Vox denuncia a Zapatero ante la Fiscalía por presunta colaboración con la banda terrorista ETA y revelación de secretos
Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuye presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
Según ha informado el partido liderado por Santiago Abascal, la denuncia se fundamenta en el contenido de diversas actas internas de la banda terrorista ETA y en documentación anexa, en las que se describen supuestos contactos y negociaciones reservadas entre el Ejecutivo presidido por Zapatero y la organización terrorista. Estos documentos harían referencia a la participación de mediadores y a compromisos gubernamentales transmitidos a la banda como “gestos” o garantías dentro del proceso negociador.
De acuerdo con Vox, y según recoge El Debate, de dichas actas se desprenden actuaciones como la adopción de decisiones orientadas a facilitar el escenario de negociación —entre ellas, el apartamiento de un fiscal—, la supuesta promesa de no practicar detenciones de comandos durante un periodo de alto el fuego, intentos de frenar actuaciones policiales y judiciales, así como posibles filtraciones de información reservada sobre operaciones de las fuerzas de seguridad, incluidas aquellas en las que habrían intervenido autoridades francesas. También se alude a la propuesta de vías de financiación indirecta a través de estructuras internacionales, hechos que, según el partido denunciante, constituirían una grave desviación del deber institucional de perseguir delitos y una cooperación material con la organización terrorista.
En su escrito, Vox solicita al Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación para esclarecer el alcance de los hechos. Entre las medidas reclamadas figuran la toma de declaración al expresidente del Gobierno, la incorporación de las actas y documentación asociada —que, según la formación, se encontrarían bajo secreto judicial, en el Ministerio del Interior, en los denominados “papeles de Francia” y en la Fundación Henry Dunant, con sede en Suiza—, así como la elaboración de un informe pericial de inteligencia que analice la autenticidad de los documentos y su posible correlación con hechos reales.
Hay que erecordar que en julio de 2019, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz inadmitió otra querella presentada por Vox contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
La querella sostenía que Zapatero, entre 2005 y 2007, era conocedor de que ETA estaba fabricando explosivos, mantuvo negociaciones con la misma y le proporcionó información reservada, ofreciéndole influir en el Estado francés. También denunciaba que informó al mediador de que Francia preparaba un importante golpe contra la banda y que, dentro de la negociación, se comprometió a no realizar detenciones.
En un auto, Pedraz hizo suyos los argumentos de la Fiscalía contrarios a la admisión de la querella y señaló que “es de todo punto obvio que los hechos denunciados estimados como delictivos, aparte de no tener sustento probatorio alguno, sin verosimilitud y fundamentación alguna, no constituyen delito alguno”.
Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuye presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
Según ha informado el partido liderado por Santiago Abascal, la denuncia se fundamenta en el contenido de diversas actas internas de la banda terrorista ETA y en documentación anexa, en las que se describen supuestos contactos y negociaciones reservadas entre el Ejecutivo presidido por Zapatero y la organización terrorista. Estos documentos harían referencia a la participación de mediadores y a compromisos gubernamentales transmitidos a la banda como “gestos” o garantías dentro del proceso negociador.
De acuerdo con Vox, y según recoge El Debate, de dichas actas se desprenden actuaciones como la adopción de decisiones orientadas a facilitar el escenario de negociación —entre ellas, el apartamiento de un fiscal—, la supuesta promesa de no practicar detenciones de comandos durante un periodo de alto el fuego, intentos de frenar actuaciones policiales y judiciales, así como posibles filtraciones de información reservada sobre operaciones de las fuerzas de seguridad, incluidas aquellas en las que habrían intervenido autoridades francesas. También se alude a la propuesta de vías de financiación indirecta a través de estructuras internacionales, hechos que, según el partido denunciante, constituirían una grave desviación del deber institucional de perseguir delitos y una cooperación material con la organización terrorista.
En su escrito, Vox solicita al Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación para esclarecer el alcance de los hechos. Entre las medidas reclamadas figuran la toma de declaración al expresidente del Gobierno, la incorporación de las actas y documentación asociada —que, según la formación, se encontrarían bajo secreto judicial, en el Ministerio del Interior, en los denominados “papeles de Francia” y en la Fundación Henry Dunant, con sede en Suiza—, así como la elaboración de un informe pericial de inteligencia que analice la autenticidad de los documentos y su posible correlación con hechos reales.
Hay que erecordar que en julio de 2019, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz inadmitió otra querella presentada por Vox contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
La querella sostenía que Zapatero, entre 2005 y 2007, era conocedor de que ETA estaba fabricando explosivos, mantuvo negociaciones con la misma y le proporcionó información reservada, ofreciéndole influir en el Estado francés. También denunciaba que informó al mediador de que Francia preparaba un importante golpe contra la banda y que, dentro de la negociación, se comprometió a no realizar detenciones.
En un auto, Pedraz hizo suyos los argumentos de la Fiscalía contrarios a la admisión de la querella y señaló que “es de todo punto obvio que los hechos denunciados estimados como delictivos, aparte de no tener sustento probatorio alguno, sin verosimilitud y fundamentación alguna, no constituyen delito alguno”.









