La apertura de diligencias previas por parte de la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no es un gesto menor: es la reafirmación de un principio que toda democracia digna de tal nombre debe sostener con firmeza. La Justicia española ha considerado procedente analizar una querella que apunta a la presunta colaboración del socialista Zapatero con la estructura criminal del régimen corrupto de Nicolás Maduro, hoy enfrentado a graves cargos penales en Estados Unidos por narcotráfico y crímenes conexos.

La investigación judicial abierta por su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro no es una condena, ni un juicio político, ni una revancha ideológica. Es, sencillamente, el ejercicio normal de un Estado de Derecho que se niega a blindar a quienes han ocupado las más altas responsabilidades públicas cuando existen indicios que merecen ser examinados con rigor.

Durante casi veinte años, Rodríguez Zapatero ha desempeñado un papel protagonista —y polémico— como interlocutor privilegiado del chavismo. Un papel que ha sido cuestionado no solo por la oposición política española, sino por amplios sectores de la oposición democrática venezolana y por analistas internacionales que han denunciado la utilización de esa mediación como coartada de legitimación internacional de un régimen acusado de corrupción sistémica, represión política y vínculos con el crimen organizado. Investigar si esa relación traspasó la frontera de lo político hacia lo penal no es un exceso: es una obligación institucional, por mucho que moleste al PSOE y al Gobierno indecente del no menos indecente Pedro Sánchez.

Resulta preocupante que, ante la mera apertura de diligencias, algunas voces se apresuren a descalificar la investigación, a cuestionar al juez o a presentar al investigado como víctima de una persecución. Ese reflejo defensivo no protege la democracia: la erosiona. La verdadera anomalía no es que se investigue a un expresidente, sino que durante demasiado tiempo ciertos comportamientos queden fuera de toda fiscalización por razones de estatus o afinidad ideológica.

La Audiencia Nacional no está juzgando; está preguntando. Y preguntar es la esencia misma de la Justicia. Pedir explicaciones no debilita las instituciones: las fortalece. Lo que sí las debilita es el mensaje implícito de que hay trayectorias políticas, siempre socialistas, inmunes al escrutinio judicial, incluso cuando se relacionan con regímenes señalados internacionalmente por prácticas criminales.

España no puede permitirse zonas de sombra en un momento en el que la credibilidad de las democracias occidentales está bajo presión. La transparencia no es negociable. Tampoco lo es la igualdad ante la ley. Si la investigación concluye que no hubo conducta delictiva, Zapatero habrá sido exonerado por el cauce que corresponde. Si no, la Justicia deberá actuar con todas las consecuencias.

Defender la investigación no es atacar a una persona. Es defender un principio: que el poder no exonera de responsabilidad. Y ese principio —tan básico como frágil— es el que desde La Tribuna del País Vasco consideramos irrenunciable.