Un informe promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez propone adaptar normas educativas para proteger el velo islámico y acusa de islamofobia a quienes lo cuestionan.
El Gobierno socialista legitima y blanquea el uso del velo islámico en las aulas
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El Gobierno de España, a través del Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad), ha impulsado y financiado un estudio oficial que plantea un cambio profundo en la forma en que el Estado aborda el uso del velo islámico —hiyab— en el sistema educativo. El informe no solo denuncia supuestos casos de discriminación hacia alumnas musulmanas que portan esta prenda religiosa, sino que va más allá: propone que las instituciones educativas se adapten activamente para garantizar su presencia, cuestionando normas internas, criterios de laicidad y prácticas docentes vigentes en numerosos centros públicos.
El documento, elaborado por el Grupo de Análisis sobre Islam en Europa (GRAIS) de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que cualquier limitación al uso del hiyab en escuelas e institutos constituye una vulneración de derechos fundamentales, y define estas restricciones como expresiones de “islamofobia de género”. Desde esta premisa, el informe plantea que la neutralidad institucional —tradicionalmente vinculada al principio de aconfesionalidad del Estado— se habría convertido en una herramienta “punitiva” contra las jóvenes musulmanas.
Uno de los elementos más controvertidos del estudio es su reinterpretación del concepto de laicidad. Según el texto, la prohibición de símbolos religiosos visibles en centros educativos no respondería a un principio de neutralidad, sino a un “pánico moral” importado del modelo francés, considerado por los autores como una desviación ideológica. De este modo, el informe cuestiona abiertamente la legitimidad de reglamentos internos que impiden cubrirse la cabeza en el aula, aun cuando estos no estén formulados con referencias religiosas explícitas.
El estudio recoge supuestos testimonios de 26 mujeres y analiza 73 casos, a partir de los cuales concluye que la escuela pública española sufre un problema estructural de discriminación hacia alumnas musulmanas visibles. Sin embargo, no incorpora datos cuantitativos globales, ni estudios comparativos con otros símbolos religiosos o culturales, ni análisis del impacto que estas prácticas puedan tener sobre la convivencia, la igualdad entre sexos o la protección de menores frente a posibles presiones comunitarias o familiares.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del documento por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
Más aún, el informe propone una batería de medidas que implican una intervención directa del Estado en la gestión ideológica del sistema educativo: revisión obligatoria de reglamentos internos, formación específica del profesorado en “islamofobia de género”, protocolos de detección de actitudes críticas con el hiyab y campañas públicas de sensibilización. Todo ello bajo el paraguas de políticas antirracistas y de igualdad.
Llama especialmente la atención que el documento asuma como punto de partida que el hiyab es siempre una elección libre y personal, descartando de plano cualquier análisis crítico sobre su dimensión religiosa, cultural o patriarcal en determinados contextos. De hecho, el informe considera problemáticas —e incluso discriminatorias— las posiciones feministas que interpretan el velo como un símbolo de subordinación, calificándolas de “feminismo salvacionista”.
Aunque el propio Instituto de las Mujeres incluye una cláusula de descargo señalando que no se responsabiliza de las opiniones expresadas en el estudio, el hecho de que este documento haya sido financiado, editado y difundido oficialmente por un organismo público plantea interrogantes de fondo. Entre ellos, si el Estado está pasando de garantizar la libertad religiosa a promover activamente prácticas religiosas concretas, y si esta promoción es compatible con los principios de igualdad, neutralidad y protección del menor que rigen el sistema educativo.
El informe no solo describe una realidad: marca una dirección política. Una dirección que, bajo el lenguaje de los derechos y la inclusión, reabre un debate de gran calado sobre el papel del Estado ante símbolos religiosos, la autonomía de los centros educativos y los límites entre libertad individual, ideología y espacio público.
Hoy mismo, el Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha recibido una denuncia pública firmada por más de una treintena de organizaciones feministas y mujeres a título individual por financiar este estudio. Las firmantes critican que el documento "desplace el debate" y convierta en discriminación "cualquier cuestionamiento" del velo en el ámbito educativo. "Lejos de promover la igualdad, refuerza discursos y prácticas que discriminan a las mujeres y niñas", dice la carta de protesta, que ha sido enviada directamente a Cristina Hernández Martín, directora del instituto.
Las denunciantes insisten por su parte en que su carta no va contra ninguna niña ni mujer en particular, sino contra las instituciones públicas que "legitiman prácticas que vulneran la igualdad". Sin cortapisas, estas mujeres insisten en que "no es negociable" el velo, y añaden: ni bajo el pretexto del relativismo cultural ni religioso.
