por la gobernación de 2026. Los republicanos tienen su eslogan: «Incompetencia demócrata». Los demócratas responden: «Racismo republicano». Y en medio, una comunidad entera paga el precio de los crímenes de unos pocos.
El caso que no cierra
Han pasado casi tres años desde que estalló el caso de Feeding Our Future. Aimee Bock, la fundadora, fue condenada. Decenas de otros acusados han sido procesados. Algunos ya cumplieron sentencias. Otros esperan juicio. Pero el escándalo no termina de cerrarse.
En diciembre de 2025, un juez anuló un veredicto unánime de culpabilidad en uno de los casos de fraude somalí, provocando indignación entre conservadores que ven en la decisión judicial otra señal de un sistema corrupto que protege a los defraudadores.
Mientras tanto, las guarderías fantasma siguen apareciendo. Los videos virales continúan circulando. Los políticos republicanos los comparten, los comentan, los utilizan. Elon Musk publicó el video de Nick Shirley con una sola frase: «Procesen a @GovTimWalz».
El fraude de Minnesota es muchas cosas a la vez: un crimen masivo contra el erario público, un fracaso sistémico de supervisión gubernamental, una tragedia para los niños que realmente necesitaban esos recursos, y una bomba de relojería étnica y política que ha estallado en el peor momento posible.
Los culpables deben rendir cuentas. Los 250 millones robados —quizá muchos más— representan comidas que niños hambrientos nunca recibieron, terapias que niños autistas nunca obtuvieron, servicios de vivienda que familias vulnerables nunca tuvieron. El fraude no solo robó dinero; robó la esperanza y el futuro de miles de ciudadanos.
El cartel sigue ahí, en Nicollet Avenue. «Quality Learing Center». Mal escrito, vacío, silencioso. Un monumento a la codicia, la incompetencia y el daño colateral de la cacería de brujas. En Minnesota, el fraude de los 300 millones ha cobrado muchas víctimas. Y no todas están en los tribunales.
(*) Nota está basado en investigaciones federales, informes de medios de comunicación y documentos oficiales
En el letrero del edificio, la palabra está mal escrita: «Quality Learing Center». No «Learning», sino «Learing». Un error ortográfico de escuela primaria en una guardería que, según documentos oficiales, ha recibido cuatro millones de dólares del estado de Minnesota en los últimos años.
Cuando Nick Shirley, un periodista independiente con cámara al hombro, se acerca al edificio vacío de Nicollet Avenue en Minneapolis, una mujer sale a su encuentro. No hay presentaciones. Solo un grito desesperado hacia el interior: «¡No abran! ¡Es ICE!». Agentes de inmigración. La guardería, que debería estar rebosante de niños a media tarde, permanece silenciosa. No hay risas, no hay llantos, no hay juguetes. Solo silencio y un cartel mal escrito.
Bienvenidos a Minnesota, donde el fraude ha dejado de ser un delito de cuello blanco para convertirse en la munición de una batalla cultural que enfrenta a comunidades enteras, destroza carreras políticas y alimenta las razones para exigir deportaciones masivas de delincuentes.
El banquete fantasma
Todo comenzó con un nombre irónico: Feeding Our Future. Una organización sin fines de lucro que prometía alimentar a los niños más vulnerables de Minnesota durante la pandemia del Covid-19. El dinero federal llegaba en oleadas, generoso, urgente. Los niños tenían hambre, decían. Las familias sufrían, aseguraban. Los comedores estaban llenos, reportaban.
Mentían.
Entre 2020 y 2022, Feeding Our Future y sus sitios asociados desviaron al menos 250 millones de dólares en fondos federales. No fueron robos aislados, pequeñas mordidas al sistema. Fue un asalto industrial: inventaron comedores enteros, inflaron cifras de comidas servidas hasta volverlas absurdas, crearon estructuras fantasma que existían solo en el papel y en las cuentas bancarias de los estafadores.
