La retirada forzada de Nicolás Maduro del poder —ya sea mediante captura, evacuación o neutralización política— abre uno de los escenarios geopolíticos más delicados del hemisferio occidental desde la invasión estadounidense de Panamá en 1989. No se trata únicamente del fin de un régimen autoritario, sino de la alteración abrupta de un ecosistema político-criminal que llevaba más de una década funcionando como un nodo clave del desorden global.

Conviene, por tanto, separar el juicio moral —legítimo— del análisis estratégico, que exige frialdad, distancia y una lectura sistémica.

En las primeras horas posteriores al anuncio del presidente Donald Trump, el elemento dominante es la incertidumbre. La información fluye de manera asimétrica, las confirmaciones son parciales y los actores implicados construyen relatos incompatibles. Este fenómeno, clásico en operaciones de alta intensidad política, no es accesorio: quien controle el relato inicial condiciona la legitimidad posterior.

Si la captura o salida de Maduro es demostrable, verificable y jurídicamente encuadrada, Washington ganará margen de maniobra. Si, por el contrario, la situación permanece ambigua —o se percibe como un acto unilateral de fuerza sin cobertura legal clara—, el coste diplomático crecerá exponencialmente, incluso entre aliados.

Desde el punto de vista del derecho internacional, la operación —si se confirma en los términos anunciados— choca frontalmente con el principio de no intervención y respeto a la soberanía estatal. Las excepciones a ese principio son extremadamente limitadas: autodefensa inmediata, mandato del Consejo de Seguridad o consentimiento del Estado afectado.

Estados Unidos puede intentar justificar la acción como una operación de aplicación de la ley internacional contra un dirigente acusado de delitos transnacionales (narcotráfico, crimen organizado, terrorismo), pero ese marco sigue siendo jurídicamente frágil. La comunidad internacional tiende a aceptar ese razonamiento solo cuando existe una amenaza directa e inminente claramente demostrable.

Aquí surge una tensión fundamental: cuando un Estado se convierte en una estructura criminal, el derecho internacional clásico se queda corto. El caso venezolano pone a prueba ese límite.

La salida de Maduro no implica automáticamente la caída del chavismo ni, mucho menos, la estabilización de Venezuela. El régimen no es un hombre, sino una red de intereses militares, económicos, ideológicos y criminales.

El factor decisivo será la cohesión de las Fuerzas Armadas y de los aparatos de inteligencia. Si estos cuerpos permanecen unidos y perciben la operación como una agresión externa, el régimen puede mutar sin colapsar, cerrando filas en torno a una narrativa de resistencia nacional. Si, por el contrario, aparecen fracturas —deserciones, negociaciones discretas, pugnas internas—, el país puede entrar en una fase de fragmentación peligrosa, con múltiples centros de poder de facto.

En ese escenario, el riesgo no es solo político, sino humanitario y securitario.

Para la región, el caso venezolano es incómodo. Incluso gobiernos abiertamente críticos con Maduro temen el precedente: una potencia extrarregional capturando a un jefe de Estado en ejercicio sin mandato multilateral.

Esto explica la división previsible:

• condena firme desde gobiernos que priorizan el principio de no intervención,

• alivio tácito o apoyo explícito desde ejecutivos anti-chavistas,

• y una amplia franja de ambigüedad diplomática que pedirá desescalada, diálogo y mediación.

A corto plazo, el mayor impacto regional puede venir por otra vía: una nueva ola migratoria, si la situación interna venezolana entra en fase de caos o represión intensificada.

Las potencias alineadas con Caracas interpretarán el episodio como una demostración de fuerza estadounidense y lo utilizarán como argumento contra el “orden liberal”. Rusia e Irán reforzarán la narrativa de agresión imperial; Cuba intentará preservar su influencia en los aparatos de seguridad venezolanos.

China, más pragmática, observará con frialdad: su prioridad no es ideológica, sino estabilidad, deuda e inversiones. Pekín podría adaptarse rápidamente a un nuevo poder si este garantiza continuidad económica.

El régimen venezolano no fue simplemente tolerante con el narcotráfico: lo integró estructuralmente en el Estado. Rutas aéreas, puertos, documentación oficial, protección militar y diplomática: Venezuela funcionó como plataforma logística clave para el tráfico de cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Europa y África Occidental.

En este marco, la salida de Maduro puede tener dos efectos opuestos:

1) A corto plazo, riesgo de desorden criminal.
La caída de un “árbitro” mafioso central suele generar luchas entre facciones, aumento de violencia y reconfiguración de rutas. Los carteles no desaparecen: se adaptan. Nuevos actores —locales o extranjeros— intentarán ocupar el espacio.

2) A medio y largo plazo, oportunidad histórica.
Si emerge un gobierno con apoyo internacional, control territorial y voluntad real de cooperación judicial, Venezuela podría dejar de ser un santuario criminal. Esto no erradicaría el narcotráfico, pero rompería uno de sus nodos estatales más importantes, obligando a las redes a asumir mayores costes y riesgos.

La clave será si la comunidad internacional apuesta por reconstrucción institucional real o se limita a un cambio de caras. Sin jueces independientes, fuerzas de seguridad depuradas y cooperación transnacional efectiva, el narco simplemente cambiará de socio.

La retirada de Maduro no es, por sí sola, una solución. Es una interrupción. Una corrección brusca de una anomalía histórica: la normalización de un narco-Estado ideologizado en el corazón de América Latina.

El riesgo es enorme: escalada, fragmentación, violencia, crisis migratoria. Pero también lo era la alternativa: perpetuar indefinidamente un régimen criminal bajo la ficción de la soberanía.

El verdadero juicio no se hará sobre cómo cayó Maduro, sino sobre qué se construye después. Y, sobre todo, sobre si el mundo es capaz de aceptar una verdad incómoda: que a veces la estabilidad aparente es solo crimen organizado con himno y bandera oficial.