El Gobierno de España, a través del Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad), ha impulsado y financiado un estudio oficial que plantea un cambio profundo en la forma en que el Estado aborda el uso del velo islámico —hiyab— en el sistema educativo. El informe no solo denuncia supuestos casos de discriminación hacia alumnas musulmanas que portan esta prenda religiosa, sino que va más allá: propone que las instituciones educativas se adapten activamente para garantizar su presencia, cuestionando normas internas, criterios de laicidad y prácticas docentes vigentes en numerosos centros públicos.
El documento, elaborado por el Grupo de Análisis sobre Islam en Europa (GRAIS) de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que cualquier limitación al uso del hiyab en escuelas e institutos constituye una vulneración de derechos fundamentales, y define estas restricciones como expresiones de “islamofobia de género”. Desde esta premisa, el informe plantea que la neutralidad institucional —tradicionalmente vinculada al principio de aconfesionalidad del Estado— se habría convertido en una herramienta “punitiva” contra las jóvenes musulmanas.
Uno de los elementos más controvertidos del estudio es su reinterpretación del concepto de laicidad. Según el texto, la prohibición de símbolos religiosos visibles en centros educativos no respondería a un principio de neutralidad, sino a un “pánico moral” importado del modelo francés, considerado por los autores como una desviación ideológica. De este modo, el informe cuestiona abiertamente la legitimidad de reglamentos internos que impiden cubrirse la cabeza en el aula, aun cuando estos no estén formulados con referencias religiosas explícitas.
El estudio recoge supuestos testimonios de 26 mujeres y analiza 73 casos, a partir de los cuales concluye que la escuela pública española sufre un problema estructural de discriminación hacia alumnas musulmanas visibles. Sin embargo, no incorpora datos cuantitativos globales, ni estudios comparativos con otros símbolos religiosos o culturales, ni análisis del impacto que estas prácticas puedan tener sobre la convivencia, la igualdad entre sexos o la protección de menores frente a posibles presiones comunitarias o familiares.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del documento por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
Más aún, el informe propone una batería de medidas que implican una intervención directa del Estado en la gestión ideológica del sistema educativo: revisión obligatoria de reglamentos internos, formación específica del profesorado en “islamofobia de género”, protocolos de detección de actitudes críticas con el hiyab y campañas públicas de sensibilización. Todo ello bajo el paraguas de políticas antirracistas y de igualdad.
Llama especialmente la atención que el documento asuma como punto de partida que el hiyab es siempre una elección libre y personal, descartando de plano cualquier análisis crítico sobre su dimensión religiosa, cultural o patriarcal en determinados contextos. De hecho, el informe considera problemáticas —e incluso discriminatorias— las posiciones feministas que interpretan el velo como un símbolo de subordinación, calificándolas de “feminismo salvacionista”.
Aunque el propio Instituto de las Mujeres incluye una cláusula de descargo señalando que no se responsabiliza de las opiniones expresadas en el estudio, el hecho de que este documento haya sido financiado, editado y difundido oficialmente por un organismo público plantea interrogantes de fondo. Entre ellos, si el Estado está pasando de garantizar la libertad religiosa a promover activamente prácticas religiosas concretas, y si esta promoción es compatible con los principios de igualdad, neutralidad y protección del menor que rigen el sistema educativo.
El informe no solo describe una realidad: marca una dirección política. Una dirección que, bajo el lenguaje de los derechos y la inclusión, reabre un debate de gran calado sobre el papel del Estado ante símbolos religiosos, la autonomía de los centros educativos y los límites entre libertad individual, ideología y espacio público.
Hoy mismo, el Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha recibido una denuncia pública firmada por más de una treintena de organizaciones feministas y mujeres a título individual por financiar este estudio. Las firmantes critican que el documento "desplace el debate" y convierta en discriminación "cualquier cuestionamiento" del velo en el ámbito educativo. "Lejos de promover la igualdad, refuerza discursos y prácticas que discriminan a las mujeres y niñas", dice la carta de protesta, que ha sido enviada directamente a Cristina Hernández Martín, directora del instituto.
Las denunciantes insisten por su parte en que su carta no va contra ninguna niña ni mujer en particular, sino contra las instituciones públicas que "legitiman prácticas que vulneran la igualdad". Sin cortapisas, estas mujeres insisten en que "no es negociable" el velo, y añaden: ni bajo el pretexto del relativismo cultural ni religioso.