Los fiscales federales lo describen como la mayor estafa en la historia de Estados Unidos. Más de 70 personas han sido acusadas. La mayoría —más del 90%— son de ascendencia somalí. La fundadora y presunta cabecilla, sin embargo, es una mujer blanca llamada Aimee Bock, condenada en marzo de 2025 tras un juicio federal que reveló la complejidad del entramado.
Mientras el dinero fluía, los acusados compraban Lamborghinis, mansiones en Estados Unidos, casas de playa en el extranjero. Algunos habrían transferido fondos directamente a Somalia. Las autoridades estadounidenses investigan si parte del botín terminó en manos de Al-Shabaab, el grupo terrorista afiliado a Al-Qaeda. Sin pruebas concluyentes aún, la sospecha basta para encender la mecha de la indignación.
La metástasis del fraude
Feeding Our Future era solo el primer capítulo. El fraude, descubrieron los investigadores, había metastizado a otros programas estatales con la misma lógica depredadora: reclamar servicios fantasma, cobrar millones, desaparecer en la burocracia.
Terapia para niños autistas: clínicas que crecieron como hongos en Minnesota. En 2018 había 41. Para 2024, 328. Casi todas de propiedad somalí. Los fiscales alegan que muchas empleaban adolescentes sin formación para ofrecer «terapias» inexistentes. Reclutaban a padres dentro de la comunidad somalí, les ayudaban a conseguir diagnósticos de autismo para sus hijos —algunos falsos— y en ocasiones les pagaban sobornos. Un solo caso documentó 14 millones de dólares en fraude. El cálculo total podría llegar a los miles de millones.
Programas de estabilización de vivienda: otros 100 millones de dólares evaporados. Los mismos nombres, las mismas estructuras, el mismo patrón.
Y las guarderías, como la del cartel mal escrito. El video de Nick Shirley se volvió viral en diciembre de 2025. En un solo día de investigación, él y su equipo afirman haber destapado más de 110 millones de dólares en fraude. «Guarderías» que reciben millones, pero donde nunca hay niños. Locales vacíos con violaciones documentadas por el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota: falta de registros de niños, materiales peligrosos al alcance de menores, incumplimientos sistemáticos.
Los fiscales federales han confirmado pérdidas cercanas a los 800 millones de dólares en tres esquemas principales. Pero algunos funcionarios hablan de cifras mucho más altas: más de 9.000 millones potenciales en 14 programas Medicaid desde 2018. Cuando el fiscal federal Joseph Thompson se pronunció, su advertencia fue escueta y escalofriante: el fraude podría superar los 1.000 millones de dólares.
Minnesota alberga la mayor comunidad somalí de Estados Unidos: unas 84.000 personas del total de 260.000 en todo el país viven en el área de Minneapolis-St. Paul. La inmensa mayoría son ciudadanos estadounidenses. El 58% nació en Estados Unidos; el 87% de los nacidos en el extranjero están naturalizados.
Son trabajadores, comerciantes, taxistas, enfermeros, maestros. Pero ahora, en los mercados somalíes de Minneapolis, el miedo se respira. Las multitudes están más dispersas de lo normal. Algunas tiendas permanecen cerradas. La gente lleva sus documentos de inmigración en los bolsillos, sus pasaportes en las carteras.
En diciembre de 2024, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó una operación contra inmigrantes somalíes indocumentados en Minneapolis y St. Paul. Agentes armados patrullaban las calles. Los residentes reportan detenciones. El alcalde, del izquierdista Partido Demócrata, firmó una orden ejecutiva prohibiendo que los agentes federales usasen estacionamientos municipales.
Una semana antes del Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump llamó a los somalíes de Minnesota «basura» y anunció que revocaría el Estatus de Protección Temporal para los residentes somalíes en el estado. «No los queremos en Estados Unidos», declaró. Calificó a Minnesota de «centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero» y un «agujero infernal» debido a los somalíes.
La congresista Ilhan Omar, la somalí más prominente de Minnesota, respondió con dureza en el programa «Face the Nation» de CBS: es injusto culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos. «Esto también afecta a los somalíes, porque también somos contribuyentes en Minnesota. Podríamos habernos beneficiado del programa y del dinero robado».
