La eventual retirada de Nicolás Maduro del poder no puede entenderse como un “golpe”, una “injerencia” o una “anomalía histórica”, sino como lo que realmente es: el final tardío de una usurpación.

Maduro no es un presidente legítimo. Es el heredero designado de un régimen que convirtió la democracia venezolana en una ficción electoral, donde las urnas existen pero el poder real ya está decidido de antemano. Desde hace años, su permanencia en el Palacio de Miraflores se sostiene no sobre el consentimiento popular, sino sobre la represión, el control institucional y el miedo.

No es una acusación retórica: el régimen venezolano ha sido señalado reiteradamente por su connivencia estructural con el narcotráfico internacional. El llamado Cartel de los Soles —una red donde altos mandos militares y políticos actúan como facilitadores del tráfico de cocaína— no es un mito conspirativo, sino una realidad documentada por agencias judiciales y de inteligencia.

Maduro no solo miró hacia otro lado. Gobernó apoyándose en esa simbiosis criminal, convirtiendo al Estado en un engranaje más del negocio ilícito. Cuando un gobierno se financia, se protege y se perpetúa mediante el crimen organizado, deja de ser un actor político y pasa a ser una estructura mafiosa con bandera nacional.

El proyecto de Maduro nunca fue solo nacional. Siguiendo la estela chavista, el régimen venezolano ha trabajado activamente para financiar, influir y promover movimientos revolucionarios de corte comunista en otros países, especialmente en Occidente.

España —no nos engañemos— ha sido, a través del PSOE y de Podemos, uno de esos laboratorios de influencia: financiación opaca, asesorías ideológicas, redes de afinidad política y una narrativa que blanqueaba al régimen mientras Venezuela se hundía en la miseria. Todo ello envuelto en un falso y repugnante discurso “antifascista” que servía de coartada moral para justificar lo injustificable.

En Venezuela no hay separación de poderes. No hay justicia independiente. No hay prensa libre. No hay elecciones limpias. Hay inhabilitaciones arbitrarias, opositores encarcelados o exiliados, medios de comunicación cerrados y un Consejo Electoral al servicio del poder.

Hablar de “presidencia” en el caso de Maduro es una concesión semántica. Lo correcto es hablar de ocupación del poder. De un gobierno que amañó elecciones, vació de contenido el sufragio y anuló cualquier posibilidad real de alternancia.

La retirada de Maduro —por la vía que sea— no es un ataque a la soberanía venezolana. Es, precisamente, la única posibilidad de que esa soberanía vuelva algún día a existir.

Ningún país es libre cuando su Presidente:

• trafica con drogas o protege a quienes lo hacen,

• reprime sistemáticamente a su población,

• falsea elecciones,

• exporta inestabilidad ideológica y política,

• y se sostiene gracias a alianzas con potencias autoritarias.

La salida de Maduro no garantiza la reconstrucción de Venezuela, pero su permanencia sí garantizaba su ruina perpetua.

Durante años, muchos años, en Occidente prefirieron mirar hacia otro lado. Se nos dijo que Maduro era “problemático, pero legítimo”; “autoritario, pero elegido”; “corrupto, pero antiimperialista”. Ese relato se ha desmoronado.

No hay nada progresista en matar de hambre a un país.
No hay nada democrático en amañar elecciones.
No hay nada soberano en convertir el Estado en un narcolaboratorio político.

Nicolás Maduro no cae por ser incómodo, sino por ser ilegítimo. Y cuando un régimen ilegítimo se derrumba, no estamos ante una tragedia histórica, sino ante una corrección moral largamente aplazada.