La Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA) ha centrado una investigación internacional en el seguimiento de fondos y cuentas bancarias supuestamente vinculados al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y al régimen de Nicolás Maduro, en un caso que ha reavivado las tensiones políticas entre Washington y actores europeos. 

Según fuentes citadas por medios españoles y estadounidenses, agentes de la DEA estarían colaborando con autoridades financieras y judiciales en Europa —incluido el Banco de España y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en España— para rastrear movimientos financieros que, presuntamente, tendrían origen en Caracas y estarían canalizados a través de sociedades pantalla y jurisdicciones offshore. 

La investigación, de carácter transnacional, se concentra en la identificación de cuentas secretas y transferencias internacionales relacionadas con consultorías, fundaciones y estructuras opacas, que según los primeros indicios estarían conectadas tanto a pagos presuntamente efectuados por empresas públicas venezolanas como a operaciones en países como Suiza, Panamá, Andorra, Portugal y España. 

Fuentes citadas en los reportes aseguran que la DEA ha realizado un cruce de información con supervisores financieros europeos para trazar las rutas de los fondos y localizar montos específicos en bancos de varias jurisdicciones. Hasta ahora, no se ha presentado ninguna acusación formal en tribunales estadounidenses o españoles, pero el caso ha generado un intenso escrutinio mediático y político.

Mientras tanto, desde España no ha habido confirmación oficial de las autoridades judiciales o del propio Banco de España sobre la existencia de una acción coordinada, y las agencias contactadas por medios independientes han evitado pronunciarse públicamente sobre el asunto. 

La investigación corre paralela a la detención de Nicolás Maduro por parte del Ejécito norteamericano. En años recientes, la DEA y el Departamento del Tesoro han perseguido a individuos y entidades vinculadas al chavismo como parte de esfuerzos más amplios para desarticular estructuras de lavado de dinero y operaciones ilícitas en el exterior.

El caso ha generado debates en España sobre la relación histórica de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen narcoterrorista de Caracas, donde durante años actuó como "mediador" entre el Gobierno venezolano y la oposición política, una postura que siempre generó controversia dentro del espectro político español. La posibilidad de que asuntos financieros estén siendo revisados por agencias extranjeras añade una nueva dimensión a ese debate. 

Hasta el momento, Zapatero no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la investigación ni ha confirmado o negado los hechos, y la situación sigue en desarrollo mientras las autoridades internacionales continúan recopilando información y analizando los posibles nexos financieros implicados. 

En este marco, al otro lado del Atlántico, en España, el colectivo Hazte Oír también ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro. En concreto, esta asociación atribuye a Zapatero delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según informa Hazte Oír, la iniciativa se ha tomado tras acceder al «indictment» (escrito de acusación) y «tras semanas de trabajo jurídico» analizando vías legales en Estados Unidos, con el fin de trasladar a España los elementos relevantes para la investigación y persecución de posibles responsabilidades penales. La Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos al ser Zapatero ciudadano español. Además de su declaración como querellado, el colectivo pide como medida cautelarísima que se le impongan comparecencias semanales, se le retire el pasaporte y se le prohíba salir de España. Solicita también la declaración como testigos del exministro Ábalos, de su asesor Koldo García y de Víctor de Aldama. «Lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí. Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final», señalan desde Hazte Oír. La organización recuerda que el mismo día en que se conoció la operación contra Maduro ya anunció públicamente la preparación de una batería de acciones judiciales contra Zapatero por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano, y subraya que esta querella es la primera de esas iniciativas.

A su juicio, la actuación del querellado no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido «de forma decisiva» a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro. Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora «deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes».

Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha denunciado a Rodríguez Zapatero y al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ante la Embajada de Estados Unidos por «dar cobertura» a dos altos cargos del chavismo acusados de torturas. Se trata, dicen, del antiguo director de la Agencia Venezolana de Inteligencia, Miguel Rodríguez Torres y la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, ambos residentes en Madrid como asilados políticos. Manos Limpias recuerda que la Audiencia Nacional tiene abierto un procedimiento penal contra ambos a raíz de una querella instada por Urvex (Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio) y el propio sindicato de funcionarios.