Pero la estigmatización ya ocurrió. Los líderes comunitarios denuncian que, aunque solo un pequeño grupo está implicado en los fraudes, se culpa colectivamente a más de 80.000 personas. Las narrativas sobre «delincuencia somalí» rugen en las redes. Se reciclan historias de pandillas juveniles de hace más de una década, se menciona a jóvenes somalíes radicalizados que intentaron viajar a Somalia para unirse a grupos terroristas. Ciertamente, la mayoría de los somalíes en Minnesota son respetuosos de la ley, trabajadores, profundamente patriotas. Pero en tiempos de histeria colectiva, los matices se evaporan.
El precio político
Tim Walz, el progresista gobernador demócrata de Minnesota y excandidato a vicepresidente en la fórmula con Kamala Harris en 2024, se encuentra en el ojo del huracán. Los republicanos lo acusan de negligencia criminal. Trump lo llama por su apodo despectivo: «Talibán Tim». El representante Tom Emmer, republicano de Minnesota, exige explicaciones.
«La gente puede centrarse en un grupo étnico si quiere, pero el verdadero problema es la falta de liderazgo y responsabilidad en el estado de Minnesota y en la administración de Tim. No se trataba de los somalíes, sino de la incompetencia del Gobierno y la falta de responsabilidad», declaró Emmer.
Un informe estatal reveló que los funcionarios de Minnesota detectaron señales tempranas de fraude antes de la pandemia, pero enfrentaron presión de Feeding Our Future para dejar de hacer preguntas. La organización acusó al estado de discriminación racial cuando los funcionarios comenzaron a investigar. La mayoría de los acusados son somalíes; la fundadora es blanca. La narrativa se complicó. Los funcionarios estatales, atrapados entre el miedo a parecer racistas y la responsabilidad de supervisar fondos públicos, dejaron que el monstruo creciera.
Walz promete ahora mano dura ahora. Pero el daño está hecho. El fraude de Minnesota ya es un tema central en la carrera por la gobernación de 2026. Los republicanos tienen su eslogan: «Incompetencia demócrata». Los demócratas responden: «Racismo republicano». Y en medio, una comunidad entera paga el precio de los crímenes de unos pocos.
El caso que no cierra
Han pasado casi tres años desde que estalló el caso de Feeding Our Future. Aimee Bock, la fundadora, fue condenada. Decenas de otros acusados han sido procesados. Algunos ya cumplieron sentencias. Otros esperan juicio. Pero el escándalo no termina de cerrarse.
En diciembre de 2025, un juez anuló un veredicto unánime de culpabilidad en uno de los casos de fraude somalí, provocando indignación entre conservadores que ven en la decisión judicial otra señal de un sistema corrupto que protege a los defraudadores.
Mientras tanto, las guarderías fantasma siguen apareciendo. Los videos virales continúan circulando. Los políticos republicanos los comparten, los comentan, los utilizan. Elon Musk publicó el video de Nick Shirley con una sola frase: «Procesen a @GovTimWalz».
El fraude de Minnesota es muchas cosas a la vez: un crimen masivo contra el erario público, un fracaso sistémico de supervisión gubernamental, una tragedia para los niños que realmente necesitaban esos recursos, y una bomba de relojería étnica y política que ha estallado en el peor momento posible.
Los culpables deben rendir cuentas. Los 250 millones robados —quizá muchos más— representan comidas que niños hambrientos nunca recibieron, terapias que niños autistas nunca obtuvieron, servicios de vivienda que familias vulnerables nunca tuvieron. El fraude no solo robó dinero; robó la esperanza y el futuro de miles de ciudadanos.
El cartel sigue ahí, en Nicollet Avenue. «Quality Learing Center». Mal escrito, vacío, silencioso. Un monumento a la codicia, la incompetencia y el daño colateral de la cacería de brujas. En Minnesota, el fraude de los 300 millones ha cobrado muchas víctimas. Y no todas están en los tribunales.
(*) Nota está basado en investigaciones federales, informes de medios de comunicación y documentos oficiales
