Quisiera comenzar expresando mi más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas en los accidentes ferroviarios ocurridos durante esta semana tan trágica. Una semana que contrasta de forma dramática con las declaraciones realizadas tiempo atrás por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cuando afirmó que el ferrocarril atravesaba el mejor momento de su historia. Ya ven ustedes que no.

Lo que llama poderosamente la atención es cómo, para este Gobierno, la responsabilidad política parece inexistente cuando los problemas se producen en los ámbitos que gestiona directamente. Aunque pudiera parecer baladí, lo cierto es que este tipo de responsabilidad, que es muy distinta de la responsabilidad penal, es un elemento esencial de las democracias consolidadas, y esto los políticos deberían tenerlo en cuenta. Cuando una institución falla, alguien debe asumir responsabilidades.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, España ha atravesado situaciones de especial gravedad: una pandemia gestionada de forma muy controvertida, apagones eléctricos, problemas estructurales en servicios esenciales (véase, por ejemplo, la huelga de los médicos) y casos de corrupción que apuntan directamente al entorno del Gobierno central. Sin embargo, en ninguno de estos episodios se han asumido directamente responsabilidades políticas por parte del presidente ni de su equipo. Seguro que alguien dirá que Koldo, Cerdán o Ábalos dimitieron. Hombre, solo faltaba.

Resulta especialmente significativo recordar cómo, tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, desde el propio Ejecutivo central se apeló públicamente a la dimisión del presidente autonómico. Una dimisión que finalmente se produjo y que fue ampliamente aplaudida como un gesto de responsabilidad política y de respeto a la ciudadanía. Ese episodio demuestra que la responsabilidad política no solo es posible, sino necesaria como símbolo de respeto y compromiso con la población.

Sin embargo, ese mismo principio parece desaparecer cuando los errores o las crisis afectan al Gobierno central. Ante un apagón, se desvía la atención hacia la oposición. Ante una crisis sanitaria mal gestionada, se señalan culpables ajenos, incluso llegando al insulto institucional hacia responsables autonómicos, como recordemos las calificaciones públicas dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con los fallecidos en las residencias.

Y ahora, tras los recientes accidentes ferroviarios —precedidos por meses de incidencias—, no se produce ninguna dimisión ni asunción de responsabilidad política. Más aún, el presidente del Gobierno comparece sin aceptar preguntas de los periodistas. Muy democrático, sí señor.

El resultado de todo ello es una creciente percepción de impunidad política, profundamente dañina para la confianza de los ciudadanos, que cada vez están más cansados de este Gobierno.

En un Estado social y democrático de Derecho, como en el que estamos, la capacidad de las instituciones para funcionar correctamente, asumir errores y mantener la confianza de los ciudadanos se consigue asumiendo los acontecimientos ocurridos, afrontándolos con transparencia y dejando que el pueblo se pronuncie.

Se trata de una actitud ética y profesional que fortalece la imagen de cualquier gobierno. Y esto Pedro Sánchez lo tendría que saber, más que nada porque él lo exigió así en el año 2017 a Mariano Rajoy ante los casos de corrupción que asolaron al PP, añadiendo que “le llegó la hora de elegir entre el interés de España o su interés particular, y por decencia piense en el país y dimita como presidente del Gobierno”. Si entonces la responsabilidad política era irrenunciable, cabe preguntarse por qué no lo es ahora, tras sucesivas crisis y escándalos que afectan al actual Ejecutivo.

Persistir en esta actitud no solo erosiona la legitimidad democrática, sino que también debilita el Estado social y democrático de Derecho que tanto costó construir. Y ese es un precio demasiado alto para un Estado que aspira a seguir siendo democrático.