La baliza obligatoria: cuando la DGT socialista confunde seguridad vial con control y obediencia tecnológica
Hay proyectos públicos que nacen torcidos no por mala intención, sino por soberbia institucional. El de la baliza V16 conectada obligatoria es uno de ellos.
Desde hace unos días, millones de conductores españoles están legalmente forzados a portar un dispositivo conectado, geolocalizable y dependiente de una infraestructura digital que no controlan, diseñado, certificado y producido a través de una cadena opaca que la Dirección General de Tráfico, en manos de los sátrapas socialistas, no ha explicado con la transparencia mínima exigible en una democracia madura.
Y ese es el verdadero problema: no la tecnología, sino las formas.
La DGT ha impuesto la obligatoriedad antes de generar confianza. Ha legislado antes de informar. Ha exigido obediencia y ha amenazado con multar antes de rendir cuentas.
Se nos dice que es por seguridad vial. Siempre es por seguridad. También lo eran los triángulos. Y nadie los convirtió en un sistema conectado permanente.
Aquí no hablamos de un simple dispositivo escasamente luminoso. Hablamos de un sistema tecnológico nacional, enlazado a plataformas digitales, operadores de telecomunicaciones, fabricantes extranjeros y certificados gestionados por intermediarios que el ciudadano medio jamás ha oído nombrar.
El conductor compra una baliza con una marca española o europea. Pero en los certificados oficiales aparece otra realidad:
- Fabricación en China.
- Homologaciones tramitadas por sociedades extranjeras.
- Reetiquetado masivo bajo decenas de marcas.
Todo legal, sí. Pero radicalmente opaco.
La DGT socialista no ha considerado necesario explicar por qué una infraestructura crítica de seguridad vial depende de este impenetrable entramado. Ni ha publicado una auditoría técnica comprensible. Ni ha abierto un debate público previo.
Se limita a repetir un mantra burocrático: “está homologado”. ¿Homologado por quién? Como si la homologación sustituyera a la responsabilidad política.
El dispositivo no transmite si no se activa. No guarda datos personales. No crea historiales. Eso dice la letra técnica. Pero la cuestión no es solo qué hace hoy, sino qué permite mañana.
Porque una vez que normalizas que el Estado obligue por ley a portar tecnología conectada, el debate ya no es vial, es cívico.
La baliza V16 inaugura un precedente peligroso: la normalización de la conectividad obligatoria como condición para circular.
Hoy es una emergencia. Mañana será otra “mejora”. Pasado mañana, una actualización.
Y todo sin un debate parlamentario serio, sin control independiente visible y sin posibilidad real de objeción.
El mensaje implícito del proyecto es demoledor: el conductor no es un adulto responsable, sino un sujeto que debe ser perseguido, guiado, monitorizado y conectado por defecto.
La DGT no trata a los ciudadanos como socios de una política pública, sino como fuentes recaudatorias cautivas de un sistema cerrado, impuesto desde arriba, blindado por normativa y protegido por un lenguaje técnico que excluye deliberadamente a la sociedad civil.
No hay opción alternativa.
No hay neutralidad tecnológica.
No hay libertad de elección.
Eso no es modernización. Esto es un nuevo totalitarismo circulatorio y administrativo envuelto en un infame LED naranja.
Nadie discute que la seguridad vial sea importante.
Lo que se discute es el método.
Un Estado democrático serio: explica antes de imponer, audita antes de obligar, escucha antes de legislar y asume que no todo lo técnicamente posible es políticamente legítimo.
La baliza V16 conectada no es solo un dispositivo. Es un símbolo de cómo el Gobierno tiránico de Pedro Sánchez está tomando decisiones tecnológicas clave: sin debate, sin pedagogía y sin respeto por la inteligencia del ciudadano.
Cuando una tecnología es obligatoria por ley, conectada por diseño, opaca en su cadena industrial y defendida con argumentos condescendientes, la pregunta ya no es si mejora la seguridad vial. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿Quién decidió que este era el modelo… y por qué nadie permitió discutirlo? Porque una democracia no se mide solo por lo que protege, sino por cómo protege sin infantilizar, vigilar ni imponer en silencio.
