A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores españoles estarán obligados a llevar una baliza V16 conectada. El dispositivo sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y enviará automáticamente la posición del vehículo detenido a la Dirección General de Tráfico.

Lo que no se ha explicado con la misma claridad es quién está realmente detrás de buena parte de esas balizas… ni por qué una empresa casi desconocida aparece de forma reiterada en los certificados oficiales.

Un nombre que se repite: Limburg Technology Limited

En los documentos de homologación de numerosos modelos V16 publicados por la Dirección General de Tráfico, el mismo nombre aparece una y otra vez: Limburg Technology Limited. No como marca visible para el consumidor. No como fabricante en muchos casos. Sino como “solicitante” de la homologación.

En la letra pequeña de esos certificados se repite un patrón preocupante:

• Limburg figura como solicitante.

• El fabricante real es una empresa china, normalmente radicada en la provincia de Zhejiang.

• El producto final se vende en España bajo marcas distintas, con precios y envoltorios diferentes.

Para el conductor medio, parece que existe competencia. En realidad, muchas balizas podrían proceder del mismo origen industrial, canalizadas a través de un intermediario común.

El efecto “marca blanca”: muchas balizas, un solo cerebro

Expertos en certificación industrial consultados por distintos medios lo definen como un sistema de homologación en cascada:
una empresa actúa como paraguas legal y técnico para que decenas de marcas comercialicen dispositivos prácticamente idénticos.

El resultado:

• El consumidor cree elegir, pero no siempre sabe qué compra.

• El mercado aparenta diversidad, pero está altamente concentrado.

• La trazabilidad real del producto se diluye entre marcas, certificados y fabricantes lejanos.

El factor más inquietante: balizas localizables

La polémica estalló cuando investigadores independientes demostraron que, con herramientas accesibles, era posible visualizar en mapas la ubicación de balizas V16 activadas.
Es decir: vehículos detenidos, averiados o accidentados, localizados en tiempo real.

La Agencia Española de Protección de Datos ha salido al paso asegurando que:

• La baliza no transmite nada si no está activada.

• No se envían datos personales, solo coordenadas y un identificador técnico.

Pero la pregunta ya está sobre la mesa y nadie la ha respondido con contundencia: ¿Quién controla realmente el ecosistema tecnológico que recibe, procesa y redistribuye esas señales?

Infraestructura crítica… fabricada fuera

El sistema V16 no es un gadget. Es una infraestructura de seguridad vial nacional, integrada en la plataforma digital de tráfico, diseñada para operar en emergencias reales.

Y, sin embargo:

• Buena parte del hardware se fabrica en China.

• La intermediación legal se apoya en una sociedad extranjera.

• El ciudadano no tiene visibilidad clara sobre la cadena tecnológica completa.

No se trata solo de privacidad. Se trata de confianza, soberanía tecnológica y control.

Silencio institucional y obligación legal

La paradoja final es demoledora: el conductor español no podrá negarse. En 2026, o lleva una baliza V16 conectada homologada, o será sancionado. 

pero, mientras tanto:

• No hay una explicación pública detallada del papel de intermediarios como Limburg.

• No existe una auditoría tecnológica accesible al ciudadano.

• La responsabilidad se diluye entre fabricantes, solicitantes, marcas y plataformas.

La pregunta que queda en el aire

Cuando un dispositivo es obligatorio por ley, conectado, geolocalizado y gestionado por una red tecnológica opaca, la cuestión deja de ser técnica y pasa a ser política: ¿Quién vigila realmente a la baliza que nos vigila? Porque millones de conductores españoles están encendiendo un pequeño destello naranja… sin saber muy bien quién está mirando al otro lado.