Fuentes internas de la Oficina Económica del Gobierno autonómico han desvelado a La Tribuna del País Vasco las dificultades que tiene el ejecutivo que preside el nacionalista Iñigo Urkullu para hacer frente al pago de diferentes partidas ya aprobadas en sede parlamentaria. A pesar de que se insiste en la “solvencia” del andamiaje autonómico vasco, el hecho es que muchas partidas económicas dirigidas a la ciudadanía y al tejido empresarial se encuentran bloqueadas desde hace varios meses. Sin embargo, tal y como ha venido revelando este periódico, los entes públicos y privados implicados en la “normalización del euskera” no han tenido ningún problema en recibir puntualmente los miles de millones de euros destinados a tal efecto por Lakua.

Según ha podido confirmar La Tribuna del País Vasco, una de las áreas más afectadas por los problemas de liquidez del Gobierno de Vitoria es la relacionada con el empleo y la aplicación de las políticas activas para paliar el paro. A pesar de que la tasa de desempleo registrada en la Comunidad Autónoma Vasca supera el 15 por ciento de la población activa –más de 4 puntos por encima de la media de la Eurozona- y roza el 43% entre los menores de 25 años, los proyectos de creación de empleo y mejora de la cualificación de trabajadores y desempleados se encuentran prácticamente paralizados.

Varios cargos del servicio vasco de empleo, Lanbide, han explicado a este diario digital que el ente público todavía no ha recibido el dinero necesario para poner en marcha los diferentes planes de formación dirigidos a los trabajadores desocupados. A pesar de estar aprobados por el ejecutivo peneuvista, muchas empresas del sector han decidido comenzar a ejecutar estos proyectos sin haber recibido los anticipos necesarios.

Según relatan estos cargos, “todos los días recibimos llamadas de directivos de empresas del sector que nos describen cómo tienen sus centros colapsados de personas desempleadas que desean formarse y no encuentran cursos a los que poder inscribirse. Debido a esta situación, los responsables de muchos centros han optado por iniciar los planes formativos a pesar de que las primeras partidas económicas todavía no han llegado”.

Los numerosos recortes llevados a cabo por el Gobierno vasco en las políticas activas de empleo y la lentitud en cobrar de Lanbide los servicios externalizados prestados, han llevado al cierre de numerosas empresas del sector de la formación. El último más sonado fue el de Asimag, la firma más grande del sector a nivel regional, que cerró en la primavera de 2014 y supuso la pérdida de varios centenares de puestos de trabajo.

Al igual que la formación ocupacional para desempleados se encuentra paralizada por la falta de liquidez, el malestar entre las empresas es creciente debido al retraso de varios meses por parte de Hobetuz en iniciar la convocatoria de formación continua para este ejercicio. Uno de los responsables de esta fundación tripartita que gestiona los fondos aportados por empresas y trabajadores vascos para la formación continua ha revelado a La Tribuna del País Vasco que la entidad se encuentra “completamente paralizada” ya que la Oficina Económica del Gobierno Vasco no realiza el pago correspondiente, a pesar de que el patronato que dirige Hobetuz ha resuelto las solicitudes recibidas por parte de las empresas.

Este retraso supone un perjuicio notable para las empresas vascas que ven cómo se reduce el periodo de ejecución de su formación continua. Fuentes empresariales han relatado a este medio que es “vergonzoso” que, mientras el Lehendakari pontifica sobre la “modélica sociedad vasca”, las empresas no pueden recuperar parcialmente a través de la convocatoria de Hobetuz el dinero previamente recaudado por las Haciendas forales para la realización de sus planes formativos.

Los empresarios también critican que el ejecutivo de Iñigo Urkullu se haya convertido en el Gobierno que más ha reducido los fondos destinados a la formación continua de trabajadores “a pesar de sus proclamas sociales en los medios amigos”. En la última convocatoria de Hobetuz, el Gobierno vasco apenas concedió 20 millones de euros a tal efecto, lo que supone una inversión en cualificación profesional de menos de 20 euros por cada trabajador del País Vasco, cantidad muy alejada de la gastada de promedio por el resto de autonomías españolas y de los países miembros de la Eurozona.