Según estimaciones recientes, el gasto público en abortos en España, incluyendo derivaciones a clínicas privadas, ha sido en los últimos 5 años de 150 millones  entre las diversas CCAA, destacando la Comunidad de Madrid con 8,7 millones de euros pagados en los dos últimos años por 41.453 abortos. El aborto es una prestación sanitaria incluida en el sistema público, por lo que es sin coste para la mujer (y también para el hombre, que se libra igualmente de responsabilidades y pagos por sus momentos de placer) y que se convierte en una obligación para los que pagan a través de sus impuestos.

En EE.UU., la enmienda Hyde, aprobada en 1976, es una disposición legislativa que prohíbe el uso de fondos federales para pagar abortos, excepto en casos de peligro para la vida de la madre o de violación. Se trata de que el dinero del contribuyente no se utilice para eliminar a los aun no nacidos, que están ahí como resultado de un acto voluntario. Y se trata de que personas que están radicalmente en contra de la destrucción de una vida no estén obligadas a financiar la matanza. Esta enmienda que ha estado vigente durante todas las administraciones americanas, desde hace 50 años que se promulgó, se está discutiendo en estos momentos en la cámara de representantes. La semana pasada, en pronta respuesta a las negociaciones sobre la legislación de atención médica en relación a dicha enmienda, y ante la sugerencia del presidente Donald Trump de que “habría que ser un poco flexibles”, el Consejo de Investigación familiar se apresuró a contestar sobre la importancia de Hyde para separar el dinero de los contribuyentes de los procedimientos moralmente objetables. “El aborto y la mutilación de género no son atención médica”. “No podemos ser flexibles a la hora de proteger a los contribuyentes de verse obligados a financiar el negocio del aborto y de la mutilación de género”.

En España estas discusiones no se plantean. Parece que nos es indiferente que el dinero de nuestros impuestos se utilice para lo que quieran los diversos gobiernos “de progreso” que se suceden, sea o no moralmente objetable, como lo es la eliminación de inocentes. Sí o sí estamos todos obligados a pagar sin que ningún partido plantee, ni menos la iglesia, nada al respecto. Es lo que se llama “democracia”. Nada de rebeliones contra el impuesto para la muerte, aquí todos somos muy “civilizados”. Unos tienen derechos –inhumanos–, y otros tienen obligaciones. Unos pagan y otros se aprovechan. En todo caso son quienes aplauden y empujan a estas prácticas inmorales quienes se las tendrían que subvencionar,  creando asociaciones “solidarias” y destinando directamente una parte de su sueldo a tal fin. La objeción de conciencia ni se discute. Se contempla para los médicos, pero no para los “paganos”. Aunque ciertamente también se quiere acabar con la de los médicos.

Por supuesto, como decíamos, ningún partido se plantea la inmoralidad o no del destino de nuestros impuestos. Para eso estamos en democracia, donde los partidos votados definen quiénes tienen derechos y quiénes tienen obligaciones y, una vez votados, pueden hacer lo que quieran con nuestro voto y nuestro dinero, aunque sea lo contrario de lo que prometieron en campaña. Todo se puede hacer en nombre de los “derechos” –aunque lo cierto es que los derechos son subjetivos e impuestos, en muchos casos, por minorías que controlan la propaganda.