Hay proyectos públicos que nacen torcidos no por mala intención, sino por soberbia institucional. El de la baliza V16 conectada obligatoria es uno de ellos.
Desde hace unos días, millones de conductores españoles están legalmente forzados a portar un dispositivo conectado, geolocalizable y dependiente de una infraestructura digital que no controlan, diseñado, certificado y producido a través de una cadena opaca que la Dirección General de Tráfico, en manos de los sátrapas socialistas, no ha explicado con la transparencia mínima exigible en una democracia madura.
Y ese es el verdadero problema: no la tecnología, sino las formas.
La DGT ha impuesto la obligatoriedad antes de generar confianza. Ha legislado antes de informar. Ha exigido obediencia y ha amenazado con multar antes de rendir cuentas.
Se nos dice que es por seguridad vial. Siempre es por seguridad. También lo eran los triángulos. Y nadie los convirtió en un sistema conectado permanente.
Aquí no hablamos de un simple dispositivo escasamente luminoso. Hablamos de un sistema tecnológico nacional, enlazado a plataformas digitales, operadores de telecomunicaciones, fabricantes extranjeros y certificados gestionados por intermediarios que el ciudadano medio jamás ha oído nombrar.
El conductor compra una baliza con una marca española o europea. Pero en los certificados oficiales aparece otra realidad:
- Fabricación en China.
- Homologaciones tramitadas por sociedades extranjeras.
- Reetiquetado masivo bajo decenas de marcas.
Todo legal, sí. Pero radicalmente opaco.
La DGT socialista no ha considerado necesario explicar por qué una infraestructura crítica de seguridad vial depende de este impenetrable entramado. Ni ha publicado una auditoría técnica comprensible. Ni ha abierto un debate público previo.
Se limita a repetir un mantra burocrático: “está homologado”. ¿Homologado por quién? Como si la homologación sustituyera a la responsabilidad política.
El dispositivo no transmite si no se activa. No guarda datos personales. No crea historiales. Eso dice la letra técnica. Pero la cuestión no es solo qué hace hoy, sino qué permite mañana.
Porque una vez que normalizas que el Estado obligue por ley a portar tecnología conectada, el debate ya no es vial, es cívico.
La baliza V16 inaugura un precedente peligroso: la normalización de la conectividad obligatoria como condición para circular.
Hoy es una emergencia. Mañana será otra “mejora”. Pasado mañana, una actualización.
Y todo sin un debate parlamentario serio, sin control independiente visible y sin posibilidad real de objeción.
El mensaje implícito del proyecto es demoledor: el conductor no es un adulto responsable, sino un sujeto que debe ser perseguido, guiado, monitorizado y conectado por defecto.
La DGT no trata a los ciudadanos como socios de una política pública, sino como fuentes recaudatorias cautivas de un sistema cerrado, impuesto desde arriba, blindado por normativa y protegido por un lenguaje técnico que excluye deliberadamente a la sociedad civil.
No hay opción alternativa.
No hay neutralidad tecnológica.
No hay libertad de elección.
Eso no es modernización. Esto es un nuevo totalitarismo circulatorio y administrativo envuelto en un infame LED naranja.
Nadie discute que la seguridad vial sea importante.
Lo que se discute es el método.
Un Estado democrático serio: explica antes de imponer, audita antes de obligar, escucha antes de legislar y asume que no todo lo técnicamente posible es políticamente legítimo.
La baliza V16 conectada no es solo un dispositivo. Es un símbolo de cómo el Gobierno tiránico de Pedro Sánchez está tomando decisiones tecnológicas clave: sin debate, sin pedagogía y sin respeto por la inteligencia del ciudadano.
Cuando una tecnología es obligatoria por ley, conectada por diseño, opaca en su cadena industrial y defendida con argumentos condescendientes, la pregunta ya no es si mejora la seguridad vial. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿Quién decidió que este era el modelo… y por qué nadie permitió discutirlo? Porque una democracia no se mide solo por lo que protege, sino por cómo protege sin infantilizar, vigilar ni imponer en silencio.
